Tras el jury, Dalma y Gianinna Maradona, dos de las hijas del astro mundial del fútbol, pidieron la detención de la ahora exjueza Julieta Makintach.
El pedido, firmado por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, fue presentado ante el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli, que interviene en el expediente judicial donde Makintach fue imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
“Venimos a solicitar la inmediata adopción de medidas cautelares personales respecto de la imputada Makintach, toda vez que el desarrollo de la investigación ha revelado conductas inequívocas de perturbación de testigos, actos directos de intimidación, tentativa de manipulación del relato testimonial y comportamientos obstructivos repetidos, actuales y graves, configurativos de los riesgos procesales previstos” de fuga y entorpecimiento de la investigación, sostuvieron los abogados que representan a Dalma y Gianinna Maradona.
En forma subsidiaria, Burlando y Améndola solicitaron “la prohibición absoluta de salida del país y entrega inmediata de su pasaporte, como también la prohibición de acercamiento y contacto –directo, indirecto o por interpósita persona– respecto de todos los testigos de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), salvo autorización judicial expresa y solo para actos procesales indispensables», según consta en la presentación a la que tuvo acceso LA NACION.
Por unanimidad, el martes pasado, Makintach fue destituida por el jurado de enjuiciamiento que evaluó su conducta a partir de su participación en la producción del documental Justicia Divina, proyecto audiovisual que pretendía contar las alternativas del juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales por la Maradona, debate del que la cuestionada magistrada formaba parte y que, finalmente, fue declarado nulo.
También fue inhabilitada “para ocupar en adelante otro cargo judicial”. Además, se le impusieron las costas del proceso y se notificó a la administración pública para “cesar los pagos”, esto es, el salario que aún percibía, ya que estaba suspendida en su cargo.
Ahora, 48 horas después, Burlando y Améndola afirmaron: “La imputada ha desplegado un patrón de conducta inequívoco, reiterado en el tiempo y acreditado en diversos tramos de la investigación y del proceso de enjuiciamiento llevado a cabo por el jury, que demuestra la intimidación directa a testigos clave”. Y agregaron: “Mientras nuestro ritual nos exige una investigación ordenada y respetuosa del debido proceso, la conducta de Makintach va en sentido contrario”.
La investigación en la que Makintach está imputada está a cargo de los fiscales José Amallo, Cecilia Chaieb y Carolina Asprella, y comenzó en el 15 de mayo pasado, después de una denuncia presentada por Burlando y su colega Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda, madre de Diego Fernando Maradona, el hijo menor del astro.
“Consideramos que resulta imprescindible e impostergable la protección de los elementos de prueba de la presente investigación, principalmente la prueba testimonial, aclarando que todos los testigos que declararon en el jury deberán hacerlo nuevamente en el juicio penal. La imputada ya perturbó por lo menos a tres, por lo cual dejarla en libertad sin restricciones compromete la calidad de los futuros testimonios, afecta la posibilidad de reconstrucción histórica de los hechos e impacta directamente en los derechos de las víctimas y en el debido proceso. Mientras nuestro ritual nos exige una investigación ordenada y respetuosa del debido proceso, la conducta de Makintach va en sentido contrario”, fundamentaron Burlando y Améndola sobre el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación.
Y respecto del peligro de fuga, sostuvieron: “Ello se desprende de la circunstancia de que enfrenta una imputación múltiple (cohecho, peculado, malversación, abuso de autoridad, violación de deberes), con pena en expectativa de cumplimiento efectivo. A ello se le suma su reciente destitución formal, pérdida de estabilidad laboral y el fuerte reproche público e institucional. En este contexto, el riesgo de elusión deja de ser hipotético para convertirse en algo concreto, serio y actual”.
