La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha advertido de que la crisis habitacional «amenaza la igualdad de oportunidades» y, por ello, exige un «plan urgente» de residencias púbicas, ayudas al alquiler y regulación de precios en ciudades universitarias.
La organización estudiantil ha manifestado su profunda preocupación por la subida del precio de las habitaciones para estudiantes, que se ha incrementado un 14% en el último año.
Este encarecimiento, que sitúa el coste medio del alquiler en torno a los 600 euros en Barcelona y 550 en Madrid, supone, a su juicio, «una amenaza directa a la igualdad de oportunidades y al derecho a la educación superior».
Así, advierte de que, para miles de jóvenes, elegir universidad ya no depende de su vocación académica ni de la oferta educativa, «sino del precio del alquiler en cada ciudad».
Desde CREUP lamentan que este escenario, «que obliga a buena parte del estudiantado a renunciar a sus primeras opciones, vulnera de manera frontal el principio de igualdad en el acceso a la universidad».
A ello se suma que las residencias universitarias «se encuentran prácticamente saturadas, con tasas de ocupación superiores al 97%, mientras que sus precios en muchos casos superan los 1.000 euros mensuales».
«La escasez de plazas públicas, unida a la especulación en el mercado de residencias privadas, deja a los estudiantes sin alternativas asequibles», asegura CREUP, que considera «inadmisible» que la situación de la vivienda se convierta en una de las principales barreras para acceder y permanecer en la universidad pública.
Por ello, reclama de manera urgente la puesta en marcha de un plan nacional para ampliar la red de residencias públicas, la aplicación de medidas regulatorias efectivas en el mercado del alquiler en las ciudades universitarias y el incremento de becas y ayudas específicas que compensen los elevados costes de alojamiento.
«La crisis habitacional estudiantil no puede seguir abordándose con soluciones parciales. Es imprescindible una estrategia coordinada entre el Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las universidades públicas, en la que el estudiantado esté presente y tenga voz. Solo con un compromiso firme y realista se garantizará que la universidad siga siendo una herramienta de movilidad social y no un privilegio reservado a quienes pueden permitírselo», concluye la organización.
