Otra vez el peronismo hace circular una falsedad político institucional. Dice que según la Constitución, si Milei renunciara (es decir, si cayera) antes del 10 de diciembre próximo, la vicepresidente Victoria Villarruel estaría obligada a llamar a elecciones, pero si la renuncia ocurriera después del 10 de diciembre gobernaría hasta completar el mandato. Obviamente la entrelínea exuda ansiedad: mejor sería que Milei cayera antes del 10 de diciembre.
Cualquiera puede verificar que la Constitución no dice eso en ningún lado, pero no es mucha la gente que le dedica tiempo a chequear la apoyatura documental de una especulación. Las especulaciones que tratan sobre inestabilidad institucional a menudo están dirigidas a generar o a incrementar la inestabilidad. Se trata del fenómeno de la profecía autocumplida que popularizó el sociólogo Robert K. Merton en 1948. Suele darse el ejemplo de una corrida bancaria que termina pulverizando a un banco determinado, objeto de una psicosis que genera una crisis de desconfianza imparable. Desde luego, el hecho de que las expectativas negativas sobre la estabilidad de un gobierno puedan influir en su materialización no significa que no sean a veces los propios gobiernos los principales autores de su debilitamiento. Sí, como ocurre ahora con el de Milei.
Con la sucesión presidencial lo que hacen algunas voces mediáticas y especuladores inagotables de la política es una reinterpretación de las normas, con tanta convicción que terminan adaptándolas a sus solapadas necesidades. Es un comportamiento apropiado para una cultura que considera legítimo el sometimiento de las reglas a la política al revés de lo que se acostumbra en los países con fortaleza institucional reluciente.
El último propalador de la falsa frontera de los dos años de gobierno fue Felipe Solá, dirigente peronista de larga trayectoria para quien la crisis de 2001 significó un ascenso, porque se convirtió nada menos que en el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Solá opinó que si el Gobierrno perdiera las elecciones del 26 se caería el plan económico. No deja de ser un análisis razonable. Pero también aventuró que Milei podría enfrentar muchas derrotas políticas y sociales, dijo que el dogma libertario es una religión que se va a precipitar y alertó que hay peligro de caos más o menos inminente. En su improvisado magisterio sobre derecho constitucional explicó: “El 10 de diciembre de este año es la barrera que hace que si hubiera una crisis institucional en serio, una crisis terminal, si la vicepresidenta toma el cargo -la gente piensa esto, ¿por qué no lo podemos decir en voz alta?- tiene que llamar a elecciones; ahora, si pasa el 10 de diciembre no tiene que llamar a elecciones, tiene que seguir hasta el 27”.
Un episodio nunca ventilado por los protagonistas, en su momento narrado por un testigo importante, dio cuenta de una áspera discusión del matrimonio Kirchner, en 2008, instantes después del voto no positivo del vicepresidente Julio Cobos. Según la versión, Néstor Kirchner, muy exaltado, le planteó a su esposa una contraofensiva extrema para sortear la derrota: “Tenés que renunciar ya mismo y que asuma Cobos la presidencia; como no se cumplió todavía la mitad del mandato, él está obligado a llamar a elecciones, vos te presentás y arrasás, esa va a ser nuestra revancha”, le habría dicho. Debido a que alguien atinó a poner en duda la norma sobre la que se basaba toda la jugada, Kirchner mandó a buscar (la primera versión que me contaron decía “a comprar”) un ejemplar de la Constitución. A los pocos minutos la propuesta se desmoronó como un castillo de naipes.
No sólo la Constitución no habla en ninguna parte sobre la mitad de un gobierno a ningún efecto sino que tampoco lo hace la ley de acefalía vigente, la 25.716. Hubo suficiente tiempo para leer lo que la Constitución estipula sobre el asunto porque el artículo de la acefalía está intacto desde 1853. En 1994 sólo se le cambió el número, antes era el 75°, ahora es el 88°. Dice así: “En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del Presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la Presidencia, hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo”.
Es decir, ni siquiera habla de llamar a elecciones o no llamarlas. En la práctica la implementación de la acefalía fue tratada por sucesivas leyes de acefalía, tres en total, todas motivadas por coyunturas políticas apremiantes.
En 1867, diez meses antes de la terminación del mandato, el vicepresidente Marcos Paz se enfermó de cólera mientras estaba ejerciendo la presidencia (Mitre se hallaba en la guerra con Paraguay) y murió. El Congreso dictó entonces la ley 252. De allí viene el orden sucesorio consagrado: si el país se queda sin presidente ni vice debe asumir el presidente provisional del Senado, en su defecto el presidente de la Cámara de Diputados y en última instancia el presidente de la Corte Suprema. El peronismo le entró a esta escalera por el medio cuando Perón mandó a destituir a Cámpora: en su reemplazo, al presidente del Senado lo fletaron de urgencia a África para poder imponer al presidente de la Cámara de Diputados. Era Raúl Lastiri, yerno de López Rega, el operador del golpe. Lastiri llamó a elecciones enseguida -tal era su única misión, para que ganara Perón- y eso que Cámpora había gastado en la Casa Rosada apenas 49 días de los 1461 que le tocaban.
Un año después de la muerte de Perón, su viuda -en un momento anárquico que combinaba el Rodrigazo, la salida escandalosa de López Rega y el auge de la guerrilla con la cuenta regresiva para el 24 de marzo de 1976- promulgó una segunda ley de acefalía, la 20.972. Con la salud frágil, sin autoridad ni vicepresidente, excedida por la herencia, Isabel Perón promulgó una ley pensada, supuestamente, para frenar el golpe. En los hechos esa ley se estrenaría un cuarto de siglo después. En dos versiones.
La primera fue cuando Adolfo Rodríguez Saa sucedió al renunciante Fernando de la Rua. Por más que De la Rua había pasado (por 13 días) los dos años como presidente, el Congreso designó a su sucesor, el gobernador de San Luis, de manera provisional. Quizás Felipe Solá no recuerde que su propio partido puso un presidente temporario para reemplazar a quien ya había superado medio mandato. Mayoritario en ambas cámaras, el peronismo lo elegió bajo el compromiso de convocar a elecciones en el término de tres meses. Pero a pocas horas de andar todo el mundo advirtió que Rodríguez Saa pensaba quedarse cuanto menos hasta completar el mandato de De la Rua (prometía, entre otras cosas, crear un millón de puestos de trabajo y cambiar la moneda). Antes de la semana el peronismo le hizo el vacío y lo empujó al abismo, provocándole incluso un ataque de pánico. En los hechos lo derrocó. Acto seguido la asamblea legislativa eligió a Eduardo Duhalde, ya no en forma provisional sino para que gobernase hasta el 10 de diciembre de 2003. Cosa que al final no sucedió, pero eso debido a que Duhalde se autoacortó el mandato mediante una poco ortodoxa renuncia postdatada atribuida a la inestabilidad que produjeron los asesinatos de Kosteky y Santillán.
Es decir que con la misma Constitución y la misma ley en el mismo diciembre incendiario el Congreso dispuso que un presidente llamara a elecciones y otro no. El primero quería quedarse más de lo estipulado. El segundo terminó quedándose menos de lo estipulado, cosa que muchos constitucionalistas consideraron violatorio de la ley de acefalía entonces vigente.
Lo de que en 2001 hubo cinco presidentes en diez días es otro mito. O una distorsión que, curiosamente, vino de Estados Unidos (donde a nadie se le ocurriría decir que Alexander Haig fue presidente por el hecho de que se hizo cargo de la Casa Blanca mientras operaban a Ronald Regan, quien acababa de recibir un balazo). Allá la estadística poco rigurosa de los cinco presidentes fue propagada por un par de humoristas famosos que asociaron el caso argentino con el paradigma de la inestabilidad política. Para ese fin el número cinco resultaba más eficaz que tres. Pero fueron tres: De la Rua, Rodríguez Saa y Duhalde.
Ramón Puerta y Eduardo Camaño, de acuerdo con la ley 25.726, fueron presidentes de cada una de las cámaras legislativas en “ejercicio del Poder Ejecutivo” (artículo 6° de la ley 25.716), no presidentes de la Nación. Si hubieran sido presidentes de la Nación tendrían que haber jurado como tales, además de recibir los atributos del mando -banda y bastón-, lo que no sucedió, por lo que tampoco Puerta y Camaño debieron ilusionarse durante sus quince minutos de fama con que algún día se los esculpiría en bronce y se los entronizaría en el Salón de los Bustos.
La ley de Acefalía actual es hija de la crisis de 2001. Fue sancionada el 28 de noviembre de 2002 y promulgada por el presidente Duhalde el 7 de enero de 2003. Su artículo 4° exige que el presidente elegido por la asamblea legislativa para cubrir una vacante inesperada sea senador nacional, diputado nacional o gobernador. Un rumor más o menos fresco en los corrillos políticos sostiene que diversos sectores peronistas están ansiosos por ver a Juan Schiaretti como diputado nacional (hoy no desempeña ningún cargo) para tener a mano un presidenciable. Schiaretti fue candidato a presidente en las ultimas elecciones por una coalición de peronismo no kirchnerista, el Partido Socialista, el Demócrata Cristiano y el Autonomista. Salió cuarto, con 6,73 por ciento de sufragios.
El hecho de que desde la política se ponga sobre la mesa la posibilidad de un final de mandato precipitado para Milei crea un problema sin solución: si se ignora el asunto se oculta la especulación, que está corporizada y en gran medida es de factura conspirativa (destituyente, habría dicho Carta Abierta, si hubiera sido contra un gobierno nacional y popular). Y si se lo aborda se corre el riesgo de estar abonando una sensación de gobierno débil funcional a la desestabilización. Y eso que todavía falta un tema de máxima envergadura, Victoria Villarruel. La vicepresidenta que como Cobos, Chacho Alvarez, Figueroa Alcorta y sobre todo Ramón Castillo, está irreversiblemente peleada con su compañero de fórmula y que si llegara a gobernar tomaría -es lo más probable- otra ruta.
¿Si la acefalía es un tema tabú? Sí, en la Argentina, que tantas veces se quedó acéfala, siempre lo fue.
