En medio de la conmoción por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, los exjefes negociadores del proceso de paz Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo lanzaron duras críticas contra el gobierno de Gustavo Petro por lo que califican como su falta de compromiso con la protección de la oposición y la implementación efectiva del Acuerdo de Paz de 2016.
Según el comunicado divulgado por ambos exfuncionarios, la muerte de Uribe Turbay constituye “un durísimo golpe al Acuerdo de Paz de 2016”, ya que él no solo lideraba la oposición desde el primer lugar de la lista al Senado por el Centro Democrático, sino que representaba el espíritu de transición política que implicó el proceso de paz y el desarme de las Farc, según comentaron.
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Destacaron que el acuerdo contenía como uno de sus principios básicos “romper el vínculo entre política y armas”, y que, para proteger a la oposición, se estableció el compromiso de crear garantías efectivas para el ejercicio político en el país.
“Siempre dijimos que un principio y un objetivo fundamental del Acuerdo era romper el vínculo entre política y armas. Eso supuso, por una parte, el desarme de las FARC y su tránsito a la vida civil en el marco de un acuerdo que deja sin piso cualquier noción de lucha armada. Y por la otra, como dice el Acuerdo, que “en un escenario de fin del conflicto se deben establecer las máximas garantías posibles para el ejercicio de la política” y en particular “unas mayores garantías para el ejercicio de la oposición política”, señala el comunicado
De la Calle y Jaramillo recordaron que el Estatuto de Garantías para la Oposición, producto de más de un cuarto de siglo de intentos infructuosos, otorga a la oposición derechos como “disponer de los mismos medios que el Presidente de la República para responder a su intervención en la instalación del Congreso”, exigir “el mismo tiempo a la misma hora en las cadenas de televisión que las alocuciones presidenciales” y asumir automáticamente curules en los principales órganos legislativos cuando no ganan las elecciones, garantizando así la pluralidad y el control político.
No obstante, los exnegociadores insistieron en que el derecho esencial en el contexto colombiano es la protección física, crucial en un país históricamente marcado por la violencia política.
Citando el Estatuto, enfatizaron que la ley prevé “programas de protección y seguridad… para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición”, enmarcados en el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, reglamentado en 2017.
