El abogado Ibor Fernandes, accionista de BBVA y socio de Statera Legal, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por la consulta pública que el Gobierno abrió el pasado 6 de mayo sobre la OPA que BBVA quiere lanzar sobre Sabadell, según el comunicado remitido por el bufete de abogado del que es socio.
Además, Fernandes ha pedido la adopción de una medida cautelar consistente en la suspensión de la utilización de los resultados de la consulta pública.
El despacho de abogados explica que el pasado 8 de mayo le requirió al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que el cese de la «vía de hecho» derivada de la apertura de una consulta pública «sin cobertura legal y con diferentes defectos formales de gravedad».
La firma dio un plazo de diez días desde el requerimiento que, sin embargo, no ha sido atendido, y por tanto se ha interpuesto ya este lunes el recurso con petición de medida cautelar. Sobre este último aspecto, el comunicado señala que se pide suspender el uso de los datos obtenidos por la consulta y que el objetivo de tal petición sería «evitar la pérdida de la finalidad legítima del recurso» y «aseguraría la efectividad de la futura sentencia».
Sobre los argumentos para presentar el recurso, el bufete de abogados sostiene que la consulta es «contraria» al principio de igualdad y no discriminación, puesto que la formulación de la misma es diferente en función de si el interesado considera o no que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación entre BBVA y Banco Sabadell.
Además, señala que el proceso para cumplimentar el formulario está «ausente» de cualquier autenticación de identidad del usuario, lo que infringiría, según la firma, la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
Esto cobraría «mayor relevancia» considerando la posibilidad de que una «suplantación a gran escala» (como un ataque informático podría «tergiversar líneas de opinión que el Gobierno ha manifestado que va a tener en consideración». Con respecto a esta cuestión, el bufete subraya que es «de especial transcendencia» en un contexto donde existen «intereses en la desestabilización de las democracias occidentales por determinados actores ajenos en el contexto geopolítico».
Statera Legal también cree que el procedimiento seguido no se corresponde con aquel al que se vinculan las preguntas formuladas en la consulta, lo que infringe la Ley de Defensa de la Competencia y que la consulta «no tiene cabida formal» en el ordenamiento jurídico, «dado que no existe precepto habilitante para realizarla en el procedimiento previsto para la intervención del Consejo de Ministros».
En resumen, el bufete defiende que este procedimiento podría tener una «afectación» del interés público por la utilización de los datos recabados «sin ningún rigor y respaldo jurídico». Además, insiste en que se ha vulnerado el principio de igualdad y no discriminación del artículo 14 de la Constitución, de tal forma que cree que necesario impugnar la consulta en vía jurisdiccional y suspender de manera cautelar la utilización de los resultados.
Desde el pasado 5 de mayo, Economía está todavía analizando la OPA de BBVA sobre Sabadell para tomar una decisión sobre si eleva o no el expediente al Consejo de Ministros, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) diese su ‘visto bueno’ a la operación con una serie de compromisos pactados con BBVA. Para este procedimiento, el ministerio cuenta con un plazo de 15 días laborables, por lo que el plazo acaba este martes, 27 de mayo.
Sin embargo, ese mismo lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la apertura de una consulta pública para recabar información que ayudase al Ministerio de Economía a tomar una decisión sobre si eleva o no la operación al Consejo de Ministros.
La consulta –orientada a conocer criterios de interés general afectados por la operación, distintas a la de la competencia– estuvo abierta entre el 6 y el 16 de mayo y desde entonces Economía ha estado limpiando y analizando los datos. Hoy, el responsable del departamento económico, Carlos Cuerpo, ha anunciado, además, la intención de publicar un informe analítico sobre la consulta en el futuro.
Si finalmente decide elevar el expediente de la OPA al Consejo de Ministros, el Gobierno contará con un mes para analizarla y determinar si incluye más requisitos de interés general a la operación.