La intención del presidente de la República, Gustavo Petro, de condicionar la aprobación de la reforma laboral en el Senado, prometiendo retirar el ‘decretazo’ con el que convocó a la consulta popular si acceden a sus propuestas, causó el jueves 12 de junio de 2025 una dura respuesta del ex jefe de Estado Álvaro Uribe Vélez, que en su perfil de X dejó un mensaje que fue entendido como una pulla al primer mandatario, que quiere sacar adelante sus iniciativas, según él, pasando por las determinaciones del órgano legislativo.
“He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes”, escribió Petro en su mensaje X, en una publicación que fue calificada por sus opositores como un claro chantaje a los miembros de la cámara alta, que tienen a su cargo la discusión, en cuarto debate, de la referida iniciativa, compuesta por un total de 77 artículos.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
En respuesta, Uribe Vélez, considerado como jefe máximo del Centro Democrático, partido que vive momentos difíciles tras el atentado que sufrió su senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, no dudó en expresarse contra esta iniciativa. Así como previamente lo habían hecho miembros de su colectividad, como las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal, como figuras predominantes de la colectividad, que en sus pronunciamientos apuntaron hacia el gobernante.
“La Constitución no se negocia, se defiende”, fue el escueto, pero contundente mensaje con el que Uribe Vélez respondió a la intención del Ejecutivo de hacer una especie de trueque: pues retiraría la consulta popular que fue convocada pese al concepto desfavorable del Legislativo, a cambio de que se acceda en la plenaria del Senado a acoger el texto que fue avalado por la Cámara de Representantes; y que desconocería no solo los acuerdos establecidos en la Comisión Cuarta del Senado, sino los artículos aprobados en cuarto debate.
Es válido destacar que el primero que empezó a hablar de esta especie de ‘transacción’ fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, que calentó el ambiente para que el Senado accediera a las pretensiones del Gobierno. La proposición fue clara: si acogen la reforma laboral de corte progresista, como ha sido descrita, la mencionada consulta se echa para atrás; aunque ya tenga, incluso, y sin importar, los conceptos de expertos juristas que se oponen al mecanismo, fecha para su realización.
“Supongamos que se firme el decreto; en caso de que el Senado apruebe la reforma laboral, se deroga el decreto”, señaló en una de sus declaraciones ante la prensa, en un concepto que ratificó en sus redes sociales, cuando salió a revalidar lo que había adelantado el primer mandatario. “El presidente, con la firma del decreto convocando a la Consulta Popular, abre una puerta de comunicación y de confianza con el Senado de la República. La clase obrera espera que el Senado esté a la altura para luchar por sus derechos”, dijo.
En su publicación, el ministro de la política insistió en que el deseo de Petro es que el Senado pueda establecer acuerdos para, según él, “restaurar los derechos laborales de la clase trabajadora”, que estarían en riesgo si no se acceden a los deseos del Gobierno nacional. De esta manera, quiso desestimar las modificaciones ya aprobadas por la Comisión Cuarta del Senado al proyecto original y las discusiones que ya avanzaban a buen ritmo en la plenaria, con la aprobación de más de la mitad del articulado ratificado.
