El exvicepresidente de Colombia, Francisco ‘Pacho’ Santos, expresó su profundo rechazo a la decisión emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la sanción restaurativa aplicada al último Secretariado de las Farc-EP por los secuestros cometidos durante el conflicto armado.
El fallo, que estableció trabajos restaurativos por ocho años en lugar de penas privativas de la libertad, provocó una fuerte reacción por parte de Santos, quien fue víctima directa de secuestro por parte del cartel de Pablo Escobar en 1990.
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En un emotivo video difundido este jueves, Santos relató el impacto que tuvo el secuestro tanto en su vida personal como en la de miles de familias colombianas.
“Me ha hecho este video porque tengo el corazón roto y no sabía cómo expresarme sin ese dolor que siento. A mí me secuestró Pablo Escobar en el año 1990. La corona de Pablo Escobar era Francisco Santos. Diana Turbay fue una de las personas que secuestraron, a ella la mataron. Yo estuve encadenado a una cama ocho meses”, inició “Pacho” Santos.
El exvicepresidente recordó que tras su liberación, canalizó su experiencia fundando la organización País Libre junto a su esposa, con la intención de atender y visibilizar el sufrimiento de las víctimas.
“Vimos familias destruidas, vimos ancianos como unos niños llorando por sus hijos. Vimos mujeres que se crecían cuando les tocaba asumir la responsabilidad de la casa. Vimos como el efecto del secuestro no era solo la familia que tenían un funeral sin muerto, era una desaparición, eran todos los amigos, era todo su círculo social”.
Santos rememoró el contexto nacional durante los años noventa, en los que organizaron marchas masivas contra el secuestro, la violencia y la impunidad.
“Teníamos tres mil secuestros. Salíamos de Bogotá y nos secuestraban la FARC. Salía uno de Medellín, lo secuestraban la FARC. Estábamos secuestrados en nuestras ciudades. Ese era el país que nos tocó vivir”, sigue Santos con su arremetida a la JEP.
El exvicepresidente describió el clímax de la protesta ciudadana: “Hicimos otras marchas gigantes que empezaron en pueblos, en ciudades. Al final, más de diez millones de colombianos salieron a las calles diciendo: ‘¡No más este horror del secuestro y de la violencia!’”.
Santos relató que fue perseguido y forzado al exilio por liderar estas movilizaciones: “Por eso me tocó irme de Colombia, por liderar esa protesta de la ciudadanía”.
Sobre la decisión de la JEP, Santos rechazó el mecanismo restaurativo aplicado a los responsables de las Farc: “Esa lucha por la libertad, por la decencia, sufrió en Colombia una derrota única. Y única porque viene de un tribunal, de un supuesto tribunal que por veintiún mil secuestros que ellos aceptan, ¿saben qué los condenan o a qué los condenan? ¿A sembrar árboles, a hacer actos de restauración que no van a hacer? Mire, finalmente van a acabar sembrando lechugas después de haber cometido toda clase de crímenes y eso me duele en el alma”.
Santos cuestionó la falta de perdón y el impacto de la decisión en la memoria de las víctimas: “Nunca van a pedir perdón. La FARC nunca pidió perdón, no van a pedirla. Magistrados, yo no sé si ustedes tuvieron familiares secuestrados, no sé si ustedes sintieron el dolor de todos los secuestrados de Colombia. Esa decisión que tomaron es una vergüenza para ustedes, para sus familias, para Colombia y para la libertad”.
El exvicepresidente afirmó que la decisión de la JEP representa una derrota para el país y una pérdida de libertad y justicia para quienes padecieron el secuestro.
“Esa decisión que tomaron ojalá no los deje dormir, porque cientos de miles de colombianos que sufrieron eso, directa o indirectamente, quedaron sin dormir noches enteras, meses enteros, años enteros. Y ustedes borraron ese dolor, se lo entregaron a las Farc como un regalo”, relato Santos.
La decisión de la JEP: sanción restaurativa y exigencia de verdad
Según la resolución del tribunal, el antiguo Secretariado de las Farc-EP —entre ellos Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria y otros máximos responsables— recibió una sanción restaurativa que incluye el trabajo en búsqueda de desaparecidos, lucha contra minas, proyectos de memoria histórica y reparación simbólica a las víctimas.
La JEP destaca que esta sanción es la máxima contemplada en el acuerdo de paz, tras el reconocimiento de responsabilidad y la entrega de verdad en crímenes de guerra y de lesa humanidad, y resalta que “estos comparecientes nunca habían rendido cuentas ante la justicia ordinaria, y la impunidad por estos crímenes alcanzaba el 92%”.
Los condenados deberán permanecer bajo monitoreo, limitaciones de movilidad y un régimen de condicionalidad por ocho años, involucrándose en proyectos progresivos que van desde la búsqueda de desaparecidos hasta la memoria y la reparación simbólica.
La JEP advirtió que el cumplimiento de estas sanciones se someterá a vigilancia tanto del tribunal como de la Misión de Verificación de la ONU.
El tribunal subrayó que este proceso permitió reconstruir la magnitud de los delitos, identificar daños materiales y psicosociales en las víctimas y dar voz a las familias afectadas.
“En el Caso 01, el tribunal estableció que ocurrió un fenómeno de macrovictimización y un daño sistémico. Se reconocieron daños sufridos por las víctimas a bienes, ingresos, salud física y mental, identidad, existencia, sexualidad, moral, ambiental y territorial”, indicó el comunicado.
Además, la JEP señaló que esta es la primera sentencia de máxima sanción por secuestro a altos responsables de la extinta guerrilla, y que otras sentencias continuarán en curso. Actualmente, la inclusión de nombres en el registro estatal de víctimas y posibles reparaciones administrativas están bajo revisión institucional.
