Una encuesta entre los titulares de los juzgados con competencia en violencia sobre la mujer pone de relieve «la existencia de carencias muy extendidas así como de importantes diferencias interterritoriales», según un informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Así lo ha dado a conocer este miércoles el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras tomar conocimiento del estudio y acordar su traslado a los vocales territoriales para que «adopten las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de estos órganos judiciales», y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.
Las preguntas dirigidas a los titulares de 477 órganos judiciales (121 Juzgados de Violencia sobre la Mujer; 314 juzgados compatibles y 42 Juzgados de lo Penal) versan sobre las instalaciones, los letrados de oficio con disponibilidad para actuar en este tipo de procedimientos, las Unidades de Valoración Forense Integral, la existencia o no de Oficina de Víctimas y de cursos para agresores, los dispositivos telemáticos y los medios personales.
En relación con las instalaciones, el índice global de satisfacción es de 2,9 puntos (sobre un máximo de 5), siendo los de Baleares (2), seguidos por los de Andalucía (2,6) y Asturias (2,8) los jueces menos satisfechos. El 79% de los órganos judiciales de toda España no cuentan con espacios específicos destinado a las víctimas y el 90,5% no cuenta con punto de encuentro familiar, según ha destacado el CGPJ.
Asimismo, el 38,9% de las instalaciones tiene salas de espera para víctimas acompañadas de menores y el 31,2% dispone de cámara Gesell. Por tipo de órgano, son los juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos los que muestran el índice de satisfacción más alto (3,1), seguidos de los juzgados de lo penal (2,9) y de los juzgados compatibles (2,7).
En cuanto a la disponibilidad de letrados de oficio específicos para procedimientos de violencia sobre la mujer, el estudio indica que es elevada en todo el territorio, siendo el porcentaje medio de órganos judiciales que sí cuentan con ellos del 83,7%.
En este apartado, el peor dato se recoge en Extremadura, con disponibilidad de letrados de oficio en el 58,3% de los órganos judiciales. En el lado opuesto se hallan Asturias, Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid, en las que el 100% de los juzgados cuentan con estos profesionales. Próximos al cien por cien están también Aragón (92,9%), Andalucía (92,5%) y País Vasco (92,3%).
UNIDADES DE VALORACIÓN FORENSE INTEGRAL
La satisfacción con las unidades de valoración forense integral obtiene una puntuación media de 2,9, siendo la crítica más frecuente el retraso en la emisión de los informes, en muchas ocasiones por la falta de profesionales que sufren dichas unidades. En el 44,3% de los órganos judiciales, la demora media supera los seis meses.
Según destaca el CGPJ, las puntuaciones más bajas corresponden a Baleares (1,9) y Madrid (2,1), mientras que en Andalucía, Aragón y Navarra alcanzan los 3 puntos y los superan en Castilla-La Mancha (3,3), Cataluña (3,3), Comunidad Valenciana (3,5) y País Vasco (3,1).
En relación con este asunto, la valoración más alta es la de los juzgados de lo penal. En el 20% de este tipo de órganos la demora en la emisión de los informes supera los seis meses, circunstancia que se da en el 48,5% de los juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos y en el 44,3% de los juzgados compatibles.
Además, el 51,7% de los órganos judiciales dispone de una Oficina de Asistencia a las Víctimas, siendo el índice medio de satisfacción en este punto del 3,8 por ciento. La valoración de los encuestados es positiva en la práctica totalidad de los territorios, siendo las puntuaciones más bajas las de Baleares (2,8) y Canarias (3). Por encima de los cuatro puntos se han situado Navarra (4,7), Comunidad Valenciana (4,5), Galicia (4,3), La Rioja (4,2) y Cataluña (4,1).
CURSOS PARA AGRESORES
El índice de satisfacción medio de los jueces encuestados con los cursos para agresores es de 2,2 puntos, valoración que se corresponde con la falta de disponibilidad de este recurso en el 71,6% de los órganos judiciales. En Baleares, Madrid y Navarra el porcentaje de órganos que no cuentan con cursos para agresores es inferior al 50 por ciento.
Los dispositivos electrónicos obtienen también una baja puntuación media (2,2) entre los jueces. La nota más alta es la del País Vasco (2,9) y la más baja (1,7), la obtenida en Andalucía y Comunidad Valenciana. Las quejas más frecuentes se refieren a la demora en la instalación de los dispositivos que se solicitan, que en el 39,1% de los casos es de entre tres y cinco horas y en el 30%, es superior a cinco horas.
Además, el 69,4% de los encuestados no está satisfecho con el procedimiento de comunicación y resolución de incidencias con los dispositivos telemáticos, según el estudio, recogido por Europa Press.
La satisfacción media de los jueces con los medios personales del órgano judicial es de 2,6. Las mejores valoraciones son las de Madrid (3,3) y Galicia (3) y las más negativas las de Castilla y León (2), Baleares (2,1) y Andalucía (2,2). En el 50,7% de los órganos judiciales existe un alto índice de rotación del personal.
La encuesta, elaborada por el Observatorio, ha sido contestada durante los meses de febrero y marzo por cerca de la mitad de los jueces a los que iba dirigida, una muestra que se considera suficiente para evaluar la situación de estos órganos judiciales a partir de la experiencia directa de sus titulares.
