Maylis Daubon, de 53 años, comparece desde este lunes ante el Tribunal de lo Penal de las Landas por uno de los casos más desconcertantes de los últimos años en Francia. Se la juzga por el envenenamiento mortal de su hija mayor, Enéa, fallecida en noviembre de 2019 tras una sobredosis, por el presunto envenenamiento de su hija menor, Luan —que sobrevivió — y por un intento de asesinato de su exmarido, Yannick Reverdy. Los hechos, reconstruidos por el medio digital 20 Minutes, dibujan un escenario clínico, familiar y judicial cargado de claroscuros. Daubon niega todos los cargos y mantiene que su hija mayor se suicidó.
El 13 de noviembre de 2019, los bomberos acudieron a una vivienda en el centro de Dax. En el piso superior, Enéa, de 18 años, sufría un paro cardíaco tras varias convulsiones. En la habitación, la única ventana estaba bloqueada por un armario y las paredes mostraban frases inquietantes. Los equipos de emergencia lograron reanimarla, pero la joven murió seis días después. Los primeros exámenes toxicológicos generaron dudas inmediatas. Se detectaron veinticuatro medicamentos distintos —neurolépticos, ansiolíticos, anticonvulsivos y propanolol— y una concentración equivalente a entre 50 y 75 comprimidos de este último fármaco, nunca recetado a la víctima. No se halló ningún envase en la habitación.
Su madre sostiene que la joven, con antecedentes de depresión y episodios de “pensamientos oscuros”, decidió quitarse la vida. Su abogado insiste: “está devastada por estas acusaciones. Tiene que lidiar con el dolor de perder a su hija y, al mismo tiempo, se le acusa del peor crimen que una madre puede cometer: matar a su hija”.
Un caso de violencia intrafamiliar
Los investigadores no solo observaron inconsistencias médicas. También detectaron que el teléfono de la joven desapareció, mientras que el de su madre contenía búsquedas sobre sobredosis de betabloqueantes realizadas seis meses antes. El perfil de Maylis Daubon llamó aún más la atención. Testigos la describen como una persona manipuladora, capaz de sostener relatos inverosímiles. “Tiene una capacidad de persuasión tan poderosa que puede engañar a quienes la rodean con aplomo”, afirma Victor Font, abogado del padre de Enéa.
En 2022, cuando la madre fue imputada por primera vez, los peritos psiquiátricos plantearon la hipótesis del síndrome de Munchausen. Esta patología extremadamente rara implica provocar enfermedades en los hijos para obtener atención o compasión. La defensa rechaza ese diagnóstico y subraya que no se detectó alteración del juicio. Sin embargo, ya en 2018 un psicólogo había señalado lo que describió como un “control total” de la madre sobre sus hijas.
Las autoridades llevaban años observando la situación familiar. Tras la separación de la pareja en 2009, una trabajadora social alertó al juez de menores sobre la sumisión de las niñas hacia su madre. En 2011, ambas se negaron a mantener contacto con su padre pese a la mediación obligatoria. Luan, hoy de 22 años, sigue sin querer verlo. “Durante más de diez años, fue manipulada por su madre, quien le contó las cosas más horribles sobre su padre. Eso deja huella”, asegura el abogado Font.
Después de la muerte de Enéa, los jueces ordenaron análisis toxicológicos a Luan, que entonces tenía 16 años. Se detectaron una decena de medicamentos —antidepresivos, ansiolíticos y somníferos— sin prescripción y pese a haber consultado casi sesenta especialistas entre 2018 y 2021. En marzo de 2023, Maylis Daubon fue imputada por segunda vez por envenenamiento, y su hija fue puesta en acogida.
Ese mismo año, un informe penitenciario añadió una dimensión inesperada. Según testimonios de otras reclusas, Daubon habría comentado su intención de contratar a un sicario para asesinar a su exmarido y ocultar el cuerpo. Su defensa lo descarta: “esto roza lo absurdo, son solo chismes de prisión. ¿Qué motivo tendría para matar a su ex?”
El tribunal deberá decidir si estas piezas dispersas conforman un patrón criminal o una concatenación de coincidencias trágicas. De ser declarada culpable, Maylis Daubon podría enfrentar hasta treinta años de prisión.
