La impugnación al pliego de la senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, reabrió un debate histórico que el Congreso revisita cada vez que un nombre llega cuestionado al recinto. El PJ de Río Negro la acusa de tener un “pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador”, lo que −según el planteo− configura “inhabilidades morales, éticas y constitucionales” que impedirían su asunción el 10 de diciembre.
Villaverde fue detenida en 2002 en Estados Unidos por tenencia de drogas, pero ese expediente ya se cerró. Se la acusa, además, de estar vinculada a Claudio Ciccarelli, primo de Federico “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por presuntos nexos con el narcotráfico.
La Comisión de Asuntos Constitucionales analizó este miércoles el escrito y el caso quedará ahora en manos del pleno del Senado, que decidirá el viernes próximo si Villaverde jura o asume su reemplazo.
El episodio vuelve a poner en primer plano un poder poco visible pero central del Parlamento: el que le otorga el artículo 64 de la Constitución Nacional para ser “juez de las elecciones, derechos y títulos” de sus miembros. Esa facultad ha sido ejercida con criterios cambiantes según la época y el clima institucional. En democracia, sus hitos se construyeron alrededor de debates éticos, responsabilidades durante la dictadura y disputas de representación, según información provista a LA NACION por la Dirección de Información Parlamentaria del Congreso.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de Antonio Bussi. Electo diputado en 1999, llegó impugnado por su actuación como general del Ejército durante la última dictadura en Tucumán. Tras un debate extenso, la Cámara baja rechazó su incorporación en mayo de 2000. Bussi judicializó la decisión, pero tanto la Cámara Nacional Electoral como la Corte Suprema confirmaron el criterio del Congreso.
Cinco años después, otro caso de fuerte impacto público siguió un camino similar. Luis Patti, electo en 2005, enfrentó impugnaciones por su participación en delitos de lesa humanidad como miembro de la policía bonaerense durante la última dictadura militar. Diputados decidió impedirle jurar en la sesión preparatoria.
Patti obtuvo inicialmente un fallo favorable de la Justicia, pero la Corte Suprema ratificó la potestad del Congreso para bloquear su asunción. En 2011 fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación para ejercer cargos públicos, pena que hoy cumple en su domicilio.
Otro caso de gran impacto mediático fue el de Eduardo Borocotó. Elegido por Pro en 2005, anunció antes de jurar que se integraría al oficialismo kirchnerista. El macrismo intentó impugnarlo con el argumento de que la banca pertenecía al partido, pero la Cámara rechazó la objeción y habilitó la jura. Ese episodio fijó un criterio: el mandato es personal, no partidario.
En el Senado, la última gran controversia ocurrió en 2013 con el pliego de Gerardo Montenegro. La UCR objetó que las tres bancas de Santiago del Estero quedaran en manos del Frente para la Victoria, estructura política que orbitaba alrededor del gobernador Gerardo Zamora.
El argumento radical era que esa distribución violaba el espíritu de proporcionalidad que dicta la Constitución Nacional. El oficialismo defendió la validez del título y decidió tomar juramento sin esperar la resolución judicial. La impugnación finalmente quedó rechazada y Montenegro asumió.
Más allá de estos episodios de alto perfil, existen antecedentes menos conocidos. En 2007, Diputados desestimó la impugnación contra Carlos Anauate, electo por Santiago del Estero, al considerar infundados los planteos para correrlo. Asumió como reemplazo tras la intervención federal al juarismo, que había controlado la provincia durante décadas. No pudieron desplazarlo.
En 2003 quedó en la historia uno de los casos más duros fuera de los cuestionamientos de lesa humanidad: el del conservador Raúl “Tato” Romero Feris.
Electo senador nacional por Corrientes (Partido Nuevo), su pliego fue impugnado por el peronismo, que sostuvo que estaba “inhabilitado moral y éticamente” para ocupar la banca debido a causas judiciales pendientes que investigaban fraude y enriquecimiento ilícito. La Cámara Nacional Electoral le prohibió asumir. Fue una de las pocas impugnaciones que prosperaron en el Senado.
El antecedente más antiguo tiene casi cien años, de 1927. Todos ellos delinearon un conjunto de criterios que vuelven a emerger cada vez que un pliego llega cuestionado.
En Diputados, el reglamento solo admite dos causales: la falta de requisitos constitucionales −edad, ciudadanía, residencia− o la existencia de irregularidades electorales. Si el planteo demuestra la violación de alguno de esos requisitos, el diputado electo no jura y el caso pasa a comisión; si requiere investigación, puede jurar mientras tanto. La decisión final exige dos tercios de los votos y, si no se resuelve en tres meses, la impugnación se considera desestimada.
El procedimiento
En el Senado, el procedimiento es más flexible. La Cámara no establece un umbral específico para rechazar una incorporación. Sí define que los senadores electos pueden integrar el quorum de la sesión preparatoria en la que se evalúan sus nombres, pero no participar de la votación sobre su propio pliego.
El caso de Villaverde, entonces, será revisado por un Senado ya renovado y con ella sentada en el recinto. LLA debutará con un bloque de 21 integrantes y, junto con sus aliados, podría reunir los votos necesarios para frenar la avanzada opositora. En rigor, detrás del intento de impugnar a la senadora electa por Río Negro, la oposición busca sobre todo condicionar la agenda legislativa en un momento en que el oficialismo ingresa en una etapa de mayor fortaleza política.
