La jueza Patricia Millett, integrante del Tribunal de Apelaciones para el Circuito de DC, fundamentó que la retirada de la Guardia Nacional de Washington DC generaría un “profundo nivel de perturbación en las vidas de miles de miembros del servicio que ya han estado desplegados durante cuatro meses”. Luego de este argumento, el tribunal decidió suspender de manera indefinida la orden de una instancia anterior que exigía la salida de los militares de las calles, abriendo así un nuevo capítulo en la disputa sobre la autoridad para mantener la presencia de tropas en la capital estadounidense. Según publicó el medio, el fallo mantiene el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC mientras se continúan revisando las competencias federales y estatales respecto a estas operaciones, marcando un escenario de tensiones entre el gobierno federal y las autoridades locales.
El medio consignó que este miércoles un panel compuesto por tres jueces de dicho tribunal federal de apelaciones autorizó el envío de la Guardia Nacional a la capital, acatando la justificación de la Administración de Donald Trump, la cual defendió la medida como respuesta al estado de criminalidad de la ciudad. Esta posición fue matizada por las autoridades locales, que aseguraron que la situación de seguridad no excede los niveles habituales por los que Washington DC haya requerido un operativo extraordinario.
De acuerdo con lo informado por el tribunal, la jueza Millett explicó además que, dado que el distrito de Columbia es una jurisdicción federal creada por el Congreso y no una entidad soberana como los estados que integran la unión, el presidente dispone de un poder exclusivo para movilizar la Guardia Nacional en ese territorio. No obstante, el panel judicial advirtió sobre la constitucionalidad de hacer lo mismo en otros estados sin su consentimiento. Según argumentaron los magistrados, “desplegar una Guardia Nacional de otro estado en un estado que no da su consentimiento para llevar a cabo tareas de aplicación de la ley sería constitucionalmente problemático para nuestro sistema federal de gobierno”.
El medio detalló que la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, celebró la resolución a través de redes sociales, calificándola como “otra importante victoria judicial” para la Administración Trump, y aseguró que el gobierno continuará defendiendo su agenda. En sus declaraciones, Bondi remarcó que “nuestro aumento de tropas federales en DC ha salvado innumerables vidas, eliminado cientos de armas ilegales de las calles y provocado una caída drástica de la delincuencia en la capital de nuestra nación”.
A pesar de la decisión del tribunal de apelaciones, la polémica judicial en torno al procedimiento y al alcance legal del despliegue no ha terminado. Según informó el medio, la jueza federal de distrito Jia Cobb, nombrada por el expresidente Joe Biden, determinó en noviembre que el despliegue ordenado por la Administración Trump fue ilegal. Su dictamen estableció que el gobierno federal excedió su autoridad al emplear a la Guardia Nacional en misiones de disuasión del crimen que no corresponden a operaciones militares tradicionales.
Actualmente, distintos procesos vinculados a este tipo de despliegues permanecen abiertos en varias instancias del sistema judicial de Estados Unidos. El medio señaló que se espera la próxima intervención del Tribunal Supremo, el cual tendrá que pronunciarse sobre la legalidad del envío de la Guardia Nacional en el estado de Chicago, ampliando así el debate a otros escenarios estatales conflictivos.
Esta decisión judicial se da en un contexto de tensión ampliada tras el tiroteo ocurrido el mes pasado, en el que resultaron heridos dos militares y una agente perdió la vida. El incidente potenció la controversia pública y política alrededor de la presencia militar en la capital, sumando presión a las autoridades interactuantes y a las cortes, mientras se aguardan nuevos pronunciamientos en los diversos frentes legales actualmente abiertos.
De acuerdo con las notas del medio, la distinción jurídica entre Washington DC y los estados genera un escenario complejo para la interpretación de los límites de la autoridad federal en materia de seguridad. El fallo del tribunal de apelaciones no solo mantiene el despliegue en la capital, sino que plantea interrogantes sobre futuros operativos en distintos puntos del país, a la espera de resoluciones judiciales que definan el alcance del Ejecutivo en la movilización de fuerzas militares dentro de territorio nacional.
