Tras años de amenazas por desahucio, 16 familias de un edificio ubicado en Casarrubuelos, un municipio en el sur de Madrid, han conseguido formalizar sus contratos de alquiler con la Sareb, la sociedad encargada de gestionar miles de activos inmobiliarios procedentes de la crisis financiera y conocida como el “banco malo”. Y es que, según denuncian desde el Sindicato de Inquilinas, a pesar de que la Sareb es una entidad de titularidad pública, “ha estado actuando como un fondo buitre tratando de desalojar a las familias”.
El edificio pertenecía a una constructora, pero entró en concurso de acreedores y en 2018 la Sareb adquirió el bloque. No obstante, aclara a Infobae España Ruth Galán, portavoz del sindicato, son los fondos Blackstone, Servihabitat y KKR quienes se ocupan principalmente de la gestión de estos inmuebles.
“Estamos contentos por haber logrado contratos de alquiler por otros siete años más, es una victoria. Pero hay que entender que las viviendas las gestionan estos fondos y ya sabemos todos a lo que se dedican”, critica Galán, también vecina del edificio, en referencia a las prácticas que estas empresas utilizan para forzar la salida de inquilinos, como son “las subidas elevadas del alquiler, presión para desalojar y falta de mantenimiento en las viviendas”. Las familias aseguran que seguirán luchando porque se han visto obligadas a firmar algunas “cláusulas abusivas”, como tener que pagar la tasa de basuras cuando es un gasto que debe asumir el propietario, o incluso cláusulas que califican de “ilegales” donde consta que el arrendador “puede entrar en casa del arrendatario dos veces al año”. “Se sienten con total impunidad”, lamenta Galán.
Contratos con bonificación que pueden ser modificados
La situación de esta vecina, al igual que otras familias vulnerables, es aún más delicada. Según explica, debería pagar 900 euros de alquiler al mes, pero debido a sus escasos ingresos por estar desempleada, se ha acogido a un contrato de acompañamiento social en el que se le aplica una bonificación durante el primer año de contrato. Sin embargo, añade, en otra cláusula del acuerdo, “el arrendatario se acoge a su derecho de rectificar y modificar la medida sin previo aviso” al inquilino.
“Si me quitan esa bonificación, a mí me cobrarían 900 euros al mes y automáticamente saben que yo incurriría en impago porque no llego con los actuales ingresos que tengo. Es decir, están anunciando un alquiler social, cuando en realidad lo que están haciendo es otra estrategia con este tipo de contratos. Ahora los servicios sociales vendrán a preguntarme cada mes o dos meses si tengo trabajo o si he pedido ayuda a Cruz Roja para comer, en vez de facilitarme el acceso a oportunidades laborales mediante, por ejemplo, una bolsa de trabajo”, lamenta.
Por ello, aunque los vecinos celebran haber firmado estos contratos tras años de lucha y así “poder respirar tranquilos”, Galán cree que “siguen estando en manos de estas empresas”. “Es pan para hoy y hambre para mañana”, añade ante la incertidumbre de qué ocurrirá cuando transcurran los siete años de contrato, teniendo en cuenta cómo evoluciona el mercado de la vivienda con unos precios cada vez más altos en todo el territorio. “Esperemos que no nos retiren la bonificación y no lleguen más amenazas de desahucio”.
Meter tu vida en cajas por miedo a que te desalojen
De hecho, durante los tres años que han durado las negociaciones con la Sareb, Galán estuvo a punto de ser desalojada en dos ocasiones, por lo que se acostumbró, de alguna manera, a tener buena parte de su vida “metida en cajas”. “Ha sido un sinvivir constante, nunca sabías si te iban a desalojar, y esto nos ha pasado factura a todos a nivel psicológico”, relata.
Por todo ello, desde el Sindicato de Inquilinas reclaman que los contratos de alquiler sean de carácter indefinido para garantizar una mayor estabilidad y protección a las personas arrendatarias. La organización sostiene que la limitación temporal de los contratos “favorece la especulación y la rotación forzada de inquilinos”, dificultando la consolidación de proyectos de vida a largo plazo.
Lo que también han conseguido los vecinos de Casarrubuelos en las negociaciones es el compromiso de la Sareb para rehabilitar el edificio, pues espacios como los garajes “están completamente inundados”. En ese sentido, Galán asegura que “van a seguir luchando” por lograr mejoras.
