Con la inflación de mayo muy por debajo de las previsiones de los analistas, en 1,5%, el Gobierno posiblemente llegará a las elecciones con una de sus principales promesas de campaña cumplida y con creces. La economía, sin embargo, es mucho más que una gran batalla. Hay miles de frentes que, con una macro más calma, empiezan a abrirse.
Hasta ahora, la condena de Cristina Kirchner dominó las conversaciones de café de cuanto evento corporativo hubo, pero no parece haber hecho mella en las decisiones empresarias. La mirada de los hombres y mujeres de negocios está puesta en otro tema emergente: el financiamiento.
En el corto plazo, las grandes empresas empiezan a ver que el apetito de los inversores por el riesgo privado argentino está saturándose. Y no necesariamente porque las empresas que buscan dinero son compañías con malos números, todo lo contrario. Hace algunos días, la petrolera Vista logró colocar un bono por US$500 millones, al 8,5%, pero no le llovieron las ofertas, como se hubiera esperado en el caso de la empresa que es una de las grandes mimadas de la industria. Lo mismo, este jueves, Banco Macro, que tenía previsto salir al mercado con una emisión de US$500 millones de la mano de JP Morgan, decidió suspenderla para no convalidar la tasa de interés que le exigían los inversores. El banco que preside Jorge Brito es una de las entidades nacionales con mejores balances.
“El mercado se saturó un poco del crédito argentino. Hay pocas ventanas para salir y muchas empresas salieron juntas al mismo tiempo”, reconoció un hombre al tanto de las operaciones. Otra curiosidad de las colocaciones que se dieron en el último tiempo. Tal como sucede en las últimas grandes compraventas de empresas –Exxon por Pluspetrol, Telefónica por Telecom, Petronas por Vista, HSBC por Galicia, Itaú por Macro–, son inversores argentinos quienes están comprando gran parte de las emisiones de deuda que se ofrecen en Wall Street. Según surge de los prospectos de emisión, 41,1% de los compradores del bono de Pluspetrol que se colocó a fines de mayo fueron argentinos; 49,9% de los del bono de Irsa; 36,2% de los del bono de Tecpetrol, y 44% de los de Vista. “Nunca fue así en las colocaciones internacionales”, dice un hombre con años en el negocio financiero. “Los locales parecen creer más que los extranjeros”, sentenció. Un mensaje no menor para Javier Milei. No basta con ser un fenómeno barrial. Llevará un tiempo recuperar la reputación perdida.
Las restricciones que empiezan a surgir en el financiamiento pueden demorar algunos planes de buenos créditos, pero se vuelven un problema mayúsculo para las empresas que están más apremiadas (ya empezaron a surgir varios nombres conocidos). Ni hablar para las provincias que especulaban con empezar a endeudarse en el mercado para reemplazar el financiamiento que otro momento hubiera surgido de la Nación. Será un año de malaria para muchas. Con el agravante de que es un año electoral. Muchas obras deberán seguir esperando. O, en su defecto, no debiera sorprender que crezca la presión sobre la Nación para que abra la billetera. La política no termina en la condena de Cristina.
También en el frente externo el Gobierno tiene sus propias batallas. No se esperan inconvenientes en la colocación de Bontes (bonos) que espera realizar hoy Economía para captar dólares de los inversores extranjeros. Pero sí hay otro frente que inquieta y, a medida que pasa el tiempo, más. Es el caso del juicio en Nueva York, que ya tiene un fallo que obliga al país a pagarle US$16.100 millones a Burford Capital, por la expropiación de YPF por parte de la administración de Cristina Kirchner. De hecho, el Ministerio de Economía acaba de contratar, por recomendación del estudio Sullivan Cromwell que lleva el caso en el exterior, a una agencia de lobby en los Estados Unidos, FGS Global. Según consta en el contrato al que accedió la nacion presentado ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Paul Holmes, socio de la firma, cobrará US$1310 la hora por sus servicios, junto con un honorario mensual inicial de otros US$60.000. Uno de los riesgos mayores que tiene el caso es que el fondo Burford está solicitando que la Argentina entregue acciones de YPF como garantía de pago de la sentencia, un pedido que hasta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió en un escrito a la jueza Loretta Preska que sea rechazado. Pero el pedido sigue en pie.
El problema de financiamiento no es exclusivo de quienes tienen crédito en Wall Street. En el mercado local, los bancos tuvieron la oportunidad de planteárselo directamente hace 10 días al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en un almuerzo en la sede de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba). Allí, algunos de los principales banqueros del país le comentaron que ya no tenían más combustible para seguir ampliando la oferta de créditos hipotecarios, un instrumento que empezó a emerger con la estabilidad del tipo de cambio y el descenso de la inflación. Solo este año, el stock de hipotecarios en el sistema financiero creció 92,9%, a $3498,9 millones, según datos del Banco Central (BCRA). En el mismo plazo, los depósitos privados apenas aumentaron 11,6 por ciento. “Ya mucha plata para prestar a 20 años no hay; se corta esto”, reconoció el presidente de una entidad local. Los banqueros fueron a Quirno con una propuesta no exenta de polémica: que la Anses, vía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), financie a los bancos para que puedan ampliar la oferta de hipotecas. Quirno no dio pie a la negociación.
“Al Gobierno solo le preocupa que ofrezcamos instrumentos en dólares para atraer los dólares del colchón”, se quejó un banquero, en estricta reserva. Las últimas medidas para favorecer el ingreso de dólares sin declarar al sistema apenas si apuntan al ahorro hormiga. De hecho, en los bancos prácticamente no han hecho mella aún.
El financiamiento a largo plazo en los países vecinos se potencia en gran medida gracias a la participación de los fondos de pensión privados y de las compañías de seguros de vida y de retiro, que pueden darse el lujo de tener inversiones de largo aliento. Parece casi sensato pensar que las reformas previsional y tributaria, que en algún momento pondrán a consideración desde el Gobierno, contemplarán incentivos para favorecer la emergencia de estos negocios. Hoy, por caso, quien compra un seguro de vida apenas puede deducir de Ganancias poco más de $195.845 (unos US$163) al año. Un informe elaborado por el economista Ricardo Arriazu, que recorre algunas empresas de seguros, aborda el tema en profundidad. “La experiencia de Chile -dice-, muestra cómo con pequeños incentivos la contribución del sector de seguros puede ser significativa sin que esos sectores afecten la recaudación. Por el contrario, su contribución al crecimiento de la economía se reflejaría en un incremento de la recaudación total”, concluye. Temas para pensar en la agenda poselectoral.
