Una mujer de 37 años ha iniciado acciones legales contra el Servicio Andaluz de Salud tras un extenso periplo médico que culminó con el diagnóstico de un tumor cerebral más de un año después de su primera consulta. La reclamación, que asciende a 417.763 euros, pone en el centro del debate la gestión de los tiempos diagnósticos y la calidad de la atención recibida en el sistema público de salud.
El caso se remonta a enero de 2023, cuando la paciente acudió a su centro de salud con síntomas de sudoración fría, palidez, debilidad generalizada, contractura cervical y temblores en la mano izquierda. El especialista del centro los atribuyó al estrés laboral y problemas cervicales, “sin realizar un examen físico ni derivarla a un hospital para pruebas adicionales”, indican desde el bufete que ha defendido a la paciente, Sires Abogados.
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La paciente acudió varias veces al centro médico, donde le recetaron antidepresivos y relajantes musculares, pero no le hicieron estudios específicos ni evaluaron el dolor según su descripción. Durante ocho consultas, solo recibió atención general, aclaran desde el bufete. En mayo de 2023, le realizaron una resonancia magnética en el cuello que descartó problemas cervicales y no fue hasta junio cuando la enviaron al Servicio de Neurología del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla.
El julio de 2023, a la mujer se le realizó en el mencionado hospital una exploración neurológica que resultó normal, sin que se programaran nuevas pruebas complementarias ni se modificara el enfoque asistencial. El agravamiento de la lesión y el aumento del dolor llevaron a la paciente a solicitar, el 5 de diciembre de ese mismo año, una evaluación más exhaustiva, pero no fue hasta febrero de 2024 cuando se le practicó una resonancia magnética craneal, más de un año después de la primera consulta en atención primaria.
El 3 de marzo de 2024, tras la realización de pruebas complementarias, se diagnosticó “un proceso expansivo con morfología en alas de mariposa” que afectaba a la sustancia blanca de ambos hemisferios cerebrales. Los facultativos identificaron una probable lesión glial con distribución en alas de mariposa, es decir, un tumor cerebral.
“Hay un indubitado retraso del diagnóstico al no haber sido atendida adecuadamente la dolencia de la paciente, cuando se le debió practicar una prueba de imagen más concluyente, como un TAC”, explica en un comunicado el abogado de la afectada, José Antonio Sires.
“Daño irreparable”
Al principio la paciente reclamó 201.000 euros al Servicio Andaluz de Salud por el retraso en el diagnóstico y tratamiento, pero la cuantía se incrementó a 417.763 tras detectarse errores médicos adicionales durante el proceso. Un informe médico pericial reciente ha señalado mala praxis en ginecología en el Hospital Virgen del Rocío, lo que derivó en 11 días de hospitalización y una cirugía adicional. Estos hechos han contribuido tanto a la valoración económica de la reclamación como a la aparición de nuevas secuelas y a la pérdida de calidad de vida de la paciente.
La existencia de nuevos informes médicos, hasta ahora desconocidos por la afectada, ha reforzado la argumentación legal, añade el abogado. Según la demanda, la actuación de los facultativos privó a la paciente de una asistencia sanitaria adecuada, generando un daño irreparable y una incertidumbre considerable sobre sus posibilidades de supervivencia y la evolución de la enfermedad si se hubiera detectado antes.
