Las autoridades rusas prohibieron este lunes a Amnistía Internacional al incluirla en la lista oficial de “organizaciones indeseables”, una designación que convierte cualquier forma de colaboración con la ONG en un delito penal bajo una ley vigente desde 2015.
La decisión, anunciada por la fiscalía general en un comunicado publicado en línea, representa un nuevo paso en la ofensiva del Kremlin contra voces críticas, una campaña que se ha intensificado drásticamente desde la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.
La medida obliga a Amnistía Internacional a cesar toda actividad en el país y expone a enjuiciamiento a cualquier persona que coopere con el grupo o incluso comparta sus informes en redes sociales. Estos individuos podrían enfrentarse a multas o incluso penas de prisión severas.
Con esta incorporación, ya son 223 las entidades que integran la lista negra del régimen ruso. Entre ellas se encuentran medios de comunicación independientes como Radio Free Europe/Radio Liberty y el portal ruso Meduza, centros de análisis como Chatham House, y organizaciones como Transparencia Internacional y Open Russia, esta última fundada por el ex magnate y opositor exiliado Mijaíl Jodorkovski.
Open Russia fue declarada “indeseable” en 2021 y se disolvió para proteger a sus miembros. Sin embargo, su entonces líder, Andréi Pivovarov, fue arrestado, juzgado y condenado a cuatro años de prisión por su vinculación con la organización. Fue liberado en 2024 como parte del mayor intercambio de prisioneros entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría.
En declaraciones recientes, l a ONG rechazó la condena impuesta al activista electoral Grigory Melkonyants, calificándola como una “represión descarada y políticamente motivada contra el activismo pacífico”. También criticó el reciente arresto de profesionales del sector editorial acusados de promover “propaganda LGBTQ+” a través de libros.
“Este uso desvergonzado y contundente del aparato estatal contra la literatura es tan absurdo como aterrador”, declaró Natalia Zviagina, directora de Amnistía Internacional en Rusia. Por su parte, el fiscal general de Rusia acusó a la ONG de ser “un centro de preparación de planes rusófobos a escala mundial, financiados por los cómplices del régimen de Kiev”.
Además, la fiscalía indicó que la organización “ha hecho todo lo posible para intensificar el enfrentamiento militar en la región, justificando los crímenes de los neonazis ucranianos, pidiendo más financiación para ellos y apoyando el aislamiento político y económico de Rusia”.
Amnistía promete que “nunca se rendirá”
Amnistía Internacional aseguró este lunes que “seguirá trabajando” para defender los derechos humanos en Rusia. Agnès Callamard, secretaria general de la organización con sede en Londres, destacó en un comunicado: “Vamos a seguir trabajando sin descanso para garantizar que todos los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, ya sea en Rusia, Ucrania o en cualquier otro lugar, sean llevados ante la justicia”.
Enfatizó: “Ningún asalto autoritario silenciará nuestra lucha por la justicia. Amnistía nunca se rendirá y nunca dará marcha atrás”.
Fundada en 1961, Amnistía Internacional es una de las principales organizaciones globales de derechos humanos. Ha denunciado repetidamente los abusos cometidos por Moscú, tanto en el contexto de la guerra en Ucrania —donde ha documentado presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad— como en la creciente represión interna contra activistas, periodistas y ciudadanos disidentes.
(Con información de AP/AFP)
