Las tensiones entre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) volvieron a manifestarse en el proceso que se adelanta en La Escombrera, un terreno de la Comuna 13 de Medellín que cuenta con medidas cautelares debido a la magnitud de los hechos ocurridos en esa zona.
La controversia se mantiene a pesar de un fallo de tutela que ordenó la reincorporación de la entidad de búsqueda a las labores forenses.
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La sentencia, conocida a finales de agosto de 2025, respondió a la acción interpuesta por la familia de Arles Edison Guzmán, desaparecido en el marco de la operación Orión. En ella, el tribunal dispuso que se debía “convocar de manera inmediata a una mesa técnica con la Unidad de Búsqueda para que se coordine la participación de dicha entidad en el Plan de Intervención Forense en ejecución actual”, como registró BLU Radio. Hasta el momento, esa reunión no se ha concretado, situación que mantiene a la UBPD a la espera de directrices.
La directora de la entidad, Luz Janeth Forero, indicó que el cumplimiento de este fallo es crucial para retomar su presencia en el terreno. “Estamos justamente a la espera de la mesa técnica, y por eso para nosotros fue clave venir a observar el polígono, a observar cómo va la excavación para tener muchos insumos para cuando se convoque la mesa técnica”, declaró Forero en entrevista con BLU Radio.
En los últimos días, la funcionaria intentó verificar el avance de los trabajos en el área. Sin embargo, el 18 de septiembre el acceso le fue restringido, a pesar de que la zona se encuentra bajo medidas de protección judicial. La directora explicó que la intención era constatar de primera mano el desarrollo de las intervenciones que dirige actualmente el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la JEP.
Tras ese intento fallido, la Unidad de Búsqueda difundió un comunicado en el que cuestionó las condiciones establecidas para su ingreso. “El ingreso fue condicionado, por parte del despacho relator, al cumplimiento de requisitos que, además de no estar previstos en las órdenes emitidas por el mismo despacho, desconocen y vulneran el carácter humanitario y extrajudicial de la Entidad”, señaló la UBPD en el documento citado por BLU Radio.
La entidad insistió en que su papel en el proceso responde a un mandato humanitario y no judicial, razón por la cual pidió que las condiciones impuestas no interfieran con las obligaciones de búsqueda de personas desaparecidas. En ese sentido, subrayó la necesidad de que se active cuanto antes la mesa técnica ordenada por el fallo de tutela.
Forero también explicó que, en caso de que se definan los mecanismos de coordinación, la institución ya cuenta con un equipo especializado que puede asumir las labores de campo. “Entendemos que hay análisis que seguramente el despacho relator tiene que hacer de manera precisa pues para este reinicio. No obstante, nosotros como unidad sí nos estamos preparando, ya tenemos constituido por ejemplo nuestro equipo forense el que abordará de manera directa el trabajo en este lugar”, precisó en declaraciones a BLU Radio.
El proceso en La Escombrera ha estado acompañado por diversas decisiones judiciales. El mismo 21 de agosto, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de la JEP prorrogó por un año más las medidas cautelares que protegen la zona, lo que significa que estas estarán vigentes hasta inicios de octubre de 2026. En el marco de esas intervenciones, se han recuperado hasta ahora seis cuerpos, según información oficial.
La relevancia de este terreno en Medellín ha sido reconocida en distintos procesos judiciales y extrajudiciales, pues allí se concentran denuncias de familiares de personas desaparecidas que asocian la zona con hechos de violencia ocurridos durante operativos militares y enfrentamientos con grupos armados.
La UBPD, creada dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, tiene como función principal avanzar en la localización de quienes fueron víctimas de desaparición en el conflicto armado.
A pesar de las disposiciones judiciales y del mandato legal de ambas instituciones, el trabajo conjunto aún no se materializa. La expectativa se centra en que la mesa técnica permita aclarar roles y definir los procedimientos que aseguren el cumplimiento del fallo.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos continúan a la espera de resultados concretos en una zona que desde hace años es considerada emblemática para la búsqueda de personas desaparecidas.
