Pasaron 30 años desde que una ley impulsada por el kirchnerismo desplazó a Eduardo Sosa de su cargo de procurador general de Justicia y lo dejó fuera del Poder Judicial de Santa Cruz. Ahora, el gobernador Claudio Vidal, en el contexto de un fuerte enfrentamiento político que mantiene con ese poder del Estado, propuso que el cargo vuelva a crearse, le pidió disculpas a Sosa y le ofreció que ocupe, a modo de reivindicación, el lugar del que fue apartado injustamente por el entonces gobernador Néstor Kirchner.
En más de un aspecto, el de Sosa es un caso –en verdad, una saga– ejemplar y que vale la pena analizar. En primer término, debido a la digna actitud que el procurador infundadamente destituido mantuvo a lo largo de todo este tiempo, en el que ha recurrido a los tribunales para torcer tamaña injusticia. En segundo término, porque arroja luz sobre las viejas raíces autoritarias de los Kirchner y, finalmente, porque la profecía se cumplió: el Poder Judicial de Santa Cruz se convirtió en el último bastión del kirchnerismo en la provincia, un lugar donde los amigos lograron impunidad y silencio, y los opositores, persecución y olvido.
La restitución de Sosa como procurador general repara un atropello institucional cometido en 1995. Tres décadas después, quienes subordinaban la Justicia al poder político ahora se muestran descaradamente alarmados y denuncian métodos que ellos mismos aplicaron sin pudor alguno y con evidente falta de memoria o, más bien, sobrada hipocresía. Su restitución enmienda una injusticia personal e institucional y expone las raíces del sometimiento del Poder Judicial provincial al poder político, una práctica que el kirchnerismo instauró y hoy, paradójicamente, denuncia.
En aquel entonces, una reforma impulsada por la gobernación eliminó de hecho el cargo de Sosa y lo dejó fuera del sistema judicial. La maniobra, carente de legalidad, fue advertida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó en repetidas ocasiones su restitución. Pero los sucesivos gobiernos kirchneristas desoyeron los fallos. Santa Cruz se convirtió así en el laboratorio de un modelo político donde la Justicia debía responder al Poder Ejecutivo, algo que Kirchner y su esposa trasladaron con mano férrea a la Nación.
Tres décadas después, la historia parece girar sobre sí misma. El gobernador Vidal, enfrentado con la estructura judicial heredada, impulsa la restitución de Sosa como símbolo de “independencia” y “reparación histórica”. Sin embargo, lo hace en medio de una crisis institucional sin precedentes: además de promover la restitución de Sosa, Vidal impulsó la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de 5 a 9 miembros, como instancia para romper la hegemonía kirchnerista dentro de la Corte provincial. Aprobada su ampliación, el kirchnerismo apeló a las trabas judiciales en un intento desesperado de frenar los nombramientos. Fue el juez Marcelo Bersanelli, expariente de Máximo Kirchner que acompañaba como abogado a la propia Cristina Kirchner, quien hizo lugar a la medida cautelar y ordenó que no se avance en el tratamiento de los pliegos en la Legislatura. Este cuerpo, con mayoría de representantes que responden a Vidal, avanzó en el nombramiento, pese a que ese mismo día otra jueza de primera instancia envió otra orden para frenar la votación. Al día siguiente, los doctores Sergio Acevedo y José González Nora juraron como vocales ante la Corte, acto que presidió en soledad el presidente del Tribunal Superior, Daniel Mariani.
Como en una comedia de enredos, minutos después de aquella jura, los cuatro vocales de la Corte –Reneé Fernández, Alicia Mercau, Fernando Basanta y Paula Ludueña, los jueces más identificados con el kirchnerismo– cuestionaron al presidente y declararon inválidos los juramentos mientras se ausentaron del plenario con los flamantes vocales.
En cuestión de horas, el mismo bloque de jueces kirchneristas votó el desplazamiento de Mariani y designó a Reneé Fernández (ex secretaria legal y técnica de Néstor Kirchner) en su cargo. Sin embargo, los jueces olvidaron que, con la reforma de la Corte, cuatro firmas ya no constituyen mayoría y Mariani, tras acusarlos de “golpe palaciego”, les recordó que él ejercía la presidencia y tomó el juramento a dos vocales más. De este modo, la Corte provincial hoy ya cuenta con nueve vocales, su nueva composición.
Eso no fue todo: la vocal Reneé Fernández –quien también se considera presidenta del cuerpo– emitió un comunicado a todo el Poder Judicial para ordenar no responder a los pedidos de Mariani en tanto que, junto al bloque de jueces kirchneristas, dictó una medida cautelar solicitando la suspensión de la aplicación de la ley que amplió la Corte por el plazo de cuatro meses y declarar su inconstitucionalidad. Esta vez, recordaron que la mayoría actual es de cinco jueces e incluyó la firma de una defensora subrogante. Queda clara la desolación que produce la pérdida de terreno entre quienes estaban acostumbrados a manejar todo a su antojo.
Mientras los jueces kirchneristas resisten, en la Legislatura ingresó el pedido de juicio político al juez Basanta, nombrado por la entonces gobernadora Alicia Kirchner en 2022 sin contar con el tiempo mínimo de ejercicio de la abogacía, y se suma a otros posibles pedidos de jury. A este laberinto sin aparente salida se sumó en el Congreso, de parte de un diputado de Vidal, la presentación del pedido de intervención al Poder Judicial de Santa Cruz.
El kirchnerismo, ahora en la oposición, se alarma ante los modos de Vidal, denuncia “persecución” y advierte sobre el peligro de una justicia intervenida. Lo paradójico es que hoy critica exactamente lo que hizo durante tres décadas: manipular la Justicia, ignorar los fallos de la Corte Suprema de la Nación y disciplinar a los jueces que no se alineaban.
El caso Sosa simboliza la funesta persistencia de una deuda institucional. Su restitución no borra el daño causado, pero reabre un debate sobre la relación entre poder político y Justicia. Si se busca independencia, el desafío no será solo reparar el pasado, sino evitar que el presente repita sus peores prácticas.
Treinta años después, la provincia que fue cuna del kirchnerismo enfrenta el espejo de su propia historia. Y ese reflejo es el recordatorio de que el poder que se ejerce sin límites termina siempre debiendo rendir cuentas.
