En la mañana del 23 de abril, el excanciller Álvaro Leyva expuso una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, en la que indicó que en un viaje a Francia habría identificado un problema de drogadicción del mandatario, lo que ha generado una polémica nacional.
“La ocasión en que usted se desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe dónde había estado”, es parte del documento.
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Como respuesta, el presidente indicó que en París visitó a su familia y aseguró que los señalamientos de Leyva eran una nueva estrategia de persecución en su contra.
“Se me volvió pecado estar con mi familia. Por vivir varios de mis hijos y mi madre en el extranjero, por la persecución que sufrimos, tengo muy pocas oportunidades de verla. No creí que ese hecho desatara suspicacias atroces en personas a las que les he dado la mano”, escribió Gustavo Petro en su cuenta de X.
Varios congresistas han pedido que el presidente Gustavo Petro se someta a exámenes médicos que confirmen o descarten el uso de drogas por parte del mandatario.
En diálogo con Infobae Colombia, Juan Nicolás Garzón, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, indicó que lo más probable es que la oposición busque dictar una causal de falta por parte del presidente, que se establece en el artículo 194 de la Constitución Política de Colombia.
“Son faltas absolutas del Presidente de la República, su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, declarados estos dos últimos por el Senado”, es parte del artículo.
De la misma forma, citó el artículo 326 para recordar cómo sería el proceso al que podrían acceder los congresistas que están en contra del mandatario.
“Del Presidente de la República. Los informes médicos y el cuadro sintomático certificado, autorizan al senado para declarar en estado de incapacidad física permanente al Presidente de la República. La certificación médica, al igual que la exigida en el caso del Vicepresidente de la República (artículo 26), deberá ser expedida por tres (3) facultativos de la más alta calidad científica designados, cada uno en su orden, por la Academia de Medicina, la Federación Médica y el Tribunal de Ética Médica”, se lee en la Constitución Nacional.
A nivel de análisis, Garzón indicó que no cree que se registren los exámenes que ha pedido la oposición, por lo que indicó que se trata más de una presión política.
“Siento que es complejo o casi inviable que el presidente sea sometido a un test que confirme el consumo de una sustancia. Si bien se pueden aludir que hay disposiciones legales que permiten esa instancia, lo cierto es que esa posibilidad es remota, más por temas políticos que legales”.
Sin embargo, el experto indicó que en caso de que se compruebe que el mandatario ha consumido alucinógenos, aseguró que esto comprometería la percepción general sobre las capacidades de este para seguir en la presidencia.
“Si eventualmente se llegara a comprobar que el presidente da un resultado positivo, va a comprometer las capacidades que tiene el presidente para seguir ejerciendo sus funciones”.
Por último, Garzón explicó que este escenario será aprovechado por el presidente Gustavo Petro y sus opositores, ya que el país está nuevamente polarizado en un tema de poca relevancia para el futuro de la nación.
“Este es un nuevo capítulo y oportunidad para la oposición de cuestionar las capacidades del presidente, eso va a hacer el caballo de batalla para criticar al Gobierno nacional. El presidente también lo va a capitalizar para decir que hay enemigos internos que buscan desprestigiarlo. Vamos a terminar en el mismo escenario”.
