Un 14% de los trabajadores que está bajo relación de dependencia, cumple un horario de oficina y cobra salario fijo todos los meses se encuentra registrado ante el Estado como monotributista.
Se trata de una práctica más extendida entre las grandes compañías y tiene un objetivo fundamental: pagar menos cargas laborales (contribuciones patronales a la seguridad social y sindicales).
Los datos surgen de un informe que elaboró la consultora Idesa, con base en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec del cuarto trimestre del año pasado. De ahí se desprende que el 40% de las personas contratadas por empresas privadas no están registradas formalmente, mientras que el 14% de estos trabajadores declararon ante el Indec estar registrados como monotributistas y entregar a su empleador una factura.
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“Es decir, en la percepción del trabajador hay una relación de dependencia laboral con la empresa, pero legalmente el vínculo se formaliza como una relación no laboral. Lo que la empresa plantea como un contrato a un proveedor de un servicio para el contratado es un trabajo asalariado”, explicó el trabajo.
En las empresas más chicas, la informalidad es mucho más alta. En aquellas que tienen hasta 10 empleados, el 77% del personal está bajo sin registrar y, de ellos, el 7% entrega factura de monotributo a su empleador. En las compañías con entre 10 y 40 trabajadores, el 14% está en la informalidad, de los cuales el 24% aparece como monotributista. Mientras que en las grandes firmas, con más de 40 empleados, el 8% está sin registrar. Sin embargo, de ese porcentaje, el 45% entrega factura de monotributo.
“Estos datos muestran que el empleo asalariado ‘en negro’ es un fenómeno muy concentrado en las pequeñas empresas y, entre ellas, es marginal el porcentaje de trabajadores que entregan factura de monotributo como si estuvieran vendiendo un servicio. En las grandes empresas, en cambio, el empleo no registrado es bajo y la mitad entrega factura de monotributo como si fuera una venta de servicios. El uso del monotributo como medio para escapar de la legislación laboral es un fenómeno que usan las empresas más grandes, pero poco extendido entre las empresas más pequeñas», dijo el informe de Idesa.
De acuerdo con el estudio, la informalidad en las pequeñas empresas es consecuencia de la baja productividad. La remuneración que pagan estos negocios es menos de la mitad de las que pagan las compañías con trabajadores registrados y muy por debajo de los mínimos salariales que fijan los convenios colectivos.
Sobre ese monto, se tiene que aplicar los beneficios laborales, como la antigüedad, las vacaciones y el aguinaldo. Además, se suman las contribuciones patronales a la seguridad social, que ascienden al 30%; más las contribuciones sindicales, que están entre 3% y 5% del salario. “Pretender aplicar la legislación laboral al vasto universo de microempresas es una causa perdida porque choca contra la imposibilidad administrativa y de costos para poder hacerlo”, advirtieron.
En septiembre del año pasado, el Gobierno logró reglamentar el decreto 847, el capítulo laboral de la Ley Bases. Entre sus principales cambios, se previó que el trabajador independiente, sea monotributista o autónomo, pueda contratar hasta tres trabajadores “colaboradores” sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras.
La norma también incorporó otras medidas, que buscaron fomentar el trabajo registrado. Se estableció un nuevo esquema de indemnizaciones, se habilitó el blanqueo de relaciones laborales, así como se reglamentó que participar de bloqueos totales o parciales a empresas será motivo de despido con justa causa.
“Los pasos dados a favor de moderar y dar certidumbre al costo del despido van en el sentido correcto, aunque son insuficientes. Es imprescindible abordar también otros aspectos de las instituciones laborales que imposibilitan a las microempresas tener sus trabajadores en blanco. Entre los cambios más importantes hay que establecer un mínimo no imponible sobre la masa salarial a las contribuciones patronales (de manera que con un muy bajo costo fiscal se elimine la presión sobre los costos laborales de las microempresas), terminar con la litigiosidad espuria en las justicias provinciales por riesgos del trabajo y permitir que las empresas en acuerdo con sus trabajadores se desenganchen de los convenios colectivos sectoriales o de actividad», agregó Idesa.
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Un informe reciente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social destaca que uno de los fenómenos más destacados del mercado de trabajo argentino durante la última década fue el significativo crecimiento del trabajo encuadrado en el régimen del monotributo, en un contexto en el que tanto la actividad económica como el empleo asalariado registrado en empresas privadas se mantuvieron prácticamente constantes.
De acuerdo con información procesada del SIPA, entre 2012 y 2024 el número de trabajadores monotributistas se incrementó un 56%. En tanto, el empleo asalariado formal del sector privado creció apenas un 3% y el Producto Interno Bruto (PBI) se mantuvo constante.
Bajo ese mismo período de análisis, se estimó que el 37% de los nuevos monotributistas se incorporó en puestos de trabajo en relación de dependencia del sector privado. En tanto, el 1% lo hizo en puestos dependientes del sector público y el 62% restantes se insertó en el trabajo independiente entre 2011 y 2024.
“El notable crecimiento de los trabajadores registrados en el monotributo no se tradujo en una reducción de la informalidad laboral, lo que se debe a que parte de esos trabajadores accedieron a relaciones de dependencia sin los aportes que corresponden a esa modalidad de inserción y realizando ellos mismos aportes al régimen de seguridad social como independientes“, cerró el informe de la Secretaría de Trabajo sobre el Panorama mensual del trabajo registrado.
