La Unión Patriótica (UP) habría dado un paso inesperado en el panorama político y jurídico del oficialismo al aceptar cargos por presuntas violaciones a los topes de financiación durante la campaña presidencial de Gustavo Petro para el periodo 2022-2026.
La decisión habría tenido como objetivo cumplir con las exigencias del Consejo Nacional Electoral (CNE) y destrabar la fusión que dio origen al Movimiento Político Pacto Histórico, que integra a Colombia Humana, la UP, el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista, el Partido Progresista y la Minga Indígena Política y Social.
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Según información conocida por medios nacionales, el reconocimiento habría quedado consignado en una carta enviada el 7 de noviembre por Gabriel Becerra Yáñez, representante legal de la UP, al CNE.
En el documento, la colectividad habría manifestado su “allanamiento” a los cargos y su disposición a colaborar con la autoridad electoral, con el fin de “dar pleno cumplimiento a la condición suspensiva impuesta en la Resolución 09673 de 2025” y permitir la culminación de los procedimientos sancionatorios que retrasaban el perfeccionamiento jurídico de la fusión.
Sin embargo, apenas una hora después de que se conociera esta aceptación, la UP anunció una retractación parcial a través de sus redes sociales.
Según el trino oficial del partido, la retractación se limitaría exclusivamente al expediente CNE-E-DG-2023-002164, debido a “errores en la identificación de los magistrados y del objeto del proceso, lo que condujo a una inducción al error en el trámite inicial”.
El comunicado aclaró que la retractación es “válida, oportuna y ajustada a derecho” y que no afecta los demás expedientes mencionados en la carta original, donde la UP mantiene firme su voluntad de aceptar cargos.
La colectividad reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la unidad del Pacto Histórico, y aseguró que la retractación parcial no impediría que se avance en la superación de la condición suspensiva ni en la habilitación legal plena del movimiento ante la autoridad electoral.
La situación mantiene en foco a Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial en 2022 y actualmente presidente de Ecopetrol, quien habría sido señalado en la ponencia de los magistrados investigadores Benjamín Ortiz (liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) por presuntos excesos en la financiación de la campaña, que superarían los 5.300 millones de pesos.
La ponencia también habría ordenado remitir copias a la Fiscalía para investigar posibles delitos penales, elevando la incertidumbre jurídica para los implicados y aumentando la tensión dentro de la coalición de Gobierno.
El reconocimiento inicial de la UP no se limitó al expediente principal de la campaña presidencial.
La carta habría incluido la aceptación de cargos en varios expedientes administrativos vinculados a su papel dentro del Pacto Histórico, relacionados con la presentación tardía o incompleta de informes de ingresos y gastos en las elecciones territoriales de 2023.
La colectividad también habría admitido responsabilidad en el radicado CNE-E-DG-2023-002164, que revisa las cuentas y movimientos contables de la campaña del Pacto Histórico en 2022.
Con esta movida, la UP buscaba que el CNE certificara el cumplimiento de la condición suspensiva para consolidar jurídicamente la fusión del movimiento.
Según la comunicación, se habría solicitado que, una vez verificadas la aceptación de cargos y las decisiones administrativas correspondientes, el CNE “expida la certificación mediante la cual se constate y declare el cumplimiento de los requisitos exigidos”, de modo que la fusión produzca plenos efectos jurídicos.
Aunque la UP mantiene su personería jurídica, la aceptación inicial de los cargos y la posterior retractación parcial abren un nuevo capítulo en el debate sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022 y la estabilidad interna del Pacto Histórico.
Este episodio pone en evidencia la complejidad de los procesos administrativos ante el CNE y la tensión entre la estrategia política del oficialismo y el cumplimiento de las normas electorales.
La votación de la ponencia de los magistrados Ortiz y Prada, que definirá las posibles sanciones administrativas y el alcance legal de la fusión, sigue generando expectativa en la coalición.
Mientras tanto, la retractación parcial de la UP deja en evidencia la delicadeza del equilibrio entre la unidad partidista y el cumplimiento de las exigencias de la autoridad electoral, manteniendo a todos los involucrados bajo la mirada de la opinión pública y de los entes de control.
