La presentación del gobierno argentino ante la cámara de apelaciones de Nueva York de un pedido de extensión del plazo para cumplir con la solicitud de garantías que aseguren el cobro de la suma a la que fue condenado por sentencia firme pretende ganar tiempo para buscar alguna salida. La realidad parece inexorable. El juicio está perdido y la deuda ya suma más de 16.000 millones de dólares. El origen de la deuda proviene de las transferencias de acciones de YPF por parte de Repsol al grupo Petersen. Este último no había reclamado, en el momento de la expropiación de YPF, el derecho que le otorgaba el reglamento para exigir al expropiante la compra compulsiva de sus acciones al precio de la expropiación, tal como correspondía al socio mayoritario. Pero sí lo hizo el comprador de la quiebra: el fondo Burford.
De modo que los instrumentos jurídicos correspondientes a la venta eran valiosos para determinar la legitimidad del reclamo ante la jueza Loretta Preska. Los documentos están, sin duda, en manos de los firmantes: Repsol y Eskenazi. No es de nuestro conocimiento si están, pero deberían estarlo, en el juzgado de Ariel Lijo, donde se inició la acción penal por la denuncia de Elisa Carrió, y además en el expediente iniciado por el fondo Burford contra la Argentina, donde podrían haber sido ofrecidos por el demandado como prueba del origen delictivo de la operación.
Esos documentos son tres: un convenio de venta, un anexo de este convenio, un convenio de accionistas. Pero, en realidad, son tres partes de un mismo acuerdo. Las razones por las cuales se presentan fraccionadas tienen dos propósitos. Primero, justificar el aporte de miles de millones de dólares de un inversor insolvente. Segundo, desdibujar los aportes complementarios para que no aparezca el total en su real magnitud. Interpretando el texto en forma fraccionada o unificada, se producen tres escenarios distintos.
Primer escenario: si se toma aisladamente el convenio de venta, Petersen Energía –una pequeña compañía con 60.000 euros de capital– recibe un préstamo de 2300 millones de euros para comprar el 25% de las acciones de YPF, a pagar con los dividendos de esas mismas acciones. A esto se suman 200 millones de euros en concepto de comisión, por gestiones de lobby ante el gobierno argentino.
Segundo escenario: al incorporar el anexo, las cifras cambian. Repsol recibe una autorización para vender en la Bolsa de Valores acciones de YPF y obtiene así 2500 millones de dólares, además de otra autorización para vender activos, que concreta por un valor estimado de 2000 millones de dólares. También cambian los actores. Eskenazi, que en el primer escenario representaba a Petersen Energía, en el segundo mantiene esa representación, pero actúa además como representante oficioso del presidente Néstor Kirchner. En pocas palabras: Eskenazi asume compromisos que implican decisiones en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. Este no las asume explícitamente, pero las cumple escrupulosamente. Tales son los casos antes mencionados y el concerniente a la autorización para transferir a Repsol alrededor de 5000 millones de euros en concepto de dividendos atrasados.
Por si no está claro: Kirchner presidente ordenó pagos y tomó decisiones en beneficio de Repsol, para cancelar una deuda que Kirchner ciudadano había generado al comprar las acciones de YPF.
Tercer escenario: con el convenio de accionistas se incorporan nuevas normas de dudosa legalidad: “Las partes acuerdan distribuir en forma de dividendos el 90% de las ganancias en dos pagos anuales”. Y se avanza en el mismo documento estipulando lo que parece un compromiso para cometer un delito en el ejercicio del año 2006: “Las partes votarán a favor de un dividendo extraordinario de 850 millones de euros, pagaderos 50% en el ejercicio 2008 y 50% en el de 2009”. De modo que no es cierto que Repsol vendiera las acciones a un precio irrisorio. A lo pagado en el acuerdo original se deben sumar las cifras contenidas en los otros dos documentos, que elevan el total al menos a 7200 millones de dólares.
La desfinanciación de YPF, sumada a la caída del precio internacional del petróleo, condujo a Petersen a la quiebra y a la liquidación de sus activos, con la aparición de un nuevo actor: el fondo Burford Capital. En 2015, dicho fondo compró la quiebra de Petersen y accionó contra la Argentina por 3000 millones de dólares. Durante la mayor parte del tiempo que requirió el trámite del juicio, la Argentina fue gobernada por Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, quien fue jefe de Gabinete de Néstor, presunto autor de los delitos, con la vicepresidencia de su viuda, la propia Cristina.
Seguramente es tarde para subsanar la serie de irregularidades que ha conducido a este resultado. Pero es difícil evitar la sensación de que la Justicia neoyorquina, procediendo de acuerdo con la ley, y sobre la base de los elementos aportados por las partes le ponga el broche final a un verdadero despojo al pueblo argentino y un daño grave a la economía del país.