(Desde San Pablo) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido que se establezca un sistema de monitoreo permanente para verificar el cumplimiento por parte de Brasil de las recomendaciones sobre la reconstrucción tras las devastadoras inundaciones que asolaron el sur del país hace un año, entre abril y mayo de 2024. Las inundaciones afectaron a casi todos los municipios del estado de Río Grande do Sul y a más de 2,3 millones de personas, causando 182 muertos, con daños comparables a los del huracán Katrina en Estados Unidos en agosto de 2005. Un informe de la Comisión, que se presentará el jueves en Brasilia, pone de relieve marcadas desigualdades en el proceso de reconstrucción.
Las comunidades indígenas, los quilombolas —donde viven los descendientes de los esclavos que huyeron de sus amos—, las familias con mujeres solas y quienes ya vivían en la calle se enfrentaron a graves obstáculos para acceder a la ayuda y los servicios públicos durante la emergencia. Sin embargo, estos obstáculos fueron aún mayores después de ella. “Estas catástrofes no son sólo naturales, sino que se ven exacerbadas por el abandono crónico”, afirmó, y añadió que “también reflejan una creciente vulnerabilidad climática, alimentada por el crecimiento urbano no planificado, la degradación del medioambiente y el racismo ambiental”.
Recordemos que entre los grupos más afectados se encuentran los indígenas, con cerca del 70% de sus territorios dañados y más de 80 comunidades afectadas. La falta de títulos de propiedad ha dificultado a muchos de ellos la obtención de ayuda de emergencia. Los ancianos también han resultado especialmente vulnerables, ya que representan más de la mitad de las víctimas a pesar de constituir sólo una quinta parte de la población. Además, decenas de miles de emigrantes y refugiados, sobre todo de Venezuela, Haití y Cuba, sufrieron daños materiales y la pérdida de sus principales medios de subsistencia. Javier Palummo, relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció el abandono crónico y las desigualdades estructurales que agravan las catástrofes naturales como la del año pasado.
Amnistía Internacional también hizo balance de la gestión de este desastroso acontecimiento para la población brasileña. Para la organización no gubernamental de derechos humanos, las medidas adoptadas fueron lentas e insuficientes. Las principales críticas se refieren al Plan de Reconstrucción de Río Grande do Sul, acusado de limitarse a reconstruir infraestructuras sin abordar las causas estructurales de los desastres, y al insuficiente acceso a las ayudas para vivienda, con retrasos, escasa cobertura y condiciones inadecuadas. Sólo se ha entregado una parte de las viviendas prometidas. “Este plan sigue adoptando estrategias que han demostrado su ineficacia en el pasado y han permitido que las tragedias se repitan, con efectos cada vez más graves,” ha declarado la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil, Jurema Werneck.
Amnistía también denunció la fragilidad de los servicios sociales esenciales, ya que 782 escuelas, 243 unidades sanitarias, 111 instituciones culturales y 69 centros de asistencia social sufrieron daños. El gobierno del estado de Río Grande do Sul reaccionó a las críticas afirmando que había destinado unos 7.000 millones de reales (1.236 millones de dólares) a acciones de emergencia y reconstrucción tras las inundaciones. También explicó que el fondo especial creado para el plan de reconstrucción, alimentado por la suspensión temporal de la deuda con el Estado central, cuenta con un total de 14.300 millones de reales (2.527 millones de dólares), pero hasta ahora sólo se ha utilizado o asignado concretamente una parte.
Un año después de las devastadoras inundaciones, unas 400 personas siguen viviendo en refugios provisionales y esperan soluciones definitivas para su alojamiento. Aunque muchas de ellas han sido seleccionadas para el programa federal “Compra Asistida”, hay retrasos burocráticos para acceder a los pisos, que cuestan de media unos 200.000 reales (35.336 dólares). El secretario para la reconstrucción de Río Grande do Sul, Maneco Hassen, declaró que en los próximos tres meses deberá concluirse la inclusión de las familias en este programa, que prevé ayudar hasta a 30.000 familias con una vivienda permanente. El programa forma parte del programa “Mi casa, mi vida” del gobierno, que permite a las personas con bajos ingresos comprar viviendas con ayudas.
El gobierno federal había prometido 22.000 viviendas, pero sólo se iniciaron unas pocas. En cuanto al gobierno de Río Grande do Sul, había previsto construir 2.500 casas, pero sólo construyó 332 viviendas provisionales. Construidas con contenedores, Amnistía las consideró inadecuadas por sus condiciones insalubres, como temperaturas internas excesivamente altas, falta de espacio e instalaciones insuficientes y aislamiento urbano. Estas viviendas provisionales tienen apenas 27 metros cuadrados para alojar a familias de hasta cuatro personas. De las 22.000 viviendas prometidas por el gobierno de Lula, sólo 5.600 tenían contratos firmados a finales de enero y 448 obras iniciadas, sobre todo en Porto Alegre y sus suburbios de Canoas.
Por eso, a finales de abril, los habitantes de Canoas se manifestaron exigiendo respuestas concretas a las autoridades. La población denunció el abandono del gobierno y exigió medidas urgentes como el refuerzo de los sistemas de contención, la construcción de viviendas permanentes, la continuación del programa de alquiler social y la inclusión de los que aún no han recibido ayuda. “El agua sobrepasó el tejado en tres metros y mi casa estuvo sumergida durante 35 días”, declaró una de las manifestantes, la pensionada Maria Inês dos Santos, de 70 años. La inundación afectó gravemente al territorio: más de 180.000 desplazados solo en Canoas, con ocho distritos sumergidos y daños estimados en 8.400 millones de reales (1.484 millones de dólares), principalmente en el sector de la vivienda.
“Hoy mi vida se ha reducido a una diminuta habitación de dos por dos metros. ¿Y dónde están las autoridades? Nuestro barrio está abandonado. Por eso estoy aquí, para impedir que todo vuelva a ocurrir”, concluyó. Los manifestantes entregaron una carta con peticiones urgentes, entre ellas transparencia sobre los fondos disponibles, mantenimiento de las infraestructuras hídricas, participación popular en la toma de decisiones y un plan de acción contra futuros fenómenos climáticos.
Este último es uno de los puntos más criticados por el informe de Amnistía Internacional, que destacó la falta de inversiones específicas en prevención climática, a pesar del alto riesgo de nuevas catástrofes. El documento también plantea dudas sobre el uso real de los fondos públicos destinados a la reconstrucción. De los 8.500 millones de reales (1.502 millones de dólares) ya destinados al Plan Río Grande do Sul, solo se han gastado realmente 1.700 millones, principalmente en infraestructuras como carreteras, intervenciones en cursos de agua y medidas de seguridad.
En cambio, iniciativas importantes para evitar nuevos desastres naturales, crear políticas de prevención y control, y tratar el cambio climático aún no tienen financiación segura ni un plan claro, según Amnistía. “El informe completo, previsto para finales de mayo, incluirá recomendaciones para mejorar la respuesta del Estado e implicar más estrechamente a las comunidades afectadas.”
Aunque se han anunciado ocho proyectos para la puesta en marcha de sistemas de prevención de inundaciones, ninguno de ellos se ha iniciado todavía. El gobierno federal ha destinado un fondo de 6.500 millones de reales (1.148 millones de dólares) a estas obras. Sin embargo, el desembolso depende de que el gobierno estatal presente proyectos, lo cual no ha ocurrido hasta ahora, según los parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT) en la Asamblea Legislativa de Río Grande do Sul.
En un comunicado, la representación del PT señaló que la administración estatal no ha manifestado formalmente su interés en firmar un acuerdo con el banco estatal Caja Económica Federal para recibir los fondos. “Esto ocurre a pesar de que ya han pasado cinco meses desde que el gobierno de Lula puso los fondos a disposición.” Por su parte, el gobernador Eduardo Leite, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), culpó al gobierno federal, quejándose de la demora en la definición de las reglas de utilización de los recursos.
Mientras tanto, los expertos llevan meses advirtiendo del riesgo de nuevos fenómenos meteorológicos catastróficos en Brasil, y no sólo en el estado de Río Grande do Sul. Según un estudio de la Agencia Nacional de Aguas (ANA) publicado a finales de abril, las inundaciones extremas como la que asoló el sur del país el año pasado podrían llegar a ser cinco veces más frecuentes. Sucesos que solían ocurrir cada 50 años podrían repetirse cada 10 años.
Además, el caudal de los ríos del sur de Brasil podría aumentar un 20%, con un aumento del nivel del agua de entre 50 cm y 1 metro solo en la región de Porto Alegre. Según el estudio, “las inundaciones del año pasado también pusieron de manifiesto las vulnerabilidades existentes en la planificación urbana, la gestión de los recursos hídricos y la comunicación de riesgos a la población.” Recordemos que la geografía del estado de Río Grande do Sul lo hace especialmente vulnerable al cambio climático. A pesar de que su capital, Porto Alegre, cuenta con un sistema de presas, estaciones de bombeo y compuertas construidas entre los años 40 y 70 para proteger la ciudad de las inundaciones, este sistema ha envejecido y ha fallado en algunas zonas, en parte debido a la falta de manutención.