La noche en que los transportistas se sentaron frente a Mónica Delta en Punto Final fue también la noche en que el país escuchó de manera directa la magnitud del miedo que hoy rodea a un sector vital para la vida diaria: el transporte público.
Tres voces distintas —Julio Raurau, dirigente histórico de Conect Perú; Martín Ojeda, asesor legal de empresas de transporte; y Luis Gutiérrez, representante de APSUPER— coincidieron en una sola advertencia: si no hay garantías de seguridad, mañana mismo podrían radicalizar sus medidas y llevar al país a un paro nacional.
El primero en hablar fue Julio Raurau, con más de tres décadas de experiencia en el rubro. A la pregunta de Delta sobre si esta era la primera vez que el transporte era atacado de manera tan directa, no dudó:
“Por primera vez en la historia del sector transporte están atentando contra quienes prestamos servicio a la ciudad. Nos da mucha pena que esto esté sucediendo”. En su lectura, la raíz del problema está ligada al ingreso descontrolado de inmigración irregular.
“Desde que dejaron entrar a venezolanos de mal vivir comenzaron las extorsiones. Han traído modalidades de crueldad que parecen una pena de muerte para los peruanos”, señaló con dureza.
Raurau reconoció que el problema no se limita al transporte: “Todos están pagando cupo. Ambulantes, mototaxistas, comerciantes, ciudadanos. Yo mismo he sido asaltado y amenazado”. Su testimonio puso rostro humano a una estadística alarmante: los asesinatos de choferes a manos de sicarios no son hechos aislados, sino una cadena de crímenes que revela cómo la delincuencia organizada ha dirigido sus ataques hacia quienes mueven a la ciudad.
El turno fue de Martín Ojeda, quien aportó una mirada comparativa y estructural. “La situación es caótica y catastrófica. Esto es una copia fiel de lo que pasó en Medellín”, advirtió. Recordó cómo en Colombia, primero los delincuentes comenzaron a asesinar a los llamados “chuteros”, luego se infiltraron en las empresas y más tarde terminaron por convertirse en dueños de estas.
“Ese es el riesgo que hoy corre el Perú. El transporte mueve efectivo, y donde hay efectivo, ahí estarán los criminales”, subrayó. Para Ojeda, lo que se vive no es un problema aislado, sino la antesala de un escenario donde el crimen organizado podría tomar control del transporte público, aprovechando la informalidad y la falta de regulación.
Luis Gutiérrez fue quien encendió la alerta más inmediata. Relató que junto con otros dirigentes se reunieron con el ministro del Interior y le dieron un ultimátum: “Si mañana no tenemos seguridad, no vamos a salir a trabajar. Puede haber paro nacional”.
Reconoció que la policía les ha prometido vigilancia sectorizada en corredores, presencia en terminales y uso de drones, pero no confía en que esas medidas sean suficientes. “Hemos perdido choferes, han sido asesinados. Un 20% de los conductores ya abandonó el sector por miedo. El Estado está en la obligación de darnos garantías”, expresó con firmeza.
El diagnóstico común entre los tres es que los poderes del Estado funcionan de manera desarticulada y en consecuencia los ciudadanos quedan desprotegidos. Gutiérrez fue tajante: “Cuando vamos a la fiscalía dicen que la culpa es de la policía; en la policía señalan a la fiscalía; en el Poder Judicial culpan al gobierno. Se están peleando entre ellos mientras a nosotros nos matan”.
La frustración llegó a tal punto que incluso se planteó la posibilidad de armar a los choferes. Raurau lo reveló sin rodeos: “Le hemos pedido al ministro facilidades para comprar armas. Si no tenemos protección, tendremos que autoprotegernos”. Aunque reconoció que es una medida desesperada, insistió en que no pueden seguir siendo víctimas indefensas.
Alistan paro indefinido
En la entrevista, Ojeda trató de equilibrar el tono, recordando que los transportistas son “hombres de leyes” y que su objetivo no es vivir en la anarquía, sino en un Estado democrático que cumpla con su función básica de brindar seguridad. Sin embargo, advirtió que la falta de voluntad política hace inviable cualquier cambio estructural. “Estamos cansados de politiquería barata. Mientras los poderes del Estado no trabajen juntos, seguiremos en riesgo”, señaló.
El desenlace de la conversación dejó en claro que todo dependerá de lo que ocurra en las próximas horas. “Definitivamente, vamos a parar si no tenemos protección del Estado. Hemos hablado con el ministro, nos ha prometido apoyo con drones, policías en ruta y agentes de inteligencia. Vamos a ver si cumple”, sentenció Raurau.
