El gobierno uruguayo inició el proceso para rescindir el contrato con el astillero Cardama, al que durante la gestión de Luis Lacalle Pou le había comprado dos patrullas oceánicas. El argumento central de la administración de Yamandú Orsi es que la compañía española presentó como garantía a una empresa “de papel”, que se encontraba en proceso de liquidación en el Reino Unido, carecía de un domicilio real y no tenía empleados.
La decisión del gobierno ha sido cuestionada por la oposición e incluso motivó una reaparición pública del ex presidente Lacalle Pou, que protagonizó un intercambio público con Orsi.
Si bien el gobierno originalmente anunció que se rescindiría con Cardama, luego las autoridades del Poder Ejecutivo aclararon que este proceso implica una instancia de negociación con el astillero español. De todas maneras, aclararon que, así como está el contrato, no hay margen para que siga activo.
Y en noviembre se sumaron nuevos elementos en este caso, que motivan que el Poder Ejecutivo analice presentar una ampliación de la denuncia penal que entregó en Fiscalía por presunto fraude o estafa al Estado.
El gobierno recibió el 8 de noviembre un escrito de 43 páginas, en el que el notario madrileño Ignacio Martínez-Gil concluyó que las actas copias del acta que Cardama entregó al Ministerio de Defensa son “absolutamente falsas” y no fueron expedidas por “ningún notario”, según informó La Diaria este martes.
Este análisis técnico concluye que la “clara falsificación” fue perpetrada por alguien “absolutamente ignorante” en la legislación notarial española, tanto por los errores en su elaboración como por el “vehículo documental” que se eligió.
El informe de este notario –elaborado a pedido de las autoridades uruguayas– concluye que alcanzaba con una “lectura superficial” de los documentos presentados ante el Ministerio de Defensa de Uruguay para advertir cuál fue el “modus operandi” que se desplegó para concretar la maniobra. Y, en otro pasaje del informe, el profesional advierte que en su “larga vida profesional” nunca había tenido que analizar un “acta de manifestaciones con este contenido”.
La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo que, en base a lo que aparece en los documentos, amerita una ampliación de la denuncia. “Vamos a trabajar [en la ampliación] como hemos trabajado hasta ahora, en conjunto con Presidencia de la República”, señaló la jerarca este martes en rueda de prensa.
“Por un lado va lo que se ha encontrado en materia de esa denuncia inicial y por otro lado va la realidad, que es cómo generamos lo que queremos, que es contar con las unidades de la mejor manera posible, con otras reglas de juego”, dijo Lazo en una rueda de prensa.
En la oposición, en tanto, preparan una interpelación a la ministra por el anuncio de rescisión de este contrato. El diputado de ese partido Gabriel Gianoli viajó a Vigo –donde está la sede del astillero Cardama– y comprobó, según sus palabras, que se está construyendo. Este lunes, en una reunión del Directorio del Partido Nacional, el legislador contó el resultado de su viaje.
“Allí hay un astillero reconocido, hay una OPV que se está construyendo y que está en el orden del 55% de construcción en grada, y un 70% de corte y plegado”, detalló. El diputado dijo que el contrato con Cardama está vigente y que el astillero español está trabajando “en tiempo y forma”.
“Eso hay que destacarlo todo el tiempo. El contrato entró en vigencia en febrero de 2025 y establece que la primera OPV estará 18 meses después. Si se cumpliera religiosamente, sería en agosto de 2026 que estaría acá la primera OPV. Quedan diez meses por delante y aspiramos a que las autoridades estén arriba del tema”, dijo este lunes en conferencia de prensa.
