El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha designado este lunes como «organización terrorista nacional» a «Antifa», abreviatura con la que se alude frecuentemente al movimiento antifascista pese a que no tiene estructuras sólidas, líderes o listas de miembros, afirmando que «exige explícitamente el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos».
«Antifa es una organización militarista y anarquista que exige explícitamente el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos, las autoridades policiales y nuestro sistema legal», reza la orden firmada por el presidente estadounidense.
La Administración Trump ha defendido así que «Antifa» lleva a cabo «esfuerzos coordinados para obstruir la aplicación de las leyes federales mediante enfrentamientos armados con las fuerzas del orden, disturbios organizados, agresiones violentas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otros agentes del orden», así como «la divulgación sistemática de información personal y otras amenazas contra figuras políticas y activistas».
Washington ha asegurado que este movimiento «recluta, entrena y radicaliza a jóvenes estadounidenses para que participen en esta violencia y la represión de la actividad política», y, adicionalmente, «emplea medios y mecanismos elaborados para ocultar la identidad de sus agentes, ocultar sus fuentes de financiación y operaciones con el fin de frustrar a las fuerzas del orden».
«Este esfuerzo organizado, diseñado para lograr objetivos políticos mediante la coerción y la intimidación, constituye terrorismo doméstico», recoge el documento difundido por la Casa Blanca, que apunta también a que tanto «Antifa» como quienes «actúan en su nombre se coordinan además con otras organizaciones y entidades con el fin de difundir, fomentar y promover la violencia política y reprimir la expresión política legítima».
De este modo, la Administración Trump ha establecido que «todos los departamentos y agencias pertinentes utilizarán todas las facultades pertinentes» para investigar y desmantelar toda operación ilegal «llevada a cabo por Antifa o cualquier persona que afirme actuar en su nombre, o para la cual Antifa o cualquier persona que afirme actuar en su nombre haya proporcionado apoyo material».
La decisión ha llegado después de que el pasado miércoles confirmase que cumpliría con lo sugerido dos días antes y también, en múltiples ocasiones, durante su primer mandato, entre 2017 y 2021.
