RESCOP ha solicitado el endurecimiento del embargo español sobre exportaciones a Israel, exigiendo que se extienda también a materiales como el carbón y otros combustibles al considerar posible su uso militar. La Red estatal contra la Ocupación de Palestina argumenta que el decreto vigente, que ya limita la compraventa de armamento, debería ser modificado para incorporar controles más estrictos no solo en la compra y venta, sino también en el tránsito de estos materiales. Según RESCOP, el embargo tendría que aplicarse a través de inspecciones en puertos, aeropuertos y bases de fuerzas extranjeras, así como mediante mecanismos de verificación pública y de transparencia que aseguren que infraestructuras españolas no sean empleadas para contribuir directa o indirectamente al suministro de recursos relacionados con el conflicto en curso.
De acuerdo con la información publicada por el medio, la denuncia llega en el contexto del inminente paso por aguas territoriales españolas de un nuevo cargamento de carbón destinado a Israel. RESCOP ha detallado que un buque identificado como ‘Seafighter’, con bandera de la empresa griega Thenamaris, transporta 170.000 toneladas de carbón y prevé atracar en Gibraltar el sábado, lo que implica que cruzará aguas españolas durante su ruta desde Sudáfrica. La organización señala que Sudáfrica se encuentra entre los principales proveedores de carbón para Israel y que la compañía propietaria gestiona una flota que, según sus investigaciones, estaría implicada en la logística que sostiene acciones en el actual escenario del conflicto israelí-palestino.
Según consignó la ONG en declaraciones recogidas por el medio, el tránsito del ‘Seafighter’ contraviene los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, por sus siglas en inglés). RESCOP argumenta que el artículo 19 de la UNCLOS establece que el paso de barcos no puede considerarse “inocente” cuando su carga o actividades impactan negativamente la paz, el orden público o la seguridad internacional. De este modo, la ONG insiste en que España, como firmante de la citada convención, se encuentra jurídicamente obligada a denegar el acceso del buque a sus aguas territoriales.
La organización sostiene que el carbón en tránsito contribuye de manera significativa tanto al sistema energético como a las capacidades militares israelíes. Como fundamento, cita los resultados de un informe preparado por el Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), que identifica que dicho combustible resulta esencial para el funcionamiento general de la infraestructura eléctrica en Israel, incluyendo el abastecimiento a instalaciones militares, fábricas de material bélico y asentamientos en territorios cuya legalidad internacional está en discusión. En ese sentido, el informe revela que la empresa pública que administra la red eléctrica israelí provee energía sin distinción entre estos sectores.
RESCOP pide además que haya una revisión integral y sin excepciones del actual marco legal español acerca de la compraventa de materiales de potencial uso militar. Reclama no solo una ampliación de la definición de bienes sujetos a embargo, para que incluya carburantes y recursos como el carbón, sino también la adopción de procedimientos de control exhaustivos. Entre estos, menciona la necesidad de controles efectivos en todas las infraestructuras bajo jurisdicción o participación de España, incluyendo puntos de entrada y salida nacionales e instalaciones extranjeras ubicadas en territorio español.
El medio ha informado que la ONG plantea la aplicación de mecanismos de transparencia y verificación que permitan identificar y rastrear cualquier apoyo material desde España hacia el conflicto. Según sus declaraciones, el objetivo es asegurar que ninguna acción, directa o indirecta, utilice la infraestructura o la logística española en favor de operaciones asociadas al conflicto o que puedan vulnerar prohibiciones internacionales como las referidas al apartheid o al genocidio.
En sus comunicados, RESCOP también advierte acerca de la relación entre los suministros energéticos internacionales y la operatividad del aparato estatal y militar israelí, llamando a las autoridades españolas a revisar el alcance de sus compromisos internacionales en materia de Derecho humanitario y obligaciones derivadas de tratados multilaterales. La organización insiste en que la responsabilidad de España como parte de la UNCLOS debe llevar a prohibir el tránsito de embarcaciones cuya carga pueda suponer una vulneración de estándares internacionales, especialmente cuando, como en este caso, se denuncia que los insumos energéticos tienen una función directa en la continuidad del conflicto armado.
El navío objeto de la denuncia, el ‘Seafighter’, navega en la actualidad por el Atlántico y su operación involucra empresas navieras con actividad frecuente en el comercio internacional de combustibles fósiles, según detalla la información de RESCOP recogida por el medio. La red subraya que Gibraltar figura en las rutas logísticas habituales para este tipo de cargamentos, lo que implica el uso recurrente de aguas y puertos bajo jurisdicción española para el abastecimiento de recursos energéticos a Israel.
La petición de RESCOP se produce en un contexto de tensión internacional relacionado con los flujos de bienes y materiales estratégicos en zonas de conflicto. Diversos actores sociales y plataformas solidarias han incrementado sus demandas para que los gobiernos europeos refuercen sus mecanismos de control y sanción en el comercio de bienes que puedan tener algún vínculo con operaciones militares o con violaciones del Derecho internacional humanitario.