Un tribunal federal de apelaciones ha determinado este viernes que la Administración del presidente Donald Trump probablemente actuó de forma ilegal al intentar cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que permitía a cerca de 600.000 venezolanos vivir y trabajar en Estados Unidos, una postura defendida previamente por otro juez federal, que ordenó posponer el fin de este programa.
El dictamen ha sido emitido por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que ha respaldado también la competencia del juez de distrito Edward Chen –el primero en pronunciarse a este respecto– para emitir un fallo definitivo en la causa que cuestionaba la revocación del TPS para ciudadanos venezolanos antes de la fecha límite establecida por la Administración del expresidente Joe Biden.
«Al promulgar la ley TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal que fuera predecible, confiable y aislado de la política electoral», ha razonado el panel de tres magistrados en su resolución emitida este viernes, en la que señala además que los demandantes han sufrido un perjuicio «irreparable» que afecta sus vidas, sus familias y su estabilidad económica.
Sin embargo, el Gobierno ha cuestionado la competencia del juez Chen para objetar la decisión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que dispuso el fin de estas protecciones «alegando la preocupación por la ‘confusión’ causada por la prórroga anterior», así como la consecución de «mejoras notables» en la situación en Venezuela.
«Seguir permitiendo a los venezolanos (con TPS) permanecer en Estados Unidos no beneficia los intereses estadounidenses», agregó Noem y así lo recoge el auto de este viernes.
Contrario a la postura de la Casa Blanca, el Tribunal de Apelaciones ha autorizado, con un fallo unánime de sus miembros, que el juez Chen continúe con el caso y emita un veredicto definitivo.
La reversión de la extensión del Estatus de Protección Temporal, otorgada inicialmente por el exsecretario Alejandro Mayorkas, dejó sin protección a aproximadamente 350.000 venezolanos en abril. En el marco de esta misma decisión, se estima que otros 250.000 podrían perder su estatus en septiembre, en función de como se vaya desarrollando el proceso judicial.
El juez Chen había ordenado ya la suspensión temporal de la cancelación del TPS, pero dicha medida fue anulada por la Corte Suprema en mayo, dando lugar a numerosas deportaciones. Ahora, el tribunal de apelaciones coincide con esta primera visión ofrecida por Chen al subrayar que el objetivo del TPS no es otro que ofrecer un periodo de estabilidad legal a quienes lo reciben, y que la anulación abrupta de esas protecciones va en contra de la intención legislativa.
«Los beneficiarios del TPS se enfrentaron de repente al temor de perder prematuramente su estatus en cuestión de semanas o meses. Para muchos, esto significaba la pérdida de sus empleos y la posibilidad de ser deportados a un país que había sido declarado inseguro apenas un mes antes; para otros, la posibilidad real de separación familiar de sus parientes con un estatus más permanente. Cientos de miles de titulares del TPS (…) podían convertirse en objetivo de detención y deportación», reza el fallo.
La decisión final queda ahora en manos del juez Chen, que habrá de emitir una sentencia definitiva sobre el fondo del caso, si bien cabe la posibilidad de que cualquier decisión contraria a la posición del Gobierno de Trump sea probablemente apelada ante la Corte Suprema de EEUU.
