Un anciano soltero, jubilado y sin hijos vivía en una residencia geriátrica de León durante el año 2021. Tenía limitaciones de movilidad, necesitaba ayuda para desplazarse en silla de ruedas y presentaba, según informes médicos, un proceso de deterioro cognitivo. Sus únicos familiares vivos eran sus hermanos, con quienes apenas mantenía relación. El hombre se encontraba en una situación de soledad que marcaba su día a día.
A comienzos de ese mismo año, un antiguo compañero de la Policía Nacional supo que el hombre se encontraba allí y así. Aunque no eran amigos, decidió visitarle. Con el tiempo, esas visitas se hicieron cada vez más frecuentes. El visitante pronto empezó a acompañar al residente en actividades cotidianas como renovar el DNI, acudir al banco o abandonar la residencia para viajar a localidades de la provincia y de otras zonas de España.
Tal y como muestran las pruebas recogidas en el proceso judicial, la relación entre ambos se intensificó a lo largo de los meses. El visitante fue ganando la confianza del mayor hasta el punto de que este aceptó su ayuda en cuestiones que afectaban a su economía.
De libreta a tarjeta de crédito
Una empleada de la sucursal bancaria habitual recordó en el juicio que “normalmente iba solo, pero al final siempre le acompañaba alguna persona y que, en alguna ocasión, fue acompañado de una mujer. Recordó también, aunque sin precisión, que el anciano se manejaba con la libreta y que un día fue acompañado de una persona para solicitar una tarjeta”.
Esa persona era el visitante, quien le propuso pedir una tarjeta de crédito, cuando hasta entonces el anciano solo utilizaba una libreta de ahorros sin clave ni PIN. El trámite se realizó en la sucursal de Ponferrada, y la tarjeta nunca llegó a manos del residente en la residencia, sino que quedó bajo el control del visitante.
Entre junio y noviembre de 2021, esa misma persona realizó constantes extracciones de dinero de la cuenta bancaria del mayor. Los movimientos, analizados en el juicio, muestran un esquema repetido: casi a diario, se retiraban en cajeros automáticos entre 600 y 1.000 euros. Además, el visitante utilizó la tarjeta para pagar compras en tiendas locales de artículos para la casa o herramientas, sin el conocimiento ni consentimiento pleno del titular.
Dinero, coche, propiedades
Según la sentencia, “procedió a realizar múltiples extracciones de la cuenta bancaria de la que era titular el anciano, sin que este diese su consentimiento, ni se percatase de ello, al menos en las cantidades que se retiraron”. La cantidad total alcanzó 101.152,37 euros.
En ese periodo, el visitante amplió su control sobre el patrimonio del mayor. Consiguió que el hombre firmara documentos de donación y compraventa, formalizando en su propio beneficio la transferencia de una pala cargadora, un vehículo BMW y varias fincas ubicadas en León y Madrid. Según la sentencia, esos contratos reflejaban supuestas compras por las que “no llegó a entregarle” el importe pactado.
Los informes periciales y forenses indicaron que, por su discapacidad y deterioro progresivo, “el deterioro cognitivo que presenta el hombre conlleva afectación de sus capacidades intelectivas y volitivas y, por tanto, concluyó que no tiene capacidad suficiente para obrar con plena conciencia de la naturaleza y alcance de sus actos”.
Las pruebas recogidas por los investigadores incluyeron declaraciones de la residencia, registros bancarios, contratos firmados y las posiciones geográficas del teléfono del visitante coincidiendo con las retiradas de dinero.
La sentencia
En mayo de 2022, el hombre falleció en la residencia. Sus hermanos averiguaron que faltaba el dinero de sus cuentas, así como los vehículos y propiedades que hasta entonces estaban a su nombre. Los familiares se presentaron como acusación particular, reclamando la devolución de los bienes y la anulación de las donaciones y compraventas realizadas mientras vivía el mayor.
Toda la documentación, las grabaciones del juicio y los informes médicos y periciales fueron tenidos en cuenta por el tribunal para determinar qué ocurrió realmente. La Audiencia Provincial de León resolvió el caso tras examinar los movimientos bancarios, la situación médica del mayor, las acciones registrales y las pruebas presentadas por ambas partes.
Al finalizar el proceso, el tribunal ha dictado sentencia condenando al visitante a dos años y seis meses de prisión, más el pago de 2.400 euros de multa. Además, le obliga a devolver 101.152,37 euros a sus herederos y a restituir vehículos y fincas, declarando nulos todos los documentos de donación y compraventa firmados por el mayor estando ya en situación de vulnerabilidad.
