La posible desactivación del Equipo Especial Lava Jato y de otros equipos del Ministerio Público de Perú quedó en suspenso, después de que la Junta de Fiscales Supremos aplazara la votación programada para definir su continuidad. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, aclaró que, hasta disponer de la documentación completa sobre el desempeño y los gastos de estos grupos de trabajo, no se tomará ninguna resolución definitiva.
En diálogo con RPP, el también fiscal supremo mencionó que la reunión en la que se iba a decidir el futuro de estos equipos se suspendió debido a la falta de informes que debió remitir la gerencia general de la institución y de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales (OREF) del Ministerio Público, así como el equipo técnico.
“Lamentablemente, no nos hicieron llegar toda la información. Tenemos el 70% – 75% de la información y queremos tener la información completa para tomar una decisión. Y por eso que no se vio ese tema esta semana y lo vamos a ver la próxima junta, que debe ser la próxima semana, y con base en la información completa que debemos tener, se va a tomar la decisión”, mencionó.
Visiblemente incómodo destacó que no mencionó que eliminaría los equipos especiales, sino que evaluaría su continuidad, pese a que en el fondo es lo mismo. “Nunca dije que se va a desactivar o que se va a eliminar. Lo que yo he dicho es que se está evaluando la permanencia de los equipos”, indicó.
En relación con los cuestionamientos que apuntan a que la eventual desactivación de estos equipos promovería la impunidad, mencionó que “todo lo contrario”. Consultado sobre cuál sería el destino de concluir que no existen resultados óptimos, sostuvo que no le gustaría adelantar opinión y se limitó a decir que “la información tiene que llegarnos completa para ver si efectivamente se ha tenido o no y con base en ello tomar la decisión”.
Como se sabe, estos equipos tienen a su cargo investigaciones de coyuntura como el caso Lava Jato, que estudia los delitos de corrupción de funcionarios vinculados a empresas brasileñas, entre ellas Odebrecht y OAS. La continuidad de tales grupos cobró especial notoriedad después de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que anuló la acusación contra Keiko Fujimori por el denominado caso Cócteles y dispuso el archivo del proceso, circunstancia que influye en la evaluación sobre la eficacia de las pesquisas.
La expectativa sobre la determinación que adopte la Junta se mantiene alta, dado el impacto de los casos investigados y las implicancias que tendría alterar la composición o la existencia de los equipos especiales del Ministerio Público de Perú.
Cabe mencionar que su postura en contra de los equipos especiales no es nueva. Previo a la sesión en la que se agendó la evaluación, reiteró en diálogo con Perú 21 que “yo nunca estuve de acuerdo con el trabajo de los equipos especiales, ya que sirvieron en muchos casos para perseguir a personas, y en otros para encubrir”.
