El Frente de Salvación Nacional, una coalición opositora tunecina, junto con diversas agrupaciones sociales y políticas, ha expresado reiteradamente que desde las reformas institucionales impulsadas en 2021, las medidas represivas del Estado sobre la disidencia política se han intensificado. Según informó la agencia TAP, estos cambios han tenido consecuencias directas en la vida de numerosos críticos del actual presidente Kais Saied, quienes han enfrentado procesos judiciales y sanciones económicas severas. En este contexto, la noticia principal versa sobre la decisión de un tribunal de apelaciones en Túnez, que ha dictado condenas de hasta 45 años de prisión a opositores acusados de conspirar contra la seguridad del Estado, junto con el embargo de sus fondos y la imposición de importantes multas económicas.
De acuerdo con información publicada por TAP, la mayor parte de los sentenciados se encuentra bajo custodia desde 2023, en el marco de un caso que involucra a unas 40 personas identificadas por su postura crítica frente al gobierno. Además de las extensas penas privativas de libertad, la sentencia incluye la incautación de activos y la prohibición de acceder a recursos financieros depositados en instituciones del país a nombre de los acusados. TAP reportó que dos personas resultaron absueltas y que los procesados ausentes, quienes no se hallan actualmente en territorio tunecino, recibieron penas que varían entre cinco y 35 años de cárcel, junto al establecimiento de severas sanciones económicas.
Desde la ampliación de poderes asumida por el presidente Saied en julio de 2021, cuando el Parlamento, dominado por el partido islamista Ennahda, fue disuelto, el control sobre instituciones estatales, incluido el poder judicial, se centralizó bajo su dirección. Según consignó TAP, este giro institucional levantó sospechas entre los sectores opositores, quienes señalaron la posibilidad de un autogolpe de Estado y advirtieron sobre el peligro para la independencia de los órganos de justicia. La agencia detalló que una de las consecuencias más visibles ha sido la multiplicación de investigaciones y procesos en contra de líderes opositores, integrantes de partidos y periodistas, lo que ha ocasionado una fuerte polarización en el panorama político nacional.
Amnistía Internacional, citada por TAP, ha documentado un aumento tanto en la cantidad de arrestos como en el alcance de las causas abiertas, extendiendo sus observaciones a representantes de la prensa y activistas sociales además de dirigentes políticos. Según TAP y Amnistía Internacional, diversas detenciones efectuadas desde 2021 no han cumplido los estándares procesales internacionales. La organización de derechos humanos sostiene que muchos arrestos carecieron de garantías, lo que a su juicio contraviene principios fundamentales de justicia y el debido proceso. En reiterados comunicados, Amnistía Internacional manifestó su preocupación ante lo que califica como una práctica sistemática de privación de libertad y enjuiciamiento al margen de una tutela judicial efectiva e imparcial.
TAP puntualizó que estas medidas incluyen el decomiso de bienes y la imposición de sanciones económicas, que operan como un mecanismo adicional para restringir la capacidad organizativa y operativa de la oposición. Según detalló la agencia, el endurecimiento de las acciones legales coincidió con crecientes demandas ciudadanas para que el presidente Saied abandone el poder, y con una oleada de denuncias locales e internacionales por persecución política.
A lo largo de los últimos dos años y medio, la mayoría de las personas condenadas ha permanecido privada de libertad, mientras que la evolución de los procesos judiciales ha estado acompañada por nuevas reformas orientadas a la concentración de funciones en manos del Ejecutivo, a la designación directa de los cargos judiciales y a la limitación de la capacidad operativa de los partidos rivales, según la recopilación de datos realizada por TAP. El medio subrayó que la judicialización de la vida política y la ausencia de diálogo entre las distintas fuerzas políticas y sociales han generado impactos en la estabilidad interna, además de incidir en la percepción internacional del respeto a los derechos fundamentales y la vigencia de garantías procesales en Túnez.
Por otro lado, TAP informó que la aplicación de sanciones económicas y el embargo de cuentas bancarias ha tenido consecuencias sobre la situación financiera de los opositores y sus familias, añadiendo un componente económico a las limitaciones impuestas a la disidencia. Los informes elaborados tanto por TAP como por otras organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, indican que la diversificación de los perfiles perseguidos judicialmente —desde dirigentes políticos hasta periodistas y miembros de movimientos sociales— responde a una estrategia estatal para neutralizar voces críticas y restringir las formas de expresión y organización social que pudieran poner en cuestión al Ejecutivo.
Las demandas de las organizaciones de derechos humanos recopiladas por TAP se centran en la revisión de los arrestos, la anulación de sentencias que consideran arbitrarias y el retorno a condiciones legales que permitan un sistema judicial independiente y garantista. Los expedientes judiciales, indica TAP, se han convertido en el principal recurso empleado desde el Estado para gestionar la disidencia, con consecuencias sobre la participación en la vida política y el funcionamiento de los medios de comunicación.
El entorno de fuerte polarización, consecuencia de la concentración de poderes y de la magnitud de los procesos legales, ha suscitado un debate acerca de la vigencia de derechos y libertades democráticas en Túnez. Los reportes citados por TAP describen una extensión de la judicialización de la vida política y una presión sostenida sobre los recursos de la oposición organizada, en un contexto caracterizado por el debilitamiento del debate plural y la reducción de márgenes para la protesta social.
