Este 2025 se cumplen 40 años del Juicio a las Juntas, tal vez el hecho más extraordinario de la historia jurídica contemporánea de la Argentina. Las cuatro décadas transcurridas desde la lectura de las condenas a los comandantes, en diciembre de 1985, ayudan a abrir preguntas en torno al Juicio. También invitan a explorar respuestas nuevas frente a afirmaciones controvertidas que se fueron sedimentándo en todo este tiempo.
El primer interrogante que nos planteamos tiene que ver con el modo en que fuimos olvidando o dejando de lado lo ocurrido entonces. ¿Por qué las reflexiones en torno al Juicio necesitaron tantas décadas para reaparecer en el medio de la vida pública argentina? ¿Por qué recién ahora volvemos a conversar sobre el tema (así, luego de la aparición de películas como Argentina, 1985, de Santiago Mitre y Mariano Llinás, o El Juicio, de Ulises de la Orden)? Tal vez la evolución de la política nacional contenga algunas de las pistas que buscamos.
Seguramente, que el Juicio se desarrollara durante la presidencia de Raúl Alfonsín encierra parte de esa explicación. Por un lado, el logro único representado por el juzgamiento de los crímenes de la dictadura hizo que muchos gobiernos posteriores al del 83, de signo político distinto, quisieran ocultar el valor de lo ocurrido: se trataba del silenciamiento, antes que del olvido. Por otro lado, el mal final que, para tantos, tuvieron esos juzgamientos (primero, por el dictado de las leyes de las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida”; luego, a partir de los indultos de Menem) provocaron que muchos prefirieran no recordar aquel período. Más que amnesia, se trataba de reprimir la memoria de una desilusión.
En la actualidad, también es la política partidaria la que –incluso, a veces, a su pesar– termina colocando al Juicio en el escenario público. Es probable que esto ocurra debido a las frustraciones con los distintos gobiernos que se sucedieron antes, durante y después de la pandemia. A la luz de una historia reciente marcada por fracasos económicos y planificaciones absurdas, el Juicio a los comandantes aparece como la expresión de un enorme triunfo colectivo: en 1985, con una democracia todavía frágil y tambaleante, con enorme coraje cívico y siempre con la ley en la mano, pudimos enjuiciar a quienes hasta entonces aparecían como los dueños de la vida y la muerte.
Con mayor perspectiva histórica, hoy podemos reconocer la excepcional singularidad de los juzgamientos. En efecto, los casos de justicia transicional con los que puede compararse el Juicio argentino se cuentan con los dedos de una mano: los Juicios de Nuremberg, en 1945; los Juicios de Tokio, en 1946; el Juicio a los Coroneles en Grecia, en 1975. Aún en relación con aquellos sucesos excepcionales, el ejemplo de la Argentina destaca como único: en nuestro país no se creó un tribunal ad hoc para llevar adelante los juicios, como en Alemania o en Japón; las condenas no fueron decididas por un tribunal militar especial, como en Grecia; y, además, aquí se optó por juzgar a los acusados a partir de delitos ya tipificados por el derecho vigente asegurando las garantías constitucionales que esos mismos jefes de las Fuerzas Armadas les habían negado a miles de personas.
Así, el Juicio demuestra que, aún en el marco de un país que suele avanzar “al margen de la ley”, como sostenía Carlos Nino, es posible actuar de manera ejemplar y responsable. Hoy, con un gobierno que desvaloriza al mundo jurídico, el Juicio a las Juntas se erige como prueba de que con las herramientas propias del Estado de derecho se puede contribuir a hacer justicia, con respeto y decencia, sin abusar de los otros y sin recurrir a la violencia.
En el libro Cuando hicimos historia. Acuerdos y desacuerdos en torno al Juicio a las Juntas, publicado este año, reunimos a protagonistas y estudiosos del tema para examinar algunas preguntas que fueron ganando peso en estos años. Una primera cuestión fue el papel de la política en torno al Juicio. ¿Es que (como, en parte, lo sugiere la película 1985) la política asumió un rol hostil o –en el mejor de los casos– neutral, frente a los juicios? Conversar con figuras como Graciela Fernández Meijide, Ricardo Gil Lavedra o Martín Farrell nos llevó a considerar que, quizá, la política hizo posible lo que parecía improbable, como lo sugieren las muchas iniciativas tomadas por Alfonsín una vez llegado a la presidencia. En efecto, apenas asumido en el cargo, en diciembre de 1983, ordenó el enjuiciamiento de los integrantes de la Junta Militar y de las cúpulas guerrilleras. Y pocos días después, decretó la creación de la Conadep, la comisión de la verdad dedicada a investigar los crímenes de la dictadura. En sentido similar, la primera ley dictada por el Congreso fue la que derogó la ley de autoamnistía que había promulgado la dictadura. El Congreso también autorizó a la Cámara Civil (la que terminaría condenando a los comandantes) a actuar como instancia superior frente a las decisiones u omisiones del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, lo que terminó siendo clave para que el Juicio pudiera ejecutarse.
Reconociendo el peso de la política en la promoción de los juicios, nos preguntamos entonces si ello implicaba sostener la pasividad o apatía de la sociedad frente a tales iniciativas. ¿La decisión de juzgar a los principales responsables de los crímenes cometidos había sido tomada y ejecutada por la clase dirigente, a espaldas o en contra de la sociedad? Las conversaciones sostenidas con cientistas sociales como Elizabeth Jelin, Hilda Sábato, Emilio Crenzel, Catalina Smulovitz o Camila Perochena nos ayudaron a recordar las movilizaciones reclamando verdad y castigo, y los compromisos generalizados y consistentes que mantuvo la sociedad civil argentina en torno a la necesidad de hacer justicia frente a los crímenes de la dictadura. Jelin refirió, por caso, a una encuesta realizada a inicios de 1983 que mostraba que el 67% de la población tenía una actitud negativa o muy negativa respecto al posible dictado de una ley de autoamnistía militar. De igual modo, Pablo Gerchunoff recordó que, según estudios de opinión realizados cerca del final del Juicio, el 86% de la ciudadanía se había manifestado a favor del mismo.
También exploramos asuntos en su momento descuidados, como los relacionados al género en el desarrollo del Juicio. Diana Maffía y Marcela Rodríguez advirtieron el hecho de que todos los principales actores que quedaron en la memoria colectiva como protagonistas del Juicio fueron varones. También destacaron que, a la hora de definir las condenas, las violaciones sexuales sobre mujeres no fueron consideradas por los jueces de 1985.
Reflexionar sobre el Juicio a las Juntas implica no solo recordar un momento trascendental de nuestra historia –el “momento noble” de la historia argentina, según Carlos Altamirano– sino también fortalecer nuestras convicciones para afrontar las dificultades del presente. Cuando, desde la política, se piensa al derecho como oportunidad para la trampa o el abuso y, desde la economía, se desdeña a la ley como mero “curro” o costo, el Juicio a las Juntas nos recuerda que el derecho puede servir, también, para hacer mejor el mundo.
