El pasado 1° de agosto, un grupo de doce importantes empresas argentinas de distintos sectores publicó un artículo en The Washington Post. Lo titularon The Argentine Dream y allí describieron los profundos cambios económicos iniciados por el gobierno de Javier Milei, trazando un escenario esperanzador para los próximos años. La reacción local fue de un llamativo y generalizado silencio.
Los medios recogieron el hecho, pero no generó análisis ni debates relevantes, incluso entre los habituales observadores de la política y la economía local. Tampoco pareció despertar interés que firmas como Roemmers, Don Mario, Mirgor o Elea participaran de una iniciativa internacional de esa magnitud.
Tal vez esta señal sea el puntapié para que el empresariado comience a ocupar un rol más activo en el debate económico nacional, del que hoy está notoriamente ausente. Existe consenso, incluso entre empresarios con posturas divergentes frente al Gobierno, sobre la necesidad de avanzar con las reformas estructurales -previsional, tributaria y laboral-. Pero esa coincidencia convive con una inercia preocupante: todos parecen olvidar los múltiples obstáculos institucionales y sociales que impiden avanzar en ese sentido.
La pasividad del empresariado, de la academia y de lo que sobrevive del sistema político constituye un freno más, y no menor, para construir los consensos sociales que el país necesita si quiere transformar en realidad ese “sueño argentino”. La sociedad civil parece haber delegado completamente en el Gobierno la tarea de revisar las reglas de funcionamiento del país. Aunque reconoce su urgencia, prefiere no involucrarse. El Gobierno discute, el resto asiste en silencio.
No hay think tanks empresariales con capacidad técnica para generar propuestas o ser interlocutores de los actores involucrados. Tampoco desde la academia, mayoritariamente financiada con fondos públicos, han surgido aportes significativos. Son escasos -y preliminares- los desarrollos que provienen de los miles de científicos sociales que integran el Conicet o trabajan en universidades nacionales. Y eso que todos, en documentos detallados, coinciden en la necesidad de reformas profundas. Pero sobre el cómo y el cuándo llevarlas a cabo, el silencio domina. Nadie se “moja los pies” ni asume el costo de aportar en cuestiones tan sensibles como indispensables.
El Gobierno intenta avanzar con cambios parciales, que muchas veces son neutralizados por la Justicia o por el Poder Legislativo, sin que se escuchen voces relevantes desde otros sectores. Cuando la oposición aprovecha el consenso social en torno a estos temas para intentar desarticular el equilibrio fiscal, el veto presidencial se vuelve la única herramienta disponible.
El oficialismo apuesta a fortalecer su presencia en el Congreso en las próximas elecciones. No tiene muchas más alternativas. La capacidad técnica de la administración pública que heredó es extremadamente limitada. Buena parte del personal calificado del Estado Nacional se fue retirando en las últimas dos décadas, a medida que fue reemplazado por cuadros militantes sin formación. El gobierno de Cambiemos intentó revertir esa tendencia, incorporando equipos profesionales en áreas clave. Muchos de ellos fueron desplazados en 2019 y ahora algunos han sido reincorporados por el actual gobierno en áreas como Economía, Seguridad y Desregulación Económica.
Las reformas estructurales que la Argentina necesita para generar empleo e inversión sostenibles, y así reducir la pobreza de manera duradera, no pueden seguir postergándose. Pero no hay transformación posible sin una sociedad civil comprometida. Empresarios, académicos, profesionales y partidos políticos deben participar activamente en el diseño, discusión y ejecución de los cambios necesarios.
Se trata de construir propuestas, promover debates y discutir su implementación en el marco de un programa económico que ha demostrado ser exitoso y ha construido un escenario inmejorable como para seguir avanzando. Quizás, The Argentine Dream sea una convocatoria para sumar apoyos y acelerar los tiempos.
Analista político y magister en filosofía de la economía