Santander (España), 20 may (EFE).- Un juzgado en España ha dado por concluido sin acuerdo un acto de conciliación del rey emérito Juan Carlos I en un caso por su derecho al honor ante las críticas de un político español, lo que abre la posibilidad de que pueda presentar una demanda.
Una jueza de Santander (norte) declaró terminado sin acuerdo el acto de conciliación instado por Juan Carlos I frente al expresidente del Gobierno regional de Cantabria (norte) Miguel Ángel Revilla.
Una vez resuelto sin acuerdo, el rey emérito puede formalizar ya la demanda anunciada contra Revilla por unas declaraciones que considera «injuriosas y calumniosas» y por las que le exige una rectificación y 50.000 euros.
En un decreto ya notificado, la letrada explica que ambas partes asistieron al acto de conciliación celebrado el pasado viernes: el rey emérito por medio de su procurador y de su abogada y Revilla personalmente y representado y asistido por su procuradora y su abogado, respectivamente.
Juan Carlos I, que reside en Abu Dabi, no acudió al acto, algo que había anunciado, aunque estaba en España para asistir a una competición de vela.
En el acto «no llegaron a acuerdo alguno ni fue posible avenir» a las partes, añade la resolución, por lo que se debe dar por terminado sin avenencia.
La letrada acuerda, por tanto, el archivo definitivo, si bien cabe la interposición de un recurso de revisión contra el decreto en el plazo de cinco días.
El pasado viernes Revilla no se retractó de sus palabras, en las que acusaba de corrupto y evasor fiscal a Juan Carlos I, y su defensa manifestó que eran «opiniones críticas» en base a informaciones de medios de comunicación.
La abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez, alegó que las informaciones periodísticas «no son sentencias judiciales» y las declaraciones del político «carecen absolutamente de base fáctica».
El acto, que duró menos de 15 minutos, está previsto en la ley española para alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito.
La Justicia española rechazó una querella contra el que fuera jefe de Estado en España de 1975 a 2014, cuando abdicó en su hijo Felipe VI, al considerar que no había delito, está prescrito o fue objeto de regularización tributaria. EFE