Cuando pensamos en áreas protegidas en la Argentina, tendemos a pensar en los Parques Nacionales. Lugares donde grandes extensiones de bosques, pastizales, glaciares y lagos aún conservan su belleza cautivante y, por sobre todo, su funcionamiento ecológico. Las especies animales tienen refugio, los árboles crecen centenarios capturando carbono, filtrando agua y fijando suelos productivos. Esto es así por las visionarias acciones tomadas hace más de un siglo por la Administración de Parques Nacionales (APN) y su dedicado cuerpo de técnicos y guardaparques. Pero lamentablemente no es esa la realidad de todos los ecosistemas de la Argentina. A nivel nacional, estamos lejos de alcanzar el porcentaje de protección efectiva que nuestros ambientes necesitan y que establece la meta 30×30 del nuevo Marco Mundial para la Biodiversidad que propone conservar al menos el 30% de la tierra y los océanos para el año 2030.
La superficie declarada como protegida en nuestro país es insuficiente: 10,4% del territorio terrestre y 8,5% del marino. Si el filtro se ajusta aún más -considerando solo la superficie que cumple con las categorías más estrictas de conservación según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)-, el panorama se vuelve aún más preocupante: solo el 2,2% del espacio terrestre y el 5,8% del marino estarían bajo protección estricta. Así lo revela una publicación científica liderada por investigadores del Conicet, basada en una base de datos actualizada que incluye información del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP), la Base Mundial de Áreas Protegidas (WDPA) y relevamientos WCS Argentina y otras organizaciones.
Si estamos hablando de naturaleza, ¿por qué son importantes los números? Las cifras oficiales son fundamentales, porque son las que definen la política de los Estados e influencian las acciones de la sociedad civil y demás aliados para la conservación. Pero sabemos que proteger la naturaleza no es solo una cuestión de superficie. Lo que realmente importa es qué estamos protegiendo, cómo lo hacemos y con qué resultados.
Geográficamente, encontramos una fuerte concentración de áreas protegidas en zonas marginales desde lo productivo en regiones periféricas o de interés geopolítico, y esto aplica tanto al mar como a la tierra. Sin embargo, estos criterios que influenciaron la localización de muchas áreas protegidas durante el último siglo no serán suficientes para asegurar su preservación a futuro, ya que nuevas actividades como la minería, explotación y transporte de hidrocarburos en tierra y mar y los proyectos energéticos generan grandes desafíos socio ambientales con el potencial de afectar negativamente la integridad de los ecosistemas y los modos de vida de las comunidades locales.
Muchas áreas protegidas presentan marcos regulatorios poco exigentes, permiten actividades extractivas o directamente carecen de mecanismos de implementación efectivos. La ley que regula el sistema de Parques Nacionales fue aprobada hace 45 años sin participación ciudadana. Y no hay ningún marco regulatorio federal que armonice criterios de conservación entre las áreas federales, provinciales y municipales y, menos aún, en las cada vez más frecuentes reservas privadas. Discutir y aprobar tal ley de presupuestos mínimos sentaría las bases para contar con un sistema efectivo de áreas protegidas en todo el territorio y maritorio argentino.
El desafío del 30×30 no puede limitarse a cumplir con una meta cuantitativa. Debe ser el punto de partida para revisar y fortalecer los pilares de nuestra estrategia de conservación. Esto incluye asegurar conectividad ecológica entre las áreas protegidas, incorporar criterios de representatividad biogeográfica, establecer mecanismos de gobernanza que integren a las comunidades locales y pueblos originarios, y desarrollar herramientas que nos permitan identificar y gestionar áreas climáticamente inteligentes: territorios que, por sus características, pueden cumplir un rol clave en la adaptación y mitigación frente al cambio climático. Estamos en un momento bisagra. La presión sobre los ecosistemas crece, la crisis climática se acelera, y el tiempo apremia.
La buena noticia es que no partimos de cero. Argentina tiene una larga tradición en conservación, con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil comprometidas, técnicos formados, y una creciente conciencia social sobre la importancia de proteger nuestra biodiversidad. La oportunidad de avanzar hacia un sistema robusto, representativo y funcional está al alcance, pero exige decisiones valientes, y financiamiento.
La conservación del territorio debe ser una apuesta colectiva por un modelo de desarrollo que respete los límites ecológicos del planeta y reconozca el valor intrínseco de la naturaleza. En esa dirección, la meta 30×30 puede ser mucho más que un número: puede convertirse en el motor de una transformación profunda, justa y necesaria.
Argentina tiene todo para liderar este cambio. Hagámoslo con diálogo franco, compromiso y ambición.
Director de WCS Argentina, organización de la sociedad civil que desde la década del 60 trabaja para conservar ambientes y especies silvestres del país
