Tres jueces federales realizaron este lunes unos 60 allanamientos en bancos, compañías financieras y casas particulares en causas en las que investigan a Ariel Vallejo, de la empresa Sur Finanzas, la financiera cercana a autoridades de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), por maniobras con el dólar blue, y al financista Elías Picirillo, por maniobras similares durante el gobierno de Alberto Fernández.
También se investiga la supuesta connivencia de exfuncionarios del Banco Central con las maniobras relacionadas con Picirillo, dijeron fuentes judiciales.
Los allanamientos, en algunos casos realizados en los mismos domicilios, fueron ordenados por las juezas federales María Servini, María Eugenia Capuchetti y el juez federal Sebastián Casanello.
En los tres procedimientos, efectuados en causas que están bajo secreto de sumario, se buscó documentación relacionada con maniobras efectuadas durante la vigencia del cepo cambiario, que consistían el obtener dólares del Banco Central a precio oficial y luego venderlo en el mercado paralelo a un precio mucho mayor. Ocurrió al final del gobierno del Frente de Todos, entre 2022 y 2023.
La causa de la jueza Servini se inició en 2024 y la magistrada trabaja con el fiscal Carlos Stornelli. Allí se investiga la compra de unos 1500 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, cuando Sergio Massa era ministro de Economía.
La sospecha principal de los investigadores judiciales apunta a que estas divisas se obtuvieron al valor del dólar oficial en entidades bancarias para luego ser canalizadas hacia el mercado informal.
En esta trama aparecen Sur Finanzas y Ariel Vallejo, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, sponsor en la AFA y prestamista de los clubes en problemas financieros.
La madre de Vallejo
Entre los allanamientos ordenados por Servini se realizó un procedimiento en la casa de la madre de Vallejos en Banfield.
Los allanamientos fueron al menos 60, según informó a LA NACION una fuente que interviene en el caso. Se ordenaron operativos tanto en la ciudad de Buenos Aires como en distintos puntos del conurbano y en Bahía Blanca.
El fiscal Stornelli impulsó el 27 de diciembre de 2024, en marzo de este año intervino la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), y además se dispusieron tareas de investigación por parte de la división lavado de activos de la Policía Federak, para ubicar todas las casas de cambio.
De manera paralela se buscaron los legajos societarios de cada una de las empresas involucradas en la causa, unas 35 que están distribuidas en todo el país. Una vez identificadas todas las casas de cambio, se empezó a buscar los titulares de cada una de las empresas, accionistas y directivos.
El 23 de diciembre, el fiscal Stornelli ordenó a la DAJUDECO que remitiera un informe parcial, en base al que solicito 56 allanamientos y medidas cautelares sobre casi un centenar de personas.
Del trabajo de la DAJUDECO, elaborado únicamente sobre cinco casas de cambio, surgió que entre enero y agosto de 2023, cinco personas, cada una una representando a cinco casas de cambio diferentes, retiraron en efectivo U$S 474.846.739.
Así se llegaron a los procedimientos de este lunes realizados por personal de la Policía Federal Argentina, en los que se secuestran papeles, dispositivos electrónicos, sumas millonarias en pesos, y armas de fuego, dijeron fuentes judiciales.
El expediente se abrió por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que elaboró su presentación a partir de reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con eje central en las compras de dólares que 18 casas de cambio hicieron a través de dos bancos en un lapso políticamente sensible, el comprendido entre enero y octubre de 2023, justo antes de las elecciones presidenciales.
Según la denuncia, “por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión, la UIF estimó que pondrían en crisis su origen y licitud”.
Más allanamientos
Otros procedimientos realizados en la mañana de este lunes fueron ordenados por la jueza Capuchetti. En este caso la denuncia es de 2021 y fue realizada por el BCRA que detectó actividades ilícitas con el dolar en el mercado negro. Los allanamientos de Servini y Capuchetti fueron, en algunos casos, en los mismos bancos y casas de cambio, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.
Por otro lado, el juez federal Casanello avanzó con una causa, que venía investigando junto con el fiscal Franco Picardi, a raíz de las actividades de Picirillo. El financista, que fue marido de Jésica Cirio, está en prisión domiciliaria, en Banfield, con una tobillera electrónica. Fue procesado por fraguar un procedimiento contra otro financista, Francisco Hauque, a quien le “plantó” cocaína.
Este lunes por la mañana hubo seis procedimientos, entre ellos se entregó una orden de presentación de documentación en el propio Banco Central. Lo hicieron policías de la División de Investigaciones de Organizaciones Criminales que decomisaron celulares, notebooks, computadoras y “todo tipo de soporte con almacenamiento digital”.
Piccirillo es investigado por sus operaciones como financista. Un sumario en curso contra una de sus casas de cambio, Arg Exchange, reveló que en 2023 —en pleno auge del cepo del dólar— vendió US$250 millones a otras entidades que no justificaron el origen de los fondos.
Los movimientos de Arg Exchange revelan que se activó en 2023. Entre enero y diciembre de ese año, compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar. La cifra exacta, entre el 26 de enero y 19 de diciembre, fue de US$251.933.029, según los registros a los que accedió LA NACION. Esto significa un ritmo de compra diario de 768.000 dólares.
“Hay vinculaciones con funcionarios del Banco Central de la gestión anterior”, dijo a LA NACION una fuente judicial. Los procedimientos realizados en la mañana de este lunes fueron solicitados por el fiscal Picardi.
