El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha justificado este miércoles la reciente ley aprobada por el Parlamento que limita la autonomía de las dos grandes agencias anticorrupción independientes por la supuesta injerencia rusa dentro de las mismas. «Hay que limpiarlas de la influencia de Moscú», ha dicho.
«La infraestructura anticorrupción funcionará, pero sin la influencia rusa. Hay que limpiarla de ella. Y debe haber más justicia», ha dicho Zelenski en un discurso dirigido al país tras hablar con los jefes de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO).
Zelenski ha asegurado que ambas oficinas seguirán funcionado, si bien la ley aprobada este martes en la Rada Suprema prevé que la figura del fiscal general pueda intervenir en las investigaciones de las mismas, dar nuevas instrucciones y archivar casos, al mismo tiempo que limita las funciones del jefe del SAPO.
En ese sentido, Zelenski ha señalado que es necesario que los delitos no queden sin castigo y que se investiguen los casos que aún permanecen «latentes», aludiendo a los de aquellos «funcionarios que han huido de Ucrania» y durante años han estado viviendo de manera «muy agradable» en el extranjero y «sin consecuencias legales».
«Esto no es normal. No hay una explicación racional de por qué procedimientos penales por valor de miles de millones han estado ‘colgados’ durante años. Y no hay explicación de por qué los rusos todavía pueden obtener la información que necesitan», ha afeado el presidente ucraniano.
«Es importante que la sociedad realmente vea que no hay injerencia y rusa y que el castigo es inevitable», ha incidido Zelenski en su primera declaración pública a unos hechos que se han acelerado esta semana, en medio de numerosos registros a estas oficinas, arrestos y escándalos relacionados con filtraciones a Rusia.
Sin embargo, también han llegado desde Bruselas muestras de preocupación por esta maniobra legislativa que mermar las capacidades de estas dos agencias. La NABU se encarga de investigar de manera independiente de la Fiscalía General casos de corrupción entre altas figuras del Estado con la supervisión de la SAPO.
