El 17 de abril último, el gobierno nacional emitió el decreto 274/2025, mediante el cual suprimió la facultad de la Unidad de Información Financiera (UIF) de intervenir como querellante en procesos penales. Lejos de representar una mejora en la arquitectura institucional del país, la medida constituye un retroceso grave que erosiona la insustituible capacidad del Estado para enfrentar el delito económico complejo y pasa a proteger, en los hechos, a quienes se encuentran imputados o acusados de haberse enriquecido ilícitamente a costa de los argentinos.
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo invoca como fundamento una supuesta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el marco de la evaluación internacional al país, según la cual la UIF no debería actuar como parte querellante por riesgos a su autonomía e independencia. Sin embargo, esa afirmación distorsiona el contenido del informe del organismo. El texto del GAFI señala que la Argentina debería “reconsiderar la oportunidad” de que la UIF y otras agencias actúen como querellantes “o, alternativamente, asegurar salvaguardas robustas que garanticen su imparcialidad”. Lejos de prohibir la intervención, el organismo internacional propone condiciones más seguras para su ejercicio. El Gobierno elige omitir este matiz esencial, falseando cuestionablemente la posición del GAFI para legitimar lo que es, en verdad, una decisión política burdamente regresiva.
La preocupación del GAFI por la independencia de la UIF es, de hecho, más amplia. El informe advierte también que los cambios en su personal deben responder a criterios técnicos, además de ajustarse a la normativa vigente. Esa recomendación adquiere especial relevancia ante la seguidilla de remociones ejecutadas por el actual gobierno durante y después de la evaluación internacional, motivadas por el impulso de querellas en causas de alto impacto político. Así ocurrió con el vicepresidente de la UIF, Manuel Tessio, apartado tras haber solicitado constituirse como querellante en la causa contra Martín Insaurralde. Lo mismo sucedió con el presidente del organismo, Ignacio Yacobucci, desplazado por su actuación en causas contra la expresidenta Cristina Kirchner. Ambos fueron reemplazados por figuras sin probada experiencia técnica en la materia aunque con notorios vínculos políticos y personales con el círculo de poder más cercano al presidente Javier Milei, particularmente con el asesor presidencial Santiago Caputo y un influyente empresario mediático residente en Miami.
La eliminación de la facultad de querellar no puede analizarse en forma aislada. Forma parte de un proceso más amplio de vaciamiento de la UIF, que incluye la drástica reducción de su presupuesto, la pérdida de recursos humanos calificados, la imposibilidad de actualizar sus sistemas tecnológicos y, en definitiva, el debilitamiento de su capacidad operativa para cumplir su mandato legal. Se consolida así un patrón de intervención deliberada, cuya consecuencia inmediata es la neutralización de una de las instituciones claves para el combate al crimen económico y la defensa del orden financiero.
La decisión del Poder Ejecutivo debilita la capacidad del Estado para luchar contra el delito económico y fortalece, en cambio, la impunidad de aquellos que han dañado las instituciones desde adentro
Los efectos de esta medida se harán sentir con especial crudeza en los procesos penales en curso, muchos de ellos vinculados a la corrupción estructural del pasado reciente. La UIF fue determinante en el impulso de causas como Cuadernos, Hotesur/Los Sauces, Ciccone bis y La Ruta del Dinero K bis, entre otras. Su rol como querellante no fue accesorio: aportó evidencia técnica, promovió el decomiso de activos y sostuvo acusaciones en instancias donde la prueba financiera era central. Los cambios introducidos implican un debilitamiento objetivo de la acusación y, en los hechos, un beneficio procesal tan impensado como injustificable para las defensas de los imputados. Esta regresión institucional ocurre justo cuando se aproximan los juicios orales de mayor relevancia de las últimas décadas en materia de corrupción y lavado, echando por tierra mucho de lo realizado.
Ante las fundadas críticas de especialistas, el ministro de Justicia ensayó una defensa que, lejos de aportar sólidos argumentos técnicos, recurrió a una retórica ya conocida: la equiparación de todos los gobiernos anteriores como responsables de haber usado políticamente la UIF. En esa estrategia de igualación vacía, el ministro empleó los mismos argumentos que durante años enarbolaron quienes hoy enfrentan cargos –o incluso han sido ya condenados y sancionados internacionalmente– por haber saqueado el Estado.
El problema no es que la UIF haya tenido la facultad de querellar, sino que hoy se la quitan para garantizar que no lo haga. Se desmantela así una herramienta legalmente consagrada, respaldada por jurisprudencia firme y utilizada con éxito para perseguir delitos complejos. Precisamente son sus aciertos y no sus fallas las que condujeron a esta decisión, particularmente por los buenos resultados obtenidos cuando las querellas apuntaron a personajes influyentes del poder político y económico. Es difícil no advertir que los principales beneficiarios de esta decisión son justamente aquellos que más tienen para perder si las causas prosperan.
La protección del orden económico-financiero, la transparencia pública y el Estado de Derecho no pueden quedar supeditados al interés coyuntural del gobierno de turno. La eliminación de la facultad de querellar de la UIF debilita la capacidad del Estado argentino para luchar contra el delito económico, y fortalece, en cambio, la impunidad de aquellos que han dañado sus instituciones desde adentro. Quienes con sus tan fundadas como ácidas críticas a la casta alzaron la bandera de la transparencia y el combate a la corrupción como promesa de campaña hoy eligen su mismo camino.