El Tribunal Administrativo de Antioquia decidió no tramitar la demanda que Empresas Públicas de Medellín (EPM) había interpuesto contra el consorcio CCC Ituango, encargado de la construcción del proyecto Hidroituango.
La determinación se sustentó en que el proceso ya había sido resuelto por un laudo arbitral emitido por la Cámara de Comercio de Medellín.
De acuerdo con el Auto 225 de 2025, la sala de decisiones concluyó que carece de competencia para continuar con la acción judicial, dado que “las controversias entre las partes ya habían sido plenamente resueltas por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín, que en diciembre de 2024 profirió un laudo definitivo”. La reclamación que presentó EPM ascendía a cerca de $9,9 billones, correspondientes a los perjuicios derivados de la emergencia ocurrida en 2018.
La decisión del tribunal se conoce cuatro años después de que la empresa pública iniciara el proceso, el cual fue radicado en 2021. En su momento, la compañía buscaba obtener una indemnización por los costos que asumió debido al colapso de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) del río Cauca, que generó la contingencia más crítica del megaproyecto.
Durante el trámite, el Tribunal antioqueño había solicitado a EPM corregir algunos aspectos formales para dar continuidad al proceso. Sin embargo, luego de analizar los antecedentes, determinó que el caso no podía seguir su curso en la jurisdicción contenciosa, puesto que el Tribunal de Arbitramento ya había emitido un fallo en firme sobre la responsabilidad de las empresas contratistas.
En diciembre de 2024, el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín resolvió que el consorcio CCC Ituango, integrado por Camargo Correa Infra Limitada, Constructora Conconcreto S.A. y Coninsa Ramón H S.A.S., no fue responsable del colapso ocurrido en abril de 2018. Según la decisión, las pruebas aportadas no demostraron que las firmas incurrieran en fallas constructivas o incumplimientos contractuales que hubiesen provocado el daño.
La compañía Conconcreto confirmó públicamente la decisión de la justicia antioqueña y recordó que el laudo arbitral zanjó las controversias entre las partes. Con ello, se ratifica que las reclamaciones formuladas por EPM ya fueron atendidas por el mecanismo de arbitraje y no pueden volver a discutirse ante otro tribunal.
El resultado representa uno de los capítulos más relevantes dentro de las disputas legales asociadas al Proyecto Hidroeléctrico Ituango, considerado el más importante en la historia energética del país. Para EPM, la demanda buscaba recuperar parte de los recursos invertidos durante la contingencia, que afectó de manera temporal la operación del proyecto y generó gastos adicionales en mitigación ambiental y social.
La empresa había presentado la acción con base en las facultades de control de controversias contractuales. En junio de 2024, el Tribunal había admitido inicialmente la demanda, aunque su competencia fue posteriormente reevaluada tras conocerse el fallo arbitral de la Cámara de Comercio. Con el nuevo pronunciamiento, se ratifica que las diferencias contractuales entre las partes quedaron cerradas.
El megaproyecto Hidroituango se desarrolló sobre el curso del río Cauca, entre los municipios de Ituango y Briceño, en el norte de Antioquia. Su diseño incluyó un muro de contención de 225 metros de altura, una casa de máquinas con ocho turbinas para generación eléctrica y una compleja red de túneles que atraviesa la montaña. En total, la obra abarca unas 30 hectáreas, distribuidas en 12 municipios del departamento.
La emergencia de 2018 marcó un punto crítico en la construcción. El colapso del túnel de desviación bloqueó el cauce del río, lo que elevó de manera acelerada el nivel del embalse. Según informes técnicos de la época, el agua comenzó a subir a una velocidad de hasta 20 metros por día, mientras los demás túneles permanecían sellados. La situación obligó a la evacuación de miles de habitantes y al rediseño de varias fases del proyecto.
Con la decisión más reciente del Tribunal de Antioquia, se da por cerrado un litigio que se extendió por más de cuatro años y que involucró uno de los reclamos económicos más altos en la historia de la empresa pública. Ahora, el desarrollo del proyecto continúa bajo la supervisión de EPM, que mantiene la operación de las primeras unidades generadoras y proyecta completar las etapas restantes en los próximos años.
