El anuncio de José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo, sobre la suspensión de su militancia en el PSOE y su dimisión de cargos internos e institucionales, ha impactado la situación política en Galicia y ha generado respuestas tanto en el ámbito autonómico como nacional. Europa Press informó que Tomé mantendrá sus funciones como alcalde de Monforte y diputado provincial, pero lo hará como independiente, fuera del Partido Socialista, una decisión que la dirección federal del PSOE ha instado a revertir, solicitando su salida de todas las responsabilidades institucionales para evitar riesgos a la estabilidad del pacto gubernamental con el Bloque Nacionalista Galego (BNG).
En este contexto de tensiones políticas y revisión interna, Europa Press detalló que hoy se desarrollará una reunión de carácter extraordinario en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz. A la cita han sido convocadas portavoces de Igualdad y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de las principales cámaras legislativas, delegadas de la Federación Española de Municipios y Provincias y representantes de Juventudes Socialistas. El encuentro, según el medio, coincide con la presentación a las 11:30 del informe elaborado por la Oficina contra el Acoso sobre el caso que involucra al exdirigente socialista Francisco Salazar y marca la primera intervención pública de la secretaria de Organización, Rebeca Torró, desde la aparición de las denuncias.
Tal como consignó Europa Press, la convocatoria de esta reunión surge en el marco de numerosas demandas internas para reformar los tiempos y métodos de respuesta ante denuncias por acoso. Sectores del partido han cuestionado la operatividad actual de los protocolos y consideran que los plazos vigentes dificultan una atención eficiente a las presuntas víctimas, aumentando así la presión para una actualización normativa que fortalezca la protección y el acompañamiento desde el partido.
El origen de esta crisis se remonta a denuncias anónimas presentadas en julio por dos trabajadoras de Presidencia del Gobierno ante la dirección socialista, donde se señalaron posibles casos de acoso laboral relacionados con Francisco Salazar. Europa Press indicó que en esos comunicados también se mencionó a Antonio Hernández, en aquel momento número dos de Salazar, como presunto encubridor. La aparición pública de estas acusaciones derivó en el cese de Hernández de sus funciones dentro del partido.
La presentación anónima de las denuncias, según reportó Europa Press, ha supuesto una dificultad añadida para la Oficina contra el Acoso, que no ha podido establecer contacto directo con las presuntas afectadas para obtener más información y acelerar así la evaluación de los hechos. Esto ha producido una extensión en los plazos de respuesta, generando malestar entre sectores de la militancia, que perciben una carencia de respaldo institucional y de protección integral para las mujeres que presentan denuncias, más allá del posible curso judicial.
A raíz de estas demoras y de la percepción de insuficiente apoyo, han surgido peticiones adicionales para reforzar los mecanismos de garantía y el acompañamiento a quienes sufren acoso en el ámbito interno. Europa Press publicó que la semana pasada la dirección federal celebró una reunión telemática con responsables autonómicos de Igualdad, instancia en la que se exploró la necesidad de revisar y modificar los protocolos internos, priorizando una mayor agilidad en los procesos y atención a futuras víctimas.
El medio especificó que la agenda de la reunión de hoy, difundida por la dirección del PSOE, alude únicamente a asuntos de “actualidad política” sin mencionar de forma directa el expediente Salazar o incidentes similares, aunque el trasfondo del encuentro se emplaza en este proceso de profunda revisión interna de las normas y procedimientos en torno a las denuncias de acoso y violencia de género.
En paralelo, el impacto de estos hechos ha motivado a la Comisión de Igualdad del PSdeG a fijar una reunión propia en Galicia, destinada a valorar la coyuntura política y reflexionar sobre posibles resoluciones adicionales ante las actuales demandas sociales y mediáticas. La repercusión de estos sucesos, según destacó Europa Press, ha trasladado el debate sobre los protocolos de actuación y la protección de víctimas al ámbito estatal, donde se plantean exigencias de mayor transparencia y eficacia en la gestión de denuncias.
Dentro del PSOE, señalan líderes y cuadros medios, existe presión para que las reformas incluyan mecanismos más robustos de protección y que los procedimientos internos no sufran dilaciones, ya que la prolongación de los plazos podría acentuar la desconfianza hacia la capacidad de respuesta interna. Europa Press recogió que la actuación de la secretaria de Organización, Rebeca Torró, cuenta con respaldo oficial, pero enfrenta el reto de dar respuesta clara y eficaz a las reclamaciones de la militancia y la opinión pública, en un momento de intenso escrutinio.
El desarrollo de los acontecimientos y las decisiones que puedan surgir de la jornada de hoy adquieren relevancia en el proceso de reconfiguración de los protocolos internos del PSOE, en un contexto en que la presión social y política para brindar garantías efectivas frente a las denuncias de acoso se mantiene en ascenso. Europa Press puntualizó que las expectativas sobre las resoluciones y ajustes derivados del informe Salazar y de las intervenciones públicas persisten entre la militancia y los sectores críticos, que insisten en cambios integrales y en la implementación de procedimientos que permitan respuestas ágiles, eficaces y transparentes en el futuro.
