La redada más letal de las fuerzas de seguridad brasileñas en la historia de Río de Janeiro, lanzada contra la organización criminal Comando Vermelho (CV), ya dejó al menos 119 muertos, según las autoridades, y una ciudad paralizada por las escenas de guerra y la fila de cadáveres que lloraron los vecinos de las favelas donde se realizó el operativo.
Mientras el gobernador del estado, el bolsonarista Claudio Castro, festejó la acción como un “éxito”, diferentes organizaciones sociales denunciaron posibles actos de tortura y signos de ejecuciones por parte de la policía. El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, por su parte, dijo estar “conmocionado” por la cantidad de muertos, según señaló el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski.
A poco menos de un año para unas elecciones presidenciales en el país, que parece serán disputadas entre una extrema derecha aliada del expresidente condenado Jair Bolsonaro y el actual mandatario de Brasil, el especialista en seguridad brasileño Thiago Rodrigues, especialista en seguridad pública y profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, opina en diálogo con LA NACION que justamente los motivos electorales estuvieron detrás de semejante operativo. “Esto es un intento de proyectar poder y buscar popularidad entre el grupo más de derecha o de ultraderecha en el estado”, dice, sobre la decisión de Castro. Sin embargo, considera que «la operación se salió de control» y que, de hecho, puede beneficiar a Lula.

-¿Qué llevó al gobierno estatal a realizar una operación de esta magnitud en este momento y en qué se diferencia de intervenciones anteriores?
-Me parece que ahora hay un problema electoral. Claudio Castro tenía la pretensión de disputar la reelección como gobernador, pero su baja popularidad indica que no va a competir con Eduardo Paes, el alcalde de Rio, sino que va a ser candidato del bolsonarismo para el Senado. Lo que no es fácil porque tiene que competir con Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente, que es ya senador. Entonces, desde el punto de vista político de Castro y el bolsonarismo de Rio, esto es un intento de proyectar poder y buscar popularidad entre el grupo más de derecha o de ultraderecha en el estado.
-La alta letalidad registrada, ¿estaba prevista o indica una falta de control operativo? ¿Este tipo de acción policial sirve para debilitar a las facciones o puede generar una respuesta violenta?
-Lo que parece es que la operación se salió de control. No se esperaba tanta reacción del CV ni tanta visibilidad a nivel nacional e internacional. Es decir, parece que la violencia del ataque y la violencia de la respuesta o de la resistencia superaron las expectativas del comando de la policía y del gobernador del estado. Esto es una impresión, no está documentado, ni fue admitido, claro, por el gobernador, pero el número de muertos indica muchas ejecuciones sumarias, o sea, de personas que no fueron muertas en confrontación sino una vez que ya había sido controlada y se habían rendido. El resultado del operativo puede ser una debilidad parcial del CV, pero la favela no está controlada, no está ocupada por la policía. Sigue bajo el control del CV, y los líderes presos o muertos durante la redada son reemplazados sin mucha dificultad por otros que vienen de favelas cercanas, por ejemplo. Otros grupos, también, pueden intentar tomar la oportunidad para controlar parte de los dos complejos. De todos modos, no creo que la capacidad de respuesta del CV sea mucho más que cerrar algunas vías de circulación o secuestrar y quemar algunos colectivos.
-¿Hasta qué punto organizaciones como el CV representan una amenaza al monopolio estatal del uso de la fuerza y cómo se comparan con guerrillas como las FARC?
-Grupos como el CV son un gran problema de seguridad pública a nivel de los municipios, como Río, y otros donde tienen expresión territorial. Pero, aunque manejen armas como fusiles y lanzagranadas, no pueden ser comparados a nivel de poder de fuego con la policía militar. Mucho menos con el Ejército de Brasil. Estas no son guerrillas, no tienen entrenamiento militar unificado. No hay comparación con una guerrilla como fue las FARC u otros grupos armados de gran expresión. Las imágenes dicen mucho: los chicos que estaban ahí eran muy jóvenes, descamisados en shorts, havaianas y un fusil. No tenían chalecos, ni cascos. El discurso que busca magnificar el poder de fuego del CV es un discurso belicista que sirve para pintar un escenario de guerra, pero no es así. Ellos tienen una base social, aunque menos importante hoy que en otros tiempos, y controlan sus territorios. En una favela enorme como el complejo Alemao tienen un poder de fuego importante, pero siempre que hay un ataque frontal de las fuerzas del Estado, ellos escapan. Enfrentan pero huyen. Entonces, es un problema de seguridad pública muy severo, pero no es un problema de seguridad nacional, tampoco de monopolio de la violencia por parte del estado a nivel nacional.
-¿Cómo es la disputa entre el CV y otros grupos criminales de Brasil, como el Tercer Comando Puro (TCC) y el Primer Comando de la Capital (PCC)?
–El CV y el TCC tienen una disputa local, este último con mucho menos expresión en la zona metropolitana de Río que el primero. El TCC controla algunas zonas importantes, pero sigue habiendo una hegemonía del CV. Con el PCC es otra cosa, porque este tiene una estructura mucho más jerárquica, más sofisticada, relacionada con instituciones financieras y paraísos fiscales y con una expresión nacional y transnacional. El CV busca esa expresión sobre todo en el nordeste y el norte de Brasil con alianzas con grupos locales para el control de un volumen mayor de drogas y para otras ilegalidades como, por ejemplo, la minería ilegal. El PCC tiene una expresión mucho más empresarial, con inversiones de alto nivel en minería ilegal, en el comercio de la cocaína, en la tala ilegal, en la trata de personas, etcétera. Entonces, donde hay más violencia entre los dos grupos es en algunos estados del norte y nordeste de Brasil.

-¿Podría el megaoperativo tener implicaciones en el escenario electoral del próximo año?
-La magnitud de la violencia ha causado un impacto que aún debe ser evaluado. Pero hasta el momento parece que fue demasiado violento, incluso para una parte de la ciudadanía que defiende la mano dura. No es posible medir esto ahora, pero las reacciones de los medios y de parte de la ciudadanía es de shock con sucedido, sobre todo de la población local ante el número de muertos. Las escenas son muy fuertes y están muy difundidas. La reacción de la ciudadanía ante las declaraciones del gobernador Castro, por ejemplo, de que las únicas víctimas fueron los policiales muertos, ha sido de rechazo. Hay un núcleo de ultraderecha, bolsonarista, que cree de hecho que hay que matar a esa gente, pero incluso para ellos la redada fue demasiado violenta. Operativos así suceden casi todas las semanas y siempre con número de muertos que van de cinco a 15 o 20, pero nunca como ayer. Y muchas son las señales de tortura y ejecución por parte de la policía, que son clarísimas violaciones a los derechos humanos.

-¿Cómo describiría el conflicto político entre el gobernador astro y el presidente Lula?
–Castro quiso compartir la responsabilidad, o la culpa del fracaso, con el gobierno federal y eso no le salió bien. El ministro de Justicia dio una respuesta muy dura de las declaraciones de Castro y dijo que el estado nacional nunca fue buscado para el operativo. Lula respondió convocando una reunión con los ministros y el vicepresidente para discutir la cuestión. Por otro lado, los hechos de ayer creo que han impulsado la propuesta de la enmienda constitucional sobre seguridad que había presentado el ministro Lewandowski hace aproximadamente 6 meses y que había quedado en el cajón. Hasta el momento, creo, hay dividendos políticos favorables al gobierno de Lula.
