Un tribunal italiano ha desestimado la investigación contra la primera ministra, Giorgia Meloni, por la deportación del jefe de la Policía judicial libia, Osama al Masri, buscado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra y contra la humanidad y que llegó a estar detenido en Italia pero quedó libre por errores de procedimiento.
Meloni ha explicado que los jueces han archivado su caso porque no fue informada «con antelación» y no estuvo «de acuerdo con la decisión tomada», por lo que no participó directamente en las decisiones sobre la repatriación. «Deduzco que se solicitará autorización para proceder contra los ministros (del Interior, Matteo) Piantedosi y (de Justicia, Carlo) Nordio, así como el secretario (de Estado, Alfredo) Mantovano», ha adelantado.
Según la investigación, varios miembros de su Gobierno «actuaron en este asunto tan grave sin compartir» con ella las decisiones tomadas. «Esta es una tesis completamente absurda», ha manifestado, aprovechando la ocasión para afirmar que «este Gobierno actúa cohesionadamente» bajo su liderazgo y que «cada decisión, especialmente las tan importantes, es consensuada». «Por tanto, es absurdo pedir que sean juzgados y yo no», ha remarcado.
Por otro lado, ha reiterado que «las acciones de todo el Ejecutivo han tenido como única brújula la protección de la seguridad de los italianos» y que así lo manifestó «públicamente inmediatamente después de conocer» que estaban siendo investigados, así como ante el Parlamento italiano.
La Fiscalía italiana abrió en enero una investigación contra Meloni, su ministro de Justicia, Carlo Nordio; el del Interior, Matteo Piantedosi; y el secretario de Estado Alfredo Mantovano, en relación a este mismo caso, cuando la jefa de Gobierno defendió la gestión de se Gobierno y cuestionó el trasfondo de la causa.
Al Masri, que formaba parte de la milicia Fuerza de Disuasión (Rada), fue detenido por las fuerzas de seguridad mientras se encontraba en Turín para asistir a un partido de fútbol entre la Juventus y el Milán. Está acusado ante el TPI por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad –incluyendo asesinatos, torturas, violaciones y otro tipo de violencia sexual– cometidos en Libia a partir de febrero de 2015.
En concreto, estos crímenes habrían tenido lugar en la prisión de Mitiga, en Trípoli, contra personas encarceladas por motivos religiosos, por comportamiento inmoral y homosexualidad, así como por su presunto apoyo a otros grupos armados.
El TPI pidió explicaciones a las autoridades por este caso y recordó a Italia que el Estatuto de Roma recoge «el deber de todos los Estados parte de cooperar plenamente en sus investigaciones y enjuiciamientos por crímenes», lo que habría implicado consultar con el tribunal cualquier posible contratiempo o decisión.
