Francisco Javier Martínez Peromingo, quien formó parte del equipo directivo sanitario de la Comunidad de Madrid al inicio de la pandemia de covid-19, declaró ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba que advirtió sobre el riesgo de discriminación que implicaban las directrices enviadas en 2020 a los geriatras de residencias de mayores. Según publicó El País, el tribunal orienta su investigación a determinar si esas instrucciones impulsadas en la primera ola restringieron el traslado de ancianos a hospitales en un contexto de saturación hospitalaria y elevada mortalidad en geriátricos.
El análisis de los hechos, detalló El País, comenzó tras el fallecimiento de una interna en Sanitas Torrelodones. El caso llevó al tribunal a examinar los protocolos oficiales, comunicaciones internas y mensajes privados entre responsables del Servicio Madrileño de Salud, con el propósito de clarificar si existieron órdenes expresas para limitar hospitalizaciones de residentes, incluso en situaciones donde el traslado podía beneficiar clínicas concretas. La investigación no se limita a establecer la responsabilidad de los altos cargos políticos que participaron en la gestación de estas directrices, sino que también indaga sobre el grado de autonomía del personal sanitario en residencias y hospitales a la hora de atender a este grupo poblacional.
Durante su citación, Martínez Peromingo manifestó que sus advertencias se transmitieron formalmente y mediante mensajes personales, incluyendo comunicaciones por WhatsApp a Carlos Mur, otro exalto cargo del sistema sanitario madrileño, según consignó El País. Peromingo señaló explícitamente la preocupación ante las posibles consecuencias de los protocolos, con énfasis en el impacto sobre las decisiones de los médicos en residencias y la autonomía clínica en el manejo de pacientes vulnerables. Estas comunicaciones reflejan la tensión interna generada por la presión hospitalaria y la aplicación de criterios de priorización en las fases más graves del brote.
El juzgado también citó a comparecer a Carlos Mur y Pablo Busca, implicados en el diseño y ejecución de los mismos protocolos durante los primeros meses de expansión del coronavirus. El País reportó que una de las finalidades fundamentales de estas comparecencias es reconstruir la secuencia de decisiones administrativas y determinar el grado de participación de cada responsable en la difusión de órdenes restrictivas, con la intención de aclarar si la acción política y directiva limitó el acceso de los ancianos a la atención hospitalaria y alteró su pronóstico vital en un contexto de crisis.
Junto a la diligencia sobre cargos políticos y técnicos, el tribunal escuchó la declaración de dos médicos geriatras de hospitales como el Puerta de Hierro y el Gregorio Marañón. Uno de estos especialistas aseguró ante el tribunal que desconocía la existencia de los protocolos cuestionados y confirmó que sus decisiones clínicas durante la pandemia se basaron en la valoración individual de cada paciente, descartando la aplicación de instrucciones generalizadas sobre los traslados hospitalarios. Este médico negó haber intervenido en el caso de la residente fallecida en Sanitas Torrelodones y afirmó no disponer de recuerdos sobre los detalles clínicos, informó El País.
Por otro lado, El País informó que ni Carlos Mur ni Pablo Busca se presentaron ante el tribunal en la fecha inicialmente prevista, motivo por el que la acusación particular solicitó la posibilidad de emitir órdenes de busca y captura. El objetivo era garantizar la comparecencia de ambos antiguos responsables y prevenir suspensiones adicionales en la instrucción de la causa.
El contexto judicial se produce sobre un escenario de alta mortalidad en residencias madrileñas entre marzo y mayo de 2020, asociado a la sobrecarga de los hospitales y la escasez de recursos para la atención directa de personas mayores institucionalizadas. Según detalló El País, las pesquisas buscan esclarecer si las directrices redactadas por la administración autonómica bloquearon el acceso a recursos hospitalarios para personas en situación de especial fragilidad, y cómo estas decisiones pudieron influir en el pronóstico y la atención proporcionada a miles de pacientes en las etapas más críticas del brote.
El Juzgado de Instrucción número 2 revisa detalladamente las instrucciones institucionales emitidas durante marzo de 2020, junto con la correspondencia cruzada entre el Servicio Madrileño de Salud y quienes estaban al frente del cuidado en residencias. El propósito es establecer si la gestión administrativa condicionó la calidad del tratamiento recibido por los colectivos más vulnerables y si las decisiones tomadas pudieron estar relacionadas directamente con desenlaces fatales, conforme detalló El País.
Simultáneamente, la Audiencia Provincial de Madrid sopesa la posibilidad de fusión de las investigaciones abiertas por muertes en residencias durante la pandemia en una macrocausa bajo competencia del Juzgado de Instrucción número 3, informó El País. Esta acumulación ha encontrado obstáculos debido a la inhibición de algunos juzgados, lo que prolonga la dispersión de investigaciones y dificulta la valoración coordinada de pruebas y testimonios.
La instrucción judicial dirigida desde Collado Villalba incluye como objetivo el esclarecimiento de eventuales responsabilidades penales o administrativas, tanto de quienes participaron en la creación, aprobación o ejecución de los protocolos para la gestión de residencias durante la primera ola de la covid-19. El País subrayó que la dispersión de documentos, declaraciones y expedientes obstaculiza la obtención de una visión global sobre el impacto de estas órdenes y las posibles consecuencias para la población de mayores en la Comunidad de Madrid.
Mientras prosiguen las investigaciones, el examen de las instrucciones, sus razones y los sistemas de control puestos en marcha en el pico de la emergencia sanitaria continúa. El procedimiento se mantiene orientado a dilucidar posibles responsabilidades derivadas de la toma de decisiones en la crisis sanitaria y la repercusión de esas actuaciones en la vida de uno de los colectivos más expuestos a la enfermedad, según explicó El País.
