La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pidió que tanto el gobierno provincial de Axel Kicillof como la Justicia Bonaerense apliquen la llamada ley antimafias para que la totalidad de los involucrados en el triple crimen en Florencio Varela sean juzgados con la misma pena. La funcionaria marcó que “todos son asesinos” y anticipó que todos los participantes en algún momento de la captura y muertes de Lara Fernández, Brenda del Castillo y Morena Verdi podrían tener cadena perpetua.
“Nosotros le hemos propuesto a la provincia de Buenos Aires y a la Justicia de la provincia de Buenos Aires que pongan en marcha la ley antimafia, la ley contra el crimen organizado”, pidió Bullrich sobre la norma que suprime las diferencias en los castigos de la Justicia según el rol dentro de la organización criminal. Es decir, todos reciben la misma pena y cada integrante es culpable por el hecho de ser parte. Desde el jefe hasta abajo.
“Para nosotros son asesinos los que miraron el video, los que asesinaron, los que iban en el auto, todos”, dijo durante una conferencia de prensa que brindó en San Isidro.
Para aplicar la ley 27.786, a la iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación se deben adherir el gobierno de la provincia en el cual se cometió el delito y la dependencia judicial a cargo del caso. Además de las bandas ligadas al narcotráfico, contempla a las que llevan a cabo el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.
“Esta ley pone a la Argentina a la vanguardia de la investigación contra las organizaciones criminales y las barre a todas. Las barre de por vida, porque todos estos, si sigue así la investigación de la provincia de Buenos Aires, van a tener perpetua”, manifestó la ministra.
El proyecto de Ley Antimafias lo lanzó el oficialismo a través del Ministerio de Seguridad y de Justicia de la Nación. Fue basado en la Ley Federal de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (conocida como RICO, por sus siglas en inglés), la cual entró en rigor en los Estados Unidos a comienzos de la década de los setenta como consecuencia del crecimiento de las pandillas y bandas criminales. También se apoyó en la política de mano dura en El Salvador aplicada por su presidente Nayib Bukele contra “las maras”.
“Esta es la ley que hoy tiene la Argentina y que a la provincia de Buenos Aires le estamos pidiendo, por favor, que la aplique”, reiteró Bullrich sobre la norma, que fue habilitada por primera vez en la ciudad santafesina de Rosario a mitad de julio pasado tras ser aprobada en el Congreso en febrero y promulgada por el Gobierno Nacional a principios de marzo. “Todos van a tener la máxima pena que vaya a tener el máximo exponente de esa organización”, remarcó.
Bullrich habló en la Plaza Alsina de San Isidro, luego de las detenciones que tuvieron lugar en Perú el martes a la noche de Tony Jenzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, el sindicado líder narco peruano acusado de haber pergeñado los crímenes, y Matías Agustín Ozorio, apuntado como su mano derecha. Participaron la Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Luis Alejandro Rollé; y el director general de Cooperación Internacional (Interpol), el comisario mayor Marcelo Fabián Chiappero. La ministra, además, presentó una flota de 18 patrulleros destinados al municipio de San Isidro que conduce Ramón Lanús, quien también estuvo presente.
En mayo, Rosario fue la ciudad que se eligió para que debute la Ley Antimafias. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial del 13 de mayo, prevé que las autoridades pidan al Poder Judicial que declare a esta ciudad “zona sujeta a investigación especial”, una figura que incluye la nueva normativa y les da a las fuerzas de seguridad y a la Justicia Federal mayores herramientas para la lucha contra el crimen organizado.
Kicilllof, por su parte, deberá afrontar ahora una decisión sobre una ley que en espíritu ha recibido mayoría de críticas por parte del espacio que integra, pero que ya ha tenido fisuras internas en el Congreso. Cuando llegó al Senado, la Ley Antimafias rompió el bloque de UxP, ya que dos miembros que responden a provincias signadas por la penetración narco votaron a favor con el oficialismo: Marcelo Lewandowski (Santa Fe) y Carolina Moisés (Jujuy). En cambio, el resto de la bancada kirchnerista se retiró antes de la votación.
Por su parte, Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, destacó el operativo llevado a cabo con el gobierno de Perú para dar con los paraderos de los principales sospechosos, pero salió a plantear que la manera en la que Bullrich anunció anoche la captura de Ozorio, en redes sociales y casi dos horas antes de la de “Pequeño J”, casi frustra la captura de este último.
Es que, según el funcionario bonaerense, ambos habían planeado un punto de encuentro en la ciudad de Lima tras fugarse de la Argentina. “La estrategia para atrapar a ‘Pequeño J’ casi se frustra por el oportunismo político”, le cuestionó el ministro de Provincia a su par de Nación sobre el líder narco, atrapado en la ciudad de Pucusana, a unos 70 km de la capital peruana.
“Ozorio lo estaba esperando para encontrarse y a partir de allí, seguir caminando juntos. Nosotros sabíamos que Ozorio estaba ya en Perú hace un par de días, porque teníamos intervenido su teléfono también”, contó Alonso, que también dijo que las autoridades de la Policía Nacional de Perú habían solicitado máxima reserva sobre los operativos. “No comuniquen esto porque él se va a bajar del encuentro, no va a llegar.
