WASHINGTON.- Mientras Donald Trump avanza a paso firme en su escalada militar en el Caribe contra lo que denomina el “narcoterrorismo”, en paralelo también creció en las últimas semanas una inusual ola de preocupación entre legisladores republicanos y aliados del presidente norteamericano, lo que ha expuesto algunas fisuras en torno a una campaña de alto impacto con la que también busca amedrentar al régimen venezolano de Nicolás Maduro.

Si bien hasta ahora no hubo rechazos contundentes en las filas de Trump al despliegue -con el anuncio del despliegue del mayor portaviones del mundo, el USS Gerald R. Ford, como última muestra de poderío-, sí hay inquietud por la estrategia lanzada por la Casa Blanca sin consultas ni autorización del Congreso y presión para obtener más información de los ataques contra varias embarcaciones, que ya dejaron 43 muertos.

En los últimos días, tres senadores republicanos expusieron en público sus preocupaciones por la escalada, en la previa de una votación en el Capitolio, la semana entrante, de una resolución bipartidista que busca prohibir los ataques de Estados Unidos “dentro o contra” Venezuela sin autorización explícita del Congreso.

“Tenemos responsabilidades de supervisión y esperamos obtener respuesta a nuestras preguntas”, señaló en una entrevista Mike Rounds (Dakota del Sur), miembro del Comité de las Fuerzas Armadas.

Más duro fue Rand Paul (Kentucky), que advirtió que los ataques en el Caribe “van en contra de nuestra tradición”, y argumentó que “cuando Estados Unidos mata a alguien, es necesario saber su nombre”, y que “al menos hay que acusarlo de algo”.

El jueves, en una comparecencia junto a Trump, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, insistió en que las Fuerzas Armadas confirmaron que cada embarcación atacada está traficando drogas.

“Hay que presentar pruebas. Todas estas personas han sido asesinadas sin que sepamos sus nombres, sin ninguna prueba de delito”, reforzó Paul, que junto a los senadores demócratas Tim Kaine (Virginia) y Adam Schiff (California) presentaron la resolución bipartidista, preocupados por que la orden del gobierno de una acción encubierta de la CIA en Venezuela pueda desencadenar una guerra abierta.

La republicana Susan Collins (Maine), miembro del Comité de Inteligencia, dijo el miércoles pasado que le gustaría ver al Senado “aprobar una resolución que autorice su fuerza o impida su uso”, en referencia a las facultades de Trump en esta ofensiva.

La medida, de todas formas, no prosperaría, al no contar con el respaldo republicano suficiente para avanzar (necesita que cuatro senadores oficialistas la respalden). Y en caso que sí lo hiciera, Trump la vetaría, señalan en el Capitolio.

“No voy a pedir necesariamente una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a personas que están trayendo drogas a nuestro país. ¿De acuerdo? Vamos a matarlos, ya saben, van a estar muertos”, dijo Trump el jueves, sentado junto a Hegseth.

Las voces republicanas con cierto tono disidente no quedaron solo en en el Capitolio. Otros aliados de Trump y de la órbita MAGA (“Make America Great Again”) también expresaron algunos reparos al despliegue militar, que Maduro calificó como una “guerra eterna”.

“Se supone que hay incentivos para terminar con las guerras y los conflictos en todo el mundo. Sin embargo, aquí tenemos este conflicto con Venezuela que solo va a escalar”, dijo en una entrevista la activista Laura Loomer, muy cercana a Trump y que ganó prominencia en los círculos políticos de la extrema derecha norteamericana.

“¿Esto es un caldo de cultivo para el neoconservadurismo 3.0?”, se preguntó, por su parte, Steve Bannon, exestratega de Trump que en las últimas horas dijo que hay “un plan” para que el presidente vuelva a presentarse como candidato en 2028, pese a la prohibición que establecer una enmienda de la Constitución.

“Catástrofe evitable”

Curt Mills, un analista político conservador y director ejecutivo de la revista The American Conservative, advirtió que “se sigue avecinando una catástrofe evitable” y cuestionó la legalidad de los operativos militares en el Caribe, que se extendieron al Pacífico.

“Maduro no es una gran amenaza para Estados Unidos, sino más bien un Muammar Khadafy latino. Un cambio de régimen corre el riesgo de provocar otra crisis de refugiados”, señaló, en referencia al dictador libio que fue asesinado tras una revuelta en 2011.

“El gobierno norteamericano está renunciando a la esperanza de que los líderes militares venezolanos se rebelen y derroquen a Maduro. Dado que no ha habido fisuras en el régimen, la Casa Blanca parece ahora decidida a tomar las riendas”, indicó Geoff Ramsey, analista de Venezuela e investigador principal del Atlantic Council, en Washington.

“Eliminar a Maduro y sus cómplices es la parte fácil. Lo difícil es evitar un colapso como el de Libia en un país que está a solo tres horas de avión al sur de Miami”, advirtió.

James Story, quien se desempeñó como el principal diplomático en Venezuela durante la primera administración Trump y permaneció en el cargo durante parte del gobierno de Joe Biden, dijo en una entrevista con Politico que, a diferencia de aquella etapa del magnate (2017-2021), la política estadounidense se está calibrando para inquietar a las élites venezolanas cercanas a Maduro y persuadirlas para derrocar al presidente.

Dudas sobre la inteligencia

En medio del creciente debate por la campaña militar de Trump, el senador republicano Thom Tillis (Carolina del Norte) también se refirió a la ausencia de una autorización formal del Congreso para el uso de la fuerza militar y las dudas sobre la información de inteligencia que sustenta los ataques en aguas internacionales.

“Esta es una discusión legítima entre las dos ramas del gobierno que siempre deberíamos tener”, dijo Tillis, miembro del panel de las Fuerzas Armadas. “Creo que debemos ser muy cautelosos al hablar de ordenar un ataque cinético”, añadió.

“Siempre estamos ansiosos por obtener más información” de la Casa Blanca, dijo otro senador republicano, John Curtis (Utah). Su colega Jon Husted (Ohio), en tanto, se mostró confiado en las explicaciones que la administración Trump había ofrecido hasta ahora para justificar los ataques, pero que “a medida que se desarrollen nuevos hechos, es posible que tenga o no más preguntas”.

A la par de las inquietudes de varios republicanos, los principales demócratas de los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado exigieron detalles sobre el papel de las agencias de espionaje en los ataques contra barcos en el Caribe y el Pacífico.

El viernes, en una carta dirigida a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, se quejaron de que prácticamente no han recibido información sobre el tema desde que comenzaron los ataques, a pesar de las reiteradas solicitudes.

En la misiva, el congresista Jim Himes (Connecticut) y el senador Mark Warner (Virginia) preguntaron si los abogados de las agencias de espionaje han intervenido en la legalidad de los ataques, que, según los críticos, violan el derecho norteamericano e internacional.