La oposición consiguió lo que parecía imposible. Contagiarle al oficialismo el vértigo que le produce el vacío de un liderazgo que la ordene. El Gobierno no preveía cerrar la semana con este escenario. El rechazo al capítulo XI empaña la media sanción del presupuesto en la Cámara de Diputados y le otorgó a la marcha de la CGT contra la reforma laboral un estímulo del que carecía. Esta novedad pone en crisis demasiado pronto a la reorganización del poder concebida por Karina y Javier Milei tras la victoria electoral del 26 de octubre. Y, en particular, a las negociaciones de Diego Santilli con los gobernadores para obtener un resultado más satisfactorio. Un ítem donde el déficit alcanza a la supervisión de Manuel Adorni sobre su tarea. El jefe del Gabinete y el ministro del Interior observaron desde el recinto el derrumbe de la estrategia de Martín Menem para votar el presupuesto por capítulos y no por artículos. El elemental error de cálculo del presidente de ese cuerpo volvió previsible el rechazo al que incluía todos los temas conflictivos.
El XI no solo contemplaba derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. También la restitución de la coparticipación a la ciudad, limitar beneficios con las tarifas del gas en zonas frías y la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Pero especialmente la condonación de la deuda por 500 mil millones de pesos que las empresas proveedoras de energía eléctrica mantienen con Cammesa. Un punto sensible con el comienzo del régimen de altas temperaturas.
Montada sobre la ciclotimia que se le atribuye, la versión del veto que meditaría el Presidente se convertiría en una frágil vía de escape al traspié. El presupuesto fue uno de los cuatro temas que propuso tratar en las sesiones extraordinarias que debían marcar el debut auspicio del bloque ampliado de La Libertad Avanza. Esa facultad, sin embargo, no bastaría para recomponer vínculos dañados con sus aliados. El Pro y la UCR fueron excluidos de la distribución de cuatro vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN) que compartió con Fuerza Patria y Gustavo Saénz. A diferencia de los de Tucumán, Misiones y Catamarca, que responden a Osvaldo Jaldo, Hugo Passalacqua y Raúl Jalil, los del gobernador de Salta votaron el capítulo XI. El caso de Tucumán es extraño. Fue la provincia que más Anticipos del Tesoro Nacional (ATN) recibió este año: 35 mil millones de pesos. Equivale a casi el 20 por ciento de la masa de recursos distribuidos, según la consultora Coordenadas de Florencia Simonini y Nicolás Lorenti.
Muy lejos, le siguen en ese orden Entre Ríos, Misiones y Salta, con 19 mil millones de pesos. Cada una recibió menos del 10 por ciento del total. Tal vez, sumas acordes a un contexto de contención del gasto para privilegiar el superávit fiscal. Lo que convierte en un caso llamativo al convenio de 24 páginas suscripto el 7 de julio por el Ministerio de Economía para asistir con 20 mil millones de pesos a Pinamar, cuyo municipio destinará a construir una planta de tratamiento de efluentes cloacales.
Aún con el antecedente de un contrato entre las partes de 2017, lo excepcional de esta obra es que es una de las pocas financiadas por el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires. Un prodigio atribuido a las incansables gestiones de Cristian Ritondo a favor de los intendentes del Pro. Ibarguren es un protegido de Ritondo que despliega en Pinamar su faceta de constructor e inversor inmobiliario. Ritondo es, sin dudas, el dirigente más incómodo con el desaire del gobierno al Pro en la AGN, donde Mauricio Macri esperaba que sea designado Jorge Triaca.
Ritondo fue decisivo para que los diputados del Pro voten iniciativas de Milei en la primera mitad de su mandato. Preside el bloque. Firmado por el subsecretario de Recursos Hídricos, Bernardo Heredia, y el intendente Juan Ibarguren, la excepcionalidad del acuerdo queda corroborada por la licitación organizada por el municipio. Para ganarla, Sabavisa S.A., de Américo Gualtieri, ofertó 20 mil millones de pesos. Un valor inferior a los 23 mil millones estimados por el costo de la obra.
Quienes participaron en la compulsa aseguran que sería imposible realizarla sin el doble de ese dinero. La cláusula decimotercera del convenio hace responsable al municipio de pagar la redeterminación de costos que pueda exigir Sabavisa S.A. Es decir, cualquier otra suma que exceda los 20 mil millones comprometidos por el convenio. Un tema delicado para una administración precisada reiteradamente de diferir la fecha de pago de salarios por escasez de fondos.
La necesidad de mejorar la eficiencia en el área de Hacienda fue la razón de Ibarguren para contratar en octubre los servicios profesionales de Federico Panzeri por 4,5 millones de pesos mensuales. Un salario quizás excesivo, si fuese cierto el mal momento económico de la administración municipal. Aunque resulta probable que Ibarguren estuviese urgido de realizarle una oferta tentadora. Jefe de Gabinete mientras Martín Yeza fue intendente, Panzeri les habría comentado a sus amigos que pasaría a trabajar con Gualtieri en Sabavisa S.A.
Malvados que nunca faltan asocian el aumento de tasas en Pinamar a la necesidad de cubrir eventuales urgencias con la planta de tratamiento de efluentes. El voto a favor de la libertaria Sabrina Giraldi le permitió al oficialismo ganar una votación reñida para convalidar un incremento del 37 por ciento. El hermetismo de los miembros de su conducción impidió saber si en la reunión del PJ del bonaerense en Malvinas Argentinas fueron analizadas algunas de estas vicisitudes, u otras concernientes a los propios. Verse forzada a incluir su firma electrónica en el pago del aguinaldo sería la menor de las aflicciones de Verónica Magario. El fracaso de la sesión para renovar autoridades en el Senado no sólo impidió a la vicegobernadora confirmar a Roberto Feletti en la Secretaría Administrativa, también podría frustrar su sueño de ser gobernadora interina en marzo, mientras Axel Kicillof hace campaña para consolidar su precandidatura presidencial. A menos que decida aceptar que Carlos Kikuchi controle el Senado. El aliado de Sergio Massa se convirtió en presidente provisional de la Cámara alta por el imperio de las circunstancias. También hasta marzo podría postergarse la lista de unidad para renovar autoridades en el PJ. El traspié con el Senado postergaría el deseo de Magario de suceder a Máximo Kirchner. El jefe de La Cámpora llegó a ese lugar impulsado por Martin Insaurralde y los intendentes que le responden. El de Pilar o el de Lomas de Zamora, Federico Achával y Federico Otermín, son las alternativas de Insaurralde para retener ese lugar. La postergación de esa definición es otra demora en el plan de Kicillof para desdoblar y adelantar las elecciones al primer cuatrimestre de 2027. Al menos esa es la especulación de Santilli. Con plazos más cortos, los libertarios y el Pro no tendrían como instalar a otro candidato a gobernador. No muy distinto razonaría Patricia Bullrich.
Sebastián Pareja libra una competencia desigual con Santilli. No tiene su nivel de conocimiento y no tendría el aval del Presidente. Su acercamiento a los intendentes peronistas del conurbano obedecería a un doble propósito. Contar con una puerta de emergencia si su candidatura es vetada y bloquear el auxilio que los intendentes ya prestaron a Santilli en las PASO de 2021. Un malestar implícito en la foto para la que posó en el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora con Otermín. Similar al que desmiente Ritondo pero expresado en el bloque que sus dos concejales de La Matanza integran con Leila Gianni de jefe. Gianni fue electa por La Libertad Avanza e, igual que Ritondo, tiene diferencias con Pareja. El jefe del bloque Pro en la Cámara de Diputados no descarta ser candidato a gobernador. Milei, por ahora, no contribuye a que pueda concretar ese deseo.
