WASHINGTON.– Estados Unidos suspendió el martes el procesamiento de solicitudes de residencia y ciudadanía para migrantes de 19 países –incluidos Cuba, Haití y Venezuela– en una nueva escalada de la política antiinmigratoria del presidente Donald Trump. La medida, adoptada tras el asesinato de una agente de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, afecta tanto a quienes buscan ingresar al país, como a quienes ya residen en territorio estadounidense y esperan una resolución migratoria.
El gobierno justificó la decisión en “riesgos para la seguridad nacional” y en fallas recientes en los mecanismos de evaluación de antecedentes, según un memorando oficial de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) publicado el martes por la noche. El documento, ordena una revisión “exhaustiva” y posibles entrevistas adicionales para todos los migrantes de países considerados “de alto riesgo” que hayan ingresado desde enero de 2021, bajo la presidencia de Joe Biden.
La suspensión alcanza las solicitudes de “green cards”, naturalizaciones y otros beneficios migratorios. El levantamiento de la medida queda en manos del director de Uscis, Joseph Edlow, lo que deja a miles de migrantes en un limbo administrativo.
Los países incluidos en la pausa abarcan a: Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, República del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán y Yemen, además de Cuba, Haití y Venezuela.
En el caso latinoamericano, la decisión se suma a un endurecimiento sostenido: Trump ha desplegado en los últimos meses un operativo militar sin precedentes en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, medida que Caracas considera un intento de desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro.
La orden refuerza además la política de vetos y restricciones de viaje que la administración Trump aplicó en junio, y que ya había afectado a ciudadanos de 12 países con prohibición total de ingreso y a otros siete con restricciones parciales. En aquel momento, no se tomaron medidas contra los migrantes de esos países que ya estaban en territorio estadounidense.
El detonante
El ataque que detonó la nueva ola de restricciones ocurrió la semana pasada, cuando un ciudadano afgano abrió fuego contra dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca. Uno de los soldados murió y el sospechoso, que ingresó al país en 2021 durante las evacuaciones tras la retirada militar de Afganistán, se declaró no culpable de asesinato. Para la Casa Blanca, el caso evidencia fallas en los sistemas de evaluación migratoria vigentes durante la administración Biden.
Tras el tiroteo, Trump volvió a prometer una ofensiva migratoria más amplia. Dijo que busca “pausar permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”. Su secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, reclamó incluso “una prohibición total de viajes” a más países y acusó a las naciones incluidas de “haber inundado” Estados Unidos con “asesinos, sanguijuelas y adictos”.
En paralelo, medios estadounidenses adelantaron que las autoridades federales preparan una gran operación de control migratorio en Minnesota que se centrará en comunidades somalíes, lo que ya desató un enfrentamiento con autoridades locales: la policía estatal anunció que no cooperará con operativos que considere discriminatorios.
La nueva directiva de USCIS va más allá de la pausa en trámites. Según el memorando, la agencia reexaminará también todas las solicitudes de residencia permanente de ciudadanos de países “preocupantes” y revisará casos aprobados durante la administración Biden. En 90 días se elaborará un listado priorizado de migrantes para revaluación y eventual derivación a autoridades migratorias u organismos de seguridad.
La semana pasada, Uscis ya había suspendido todas las decisiones de asilo, mientras que el Departamento de Estado paralizó las visas para afganos que colaboraron con Estados Unidos durante la guerra. También se ordenó revisar los expedientes de todos los refugiados que ingresaron bajo el mandato de Biden.
Organizaciones de derechos humanos y expertos migratorios criticaron la medida, señalando que implica un “castigo colectivo” y una politización extrema de los procesos administrativos. Para los migrantes de los 19 países afectados —muchos de ellos bajo regímenes autoritarios o en contextos de guerra y crisis humanitaria—, la decisión significa un freno abrupto a la posibilidad de regularizar su situación y una profundización de la incertidumbre.
Agencias AP y AFP
