La Justicia federal procesó a un exdiputado salteño y a otros cinco imputados como miembros de una asociación ilícita que, con manifiestos de carga falsificados y aprovechando que el fondo de un establecimiento que usufructuaban daba a la frontera internacional, lograron enviar de contrabando unas 15.000 toneladas de granos. También serán investigados por lavado de activos. Por este caso, un empresario logró escapar antes de los allanamientos y huyó hacia Paraguay.
Según informó el Ministerio Público de la Nación, la fiscal federal Lucía Orsetti, de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal formalizó la imputación contra el exdiputado provincial Luis Gerónimo Cisneros, Alejandro Fernando Pedraza, Jean Denis y Leandro Nahuel Toledo, Jorge Gabriel Arenas y Willans Ygnacio Dorado, acusados de los delitos de asociación ilícita y contrabando agravado por el avalúo de la mercadería y el número de intervinientes, en grado de coautores.
La representante del Ministerio Público también le requirió a la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, la captura nacional e internacional del empresario Pablo Emanuel Arequipa, que logró huir horas antes de iniciados los nueve allanamientos del miércoles pasado en inmuebles comerciales y casas particulares de Salvador Mazza y Tartagal.
Como se informó en fiscales.gob.ar, la jueza dictó la prisión preventiva para cinco de los acusados, excepto para Arenas, encargado de uno de los depósitos allanados, que quedó en libertad sujeto al cumplimiento de reglas de restricción.
La investigación se inició el 21 de agosto del año pasado, tras una denuncia de María Mabel Tolaba, administradora en Tartagal de la Dirección General de Aduanas (DGA).
El miércoles pasado, en un operativo cerca de Caraparí, en el cruce de la ruta 34 y el río Itiyuro, efectivos de la Gendarmería controlaron tres camiones que transportaban unas diez toneladas de soja y maíz: un Scania, un Volvo y un Mercedes Benz que eran conducidos por los hermanos Toledo y por otro conductor que actualmente está prófugo.
Los efectivos detectaron irregularidades en las cartas de porte con las que se pretendía dar fe del transporte de la carga de granos y secuestraron la mercadería, valuada en más de 69 millones de pesos. Acto seguido, irrumpieron en dos inmuebles comerciales de Salvador Mazza, Klum y Exeni.
Según la investigación, esos dos predios están ubicados casi en la frontera, con una particularidad: sus fondos desembocan en territorio boliviano. También allanaron otros siete inmuebles, entre ellos la compañía Sergesa SRL –propiedad de Arequipa– y la sede de la empresa “LU.MA.CIS SRL”, propiedad del exdiputado Cisneros, que fue detenido cuando llegó hasta la firma al enterarse del procedimiento.
En los operativos, que también alcanzaron a las viviendas de los imputados, se secuestraron armas –entre ellas, una pistola 9 mm., una carabina con mira telescópica y cargadores-, máquinas de contar billetes, equipos de comunicación y documentación variada ligada a las cartas de porte adulteradas que las empresas solían confeccionar.
La fiscal mencionó que llamó la atención lo sucedido al momento de ingresar en la casa del empresario Arequipa. “Cuando el personal entró, estaba el aire acondicionado encendido, la comida sobre la mesa aún tibia, rastros de una fuga imprevista, de la cual se destaca el colchón todo tajeado, signos de que allí escondía sus ganancias”, explicó Orsetti, según informó el Ministerio Público en fiscales.gob.ar.
Las autoridades determinaron que los cargamentos de granos que llegaban en camiones a esos establecimientos durante la madrugada era traspasados a bolsas y cargados a vehículos de menor porte con los que la mercadería salía de Sergesa, pasaba por una escuela vecina y desde allí cruzaba a San José de Pocitos, Bolivia.
Según la acusación fiscal, el prófugo Arequipa y Cisneros, a través de sus respectivas empresas –Sergesa SRL y Spray and Seeds Agroservice S.A.S, del primero, y LU.MA.CIS SRL, del exdiputado– eran los líderes la organización delictiva. Pedraza fue señalado como “gestor, coordinador y hasta representante oficial de las empresas”.
“Según la hipótesis fiscal, los imputados trasladaban grandes volúmenes de granos hacia la frontera, en particular soja, trigo y maíz. Para ello, se valían de cartas de porte emitidas por titulares apócrifos a nombre de Arequipa o de la empresa de Cisneros. Así, burlaban el debido control aduanero y pasaban la mercancía a Bolivia de manera ilegal”, explicó la fiscal.
En una primera etapa de la maniobra “se coordinaba la documentación de transporte suficiente para iniciar el traslado, la cual era modificada en el control ubicado en la localidad de Aguaray, gracias a los oficios de Pedraza, entre otros implicados. Luego se cambiaba el destino de la carga -redireccionándola a los depósitos Klum y Exeni-, y también el destinatario y la empresa transportista. Asimismo, cambiaban el dominio del camión que realizaba el traslado por otro de un vehículo de menor porte -auto o camioneta- a fin de liberar ese transporte de la mercadería trasladada”, se informó en fiscales.gob.ar.
Para realizar los papeles la organización se valía de prestanombres, “personas de escasos recursos, carentes de capacidad operativa, económica y financiera para desarrollar las actividades declaradas”.
La fiscal agregó: “Se presume que [esos testaferros] eran dados de alta al solo efectos de emitir documentación de respaldo para el traslado de granos a lo largo y ancho del país -facturas, remitos y cartas de porte- siendo utilizados para que, luego de que la mercadería arribara a la zona de frontera, en la plataforma de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), figure como un transporte de mercadería efectuado bajo la modalidad planta a planta a fin de evadir las cargas tributarias pertinentes y evitar la trazabilidad de la mercadería, lo que facilitaba luego su contrabando a Bolivia”.
De los informes presentados a la causa por la Dirección General Impositiva (DGI) de la ARCA, surge que entre junio de 2022 y enero de 2024 Arequipa aparece como destinatario de un total de 15.599.962 kilogramos de granos, con destino registrado a nombre de la firma LU.MA.CIS SRL, propiedad del exdiputado Cisneros.
Por eso, “para la fiscalía queda claro que Arequipa se encargaba de la compra del cereal de origen marginal, luego Pedraza gestionaba el cambio de las cartas de porte para que la mercadería que arribara a Salvador Mazza, pero ya no a nombre de sus empresas ni de LU.MA.CIS. SRL”.
La fiscal detalló que las empresas Spray and Seeds Agroservice S.A.S y Sergesa S.R.L, propiedad de Arequipa, facturaron $1.418.351.259,65 durante 2024; en tanto, LU.MA.CIS. SRL facturó $44.990.220 entre mayo del 2023 y febrero del 2024, por un total de 119 comprobantes por servicios de rotura de granos de maíz y soja, tareas prestadas a Arequipa.
Arequipa y Cisneros aparecen vinculados, ya sea de manera directa o indirecta, en otros 11 legajos de investigación penal abiertos en esa sede fiscal por documentación irregular de transporte de granos, se informó.
