La reapertura judicial de una denuncia por acoso laboral ha destapado uno de los episodios más oscuros de la Iglesia Española. Los abusos sexuales en el seminario de Astorga en los años noventa y su presunto encubrimiento durante décadas por parte de varios obispos.
El protagonista de esta historia es un sacerdote al que el diario El País ha bautizado como “Juan Bautista”, que asegura haber vivido “un infierno” durante más de treinta años, primero como víctima y después como denunciante.
El Obispo de Córdoba, en el punto de mira
El actual obispo de Córdoba, Jesús Fernández González, figura en el centro de la polémica. Hasta marzo de 2025 fue responsable de la diócesis de Astorga (León), tiempo durante el cual el denunciante asegura que sufrió un “trato degradante” y represalias laborales.
La denuncia judicial, presentada en 2024 y aun bajo instrucción, lo señala por ignorar sus peticiones de auxilio cuando convivía con un hombre que, según el sacerdote, consumía pornografía, contrataba prostitutas y las vejaba, todo ello en una vivienda eclesiástica.
Sobre este periodo, Juan Bautista afirma que no se “sintió defendido ni cuidado, y mi confianza y afecto hacia usted se quebró totalmente”. La diócesis sostiene que la denuncia contra Fernández fue archivada en diciembre del año pasado, aunque el sacerdote asegura que nadie se lo ha comunicado.
La herida original: abusos en el seminario
Los hechos se remontan a 1993. Juan Bautista llegó al seminario de Astorga con 15 años. Denuncia que allí sufrió abusos por parte de un seminarista mayor de edad, identificado por el mismo medio como A.O., quien, según su testimonio, se metía en las camas de menores y mantuvo con él una relación abusiva entre los 16 y 18 años.
El sacerdote alertó por escrito al rector y al obispo de entonces, Antonio Briva Miravent. Ambos fallecieron sin impulsar ninguna investigación. “Ahí empezó mi calvario, mi estigma y mi cruz que duran hasta el presente” recuerda.
El agresor siguió vinculado a menores
Aunque a A.O. se le impidió ser ordenado sacerdote, la diócesis le permitió finalizar los estudios de Teología y obtener la titulación necesaria para impartir Religión. En 1999 fue enviado como profesor a O Barco de Valdeorras (Ourense), dentro del ámbito pastoral de Astorga.
Quince años después, en 2014, fue condenado por abusar sexualmente de ocho menores. La Fiscalía pidió 19 años de prisión, pero un acuerdo judicial le dejó en dos años de pena, sin ingreso en cárcel, y con inhabilitación docente de por vida.
Para Juan Bautista, aquel encubrimiento marcó el inicio de su persecución interna.
Represalias bajo cuatro obispos
El sacerdote afirma que, tras denunciar los abusos, su vida cambió por completo. Enumera tres décadas de represalias bajo cuatro protagonistas: Antonio Briva Mirabent, Camilo Lorenzo, Juan Antonio Menéndez y, por último, Jesús Fernández, el único vivo.
Habla de “trato denigrante y vejatorio, destinos de castigo durante más de 13 años, destituciones de todo ministerio sacerdotal, remuneraciones indignas y alojamientos sucesivos en viviendas insalubres, vandalizadas o en situación ilegal”.
Recuerda haber sido enviado a zonas remotas en casas “usadas como cuadras, con ventanas rotas y sin calefacción”. La diócesis, además, nunca le costeó las terapias psicológicas por las secuelas de los abusos.
Según su denuncia, el objetivo era claro: empujarle a abandonar la Iglesia Católica o dejar el sacerdocio.
El episodio que desencadena la causa actual
Entre 2022 y 2024, Juan Bautista fue alojado en un piso propiedad de la diócesis junto a un hombre cuya conducta, asegura, agravó su trauma. Era, según su relato, consumidor de pornografía a gran volumen, contrataba prostitutas y las acosaba.
El sacerdote grabó audios y vídeos que envió al obispo. En uno de esos mensajes que envió por burofax, le advirtió: “Su inacción a la hora de denunciar ni sacar de la casa a este señor me obliga a denunciar…”.
La respuesta de Fernández por correo electrónico, en julio de 2023, fue esta: “La legislación presente es muy permisiva en estos casos y difícilmente nos permitirá sacarle si paga puntualmente el alquiler; ya ves que es muy difícil expulsar, incluido a los okupas”.
El inquilino se marchó temporalmente, pero el obispado renovó su contrato tras el verano y le dio más espacio. El sacerdote sostiene que tuvo que soportar esta convivencia durante 21 meses.
Reapertura judicial
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Astorga archivó la causa inicialmente sin practicar diligencias. Pero en marzo de 2025, la Audiencia Provincial de León ordenó su reapertura porque “la finalización de la instrucción de la causa, sin efectuar ninguna diligencia de investigación, resulta precipitada”.
En paralelo al proceso judicial, el sacerdote presentó una denuncia canónica a través de la nunciatura española. La dirigió al Dicasterio de los Obispos, lo que supuso una tramitación anómala.
Juan Bautista asegura que el “omnipotente círculo de los denunciados” sigue ocupando puestos clave en la curia y que su caso fue ocultado “al informe de la comisión episcopal y a la auditoría Cremades” sobre abusos en la Iglesia española.
