Tras más de un año de investigación contra Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, este martes el juez instructor, Juan Carlos Peinado, ha tomado la decisión de pedir la imputación de uno de los hombres del Gobierno: El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
En una exposición razonada, a la que ha tenido acceso Infobae España, el instructor solicita al Tribunal Supremo, que se le investigue por presuntos delitos de malversación y falso testimonio por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la mujer del presidente del Gobierno.
El delito de falso testimonio
Toda la argumentación de Peinado gira en torno a Cristina Álvarez, la asesora en Moncloa de Begoña Gómez que se encuentra imputada “como posible partícipe” en los delitos que se investigan a la mujer del Presidente del Gobierno.
La investigación del juez apunta por el momento, de forma indiciaria, que la contratación de Álvarez se realizó de forma fraudulenta, sin que se llevara a cabo el proceso de selección pertinente. El 16 de abril de este año Bolaños tuvo que declarar como testigo sobre este tema en la Moncloa ante el juez.
En este interrogatorio fue preguntado en varias ocasiones de quién fue la persona concreta que propuso o realizó el nombramiento Álvarez, a lo que el Ministro respondió que “no conocía el nombre de dicha persona”. Tras una comprobación realizada en ese mismo momento, recabando información, Bolaños acabó asegurando que la contratación la llevó a cabo Raúl Díaz Silva.
Ante este conocimiento, Silva fue llamado para declarar como testigo el 14 y 28 de mayo de 2025. En sus declaraciones el declarante dijo que él “no había sido quien realizó el nombramiento”. Esta diferencia entre ambos testigos es razón suficiente para el juez para solicitar la imputación del ministro, al considerar que si declaración bajo juramento fue “incierta”, «lo que le atribuye, indiciariamente la condición de investigado en un delito de falso testimonio“.
“Siendo el investigado, Félix Bolaños García, Ministro de Justicia, y, por tanto, el Notario Mayor del Reino, nos encontramos ante el paradigma de un oxímoron cuando, estando bajo juramento y en una diligencia judicial, su testimonio, en una actitud totalmente proterva, no se ajusta a la realidad», explica. Por esta razón, Peinado razona que “debe ser considerado como un testimonio falso y lo que constituye el indicio principal, para que se eleve esta Exposición razonada por el delito de falso testimonio en causa Judicial, además de por el delito de Malversación de fondos públicos”.
El delito de malversación
Por su parte, el delito de malversación se sustenta en los mismos indicios por los que se investiga a Cristina Álvarez. Según describe el instructor, los trabajos de la imputada “no se han limitado a los de asistenta en las actividades llevadas a cabo por la esposa del presidente del Gobierno, en su condición de tal, y meramente protocolarias, y sin ánimo de lucro o de carácter benéfico, sino para atender las necesidades que en actividades de carácter privado ha venido llevando a cabo la citada investigada María Begoña Gómez Fernández”.
“Desde el primer día en que se efectuó el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez, ha percibido sus retribuciones con cargo a los presupuestos generales del Estado”, lo que para Peinado es base suficiente para los indicios de un delito de malversación.
De esta manera, al tener este delito “la consideración de un delito de carácter permanente”, todas las personas “que tuvieren bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público, si no llevan a cabo, las actuaciones necesarias para evitar que se continúe, dando un destino distinto al que es propio para los caudales públicos, deben ser consideradas participes en dicho delito”.
Al haber sido Bolaños el Secretario general de la Presidencia desde el día 9 de junio de 2018, hasta el día 12 de julio de 2021, para más tarde ocupar dos ministerios diferentes, “se encuentra en cargos de máxima responsabilidad” y por lo tanto tenía bajo “su responsabilidad” a Álvarez, lo que para el juez es suficiente para “tener la condición de investigado en un hipotético delito de malversación”.
