Carburos Metálicos, una de las empresas imputadas en el ‘caso Montoro’, ha coincidido con el despacho Equipo Económico en reclamar que las acusaciones populares personadas sean unificadas y no actúen cada una por su cuenta en la causa en la que se investiga a una treintena de personas, entre ellas el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, por presuntos favores políticos a empresas.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la compañía gasística pide al juez instructor de Tarragona que tenga en cuenta que, «ante cualquier mínima discrepancia que surja, debería dar traslado a 19 partes para que formularan cuantas alegaciones estimasen oportunas», por lo que «la tramitación del presente procedimiento podría verse gravemente afectada, avocando indefectiblemente a la dilatación excesiva del procedimiento».
Carburos Metálicos incide en que a finales de julio el juez aceptó a siete nuevas acusaciones populares, entre ellas Vox y Manos Limpias, que se sumaron a otras ya personadas como el PSOE.
Y, por ello, se une a un escrito en el que el despacho fundado por el exministro solicita al juez Rubén Rus que «acuerde la unificación de las acusaciones populares bajo una misma dirección letrada».
PIDE LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES
La compañía hace hincapié en que la investigación de la causa se remonta a «agosto de 2018, teniendo ya una pendencia que alcanzaría los más de siete años sin que haya finalizado aún la fase de instrucción», lo que «podría verse incluso más menoscabado en atención a la excesiva cantidad de acusaciones populares que se han personado».
Al respecto menciona que el Tribunal Supremo acordó la unificación bajo una misma dirección letrada en otras causas, como en el ‘caso Koldo’, «aun existiendo diferencias ideológicas entre las distintas acusaciones populares», ya que «el interés legítimo perseguido por estas en el marco del procedimiento es el mismo».
Igualmente, Carburos Metálicos se ha sumado también a otro escrito de la defensa DE Equipo Económico y de su socio director Manuel de Vicente Tutor en el que pidieron a la Audiencia Provincial de Tarragona que declare la nulidad de todas las actuaciones declaradas secretas y archive el caso.
